Cuatro años a cada policía por la muerte y detención ilegal del 'caso Cala Cortina'

Interior de la sala de vistas, a la izquierda los policías / Rubén Serrano

Un acuerdo entre las defensas de los agentes, la fiscal y la acusación particular, que hoy se ha ratificado en la Audiencia, evita que haya juicio

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Cuatro años de prisión por los delitos de homicidio por imprudencia y detención ilegal. Esa es la condena que ha aceptado cada uno de los cinco policías nacionales acusados en el llamado 'caso Cala Cortina', que investigaba la muerte de un vecino de Las Seiscientas de Cartagena, Diego Pérez, desaparecido en la madrugada del 11 de marzo de 2014 y cuyo cadáver fue arrojado por el mar a una playa al cabo de quince días.

Las mencionadas penas, a las que se suman otros cuatro años de inhabilitación para trabajar como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, se han cerrado en virtud de un acuerdo alcanzado ayer mismo entre la fiscal encargada de estas diligencias, las defensas de los agentes imputados y la acusación particular, que representa a los familiares de la víctima. El pacto ha sido ratificado esta mañana ante el magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, que era quien iba a presidir la próxima semana un juicio por jurado que en apariencia ya no habrá necesidad de celebrar.

Hasta 24 años por cabeza

Cada uno de los policías se enfrentaba a posibles penas de entre 20 años de prisión, que era lo que les reclamaba la Fiscalía por homicidio y detención ilegal, y 24 años, hasta donde se elevaba la petición de la acusación particular por asesinato y detención ilegal. En concreto, están acusados de haber acudido a la llamada de auxilio de Diego Pérez, quien aseguraba estar siendo víctima de unas amenazas, y en vez de ayudarle lo habrían metido en un coche patrulla y trasladado hasta Cala Cortina, donde le habrían dado muerte fracturándole el cuello. Después habrían arrojado su cadáver al mar y habrían silenciado lo ocurrido, hasta que una investigación de la propia Policía Nacional determinó al cabo de un año su implicación en los hechos.

Fuentes próximas al caso señalaron ayer que las negociaciones entre el Ministerio Público, la acusación particular y los abogados defensores se activaron después de que uno de estos letrados, Raúl Pardo-Geijo, realizara con motivo su escrito de defensa un pormenorizado análisis de los movimientos y comunicaciones de los policías en las horas críticas de esa madrugada, que en apariencia demostraba la imposibilidad de que hubieran tenido tiempo de matar a Diego Pérez y deshacerse de su cadáver.

Con esa base, sumada a la posibilidad de que los policías se beneficiaran de las circunstancias atenuantes de confesión -si reconocían su culpabilidad- y de reparación del daño -ya que han abonado una parte de las indemnizaciones que pudieran establecerse-, se ha ido forjando en la última semana un acuerdo entre todas las partes, que ayer se cerró con la firma de todos los intervinientes. Esta mañana deberán ratificar el acuerdo ante el magistrado, con que solo quedaría dictar la sentencia de conformidad.

Según el acuerdo, los cinco encausados, José Carlos Mateos Luján, José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albaladejo, Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez -un sexto policía, Gregorio Javier García Miras, falleció estando en prisión-, deben confesar haber metido en un vehículo del 091 a Diego Pérez, intimidándolo y vulnerando su libertad, y de haberlo llevado contra su voluntad hasta Cala Cortina.

Tal como se señala en el documento que refleja el pacto alcanzado, en ese lugar solitario y alejado de la ciudad de Cartagena omitieron cualquier norma de cuidado respecto de una persona que estaba bajo su custodia, lo que acabó determinando el fallecimiento de Diego Pérez. El escrito no entra en más consideraciones sobre la forma en que se pudo producir la muerte del vecino de Las Seiscientas, aunque habría que considerar que se produjo de forma accidental, ya que se establece que los policías no tenían intención de acabar con su vida.

Semanas de gran tensión

Con la sentencia de conformidad se cerrará esta mañana -salvo sorpresa- uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Cartagena, que hizo que durante semanas se vivieran situaciones de altísima tensión en el municipio y en las propias dependencias de la Policía Nacional.

Aunque la Fiscalía y la acusación particular no se opondrán a la suspensión de las condenas, lo que evitaría que los cinco agentes tuvieran que volver a prisión, esa es una potestad exclusiva del tribunal. Lo mismo cabe señalar respecto de los cuatro años de inhabilitación que se impondrán a cada uno de estos funcionarios, pues será la decisión del magistrado la que determine a partir de qué momento podrían volver a vestir el uniforme.

La indemnización a la familia se elevará a 450.000 euros, que pagará el Estado

El acuerdo alcanzado ayer entre las acusaciones pública y particular y las defensas también determina la indemnización que recibirán los familiares del fallecido Diego Pérez. Fuentes conocedoras de los términos del pacto señalan que se ha fijado la cantidad de 200.000 euros para la única hija que tenía este vecino del barrio de Las Seiscientas, mientras cada uno de sus cinco hermanos recibirá 50.000 euros. En total, la suma ascenderá a 450.000 euros, que en última instancia deberá abonar el Estado español, como responsable civil subsidiario de unos agentes que se encontraban de servicio cuando Diego Pérez encontró la muerte. El fallecido sufría una esquizofrenia paranoide y un trastorno de la afectividad y había tenido problemas de toxicomanía, todo lo cual determinaba que estuviera afectado por una discapacidad del 45%.

Fotos

Vídeos