Los cinco hermanos de la víctima del 'caso Cala Cortina': «Diego no se merecía eso»

Los policías, abandonando ayer los juzgados por una puerta lateral. / Antonio Gil / AGM

Recuerdan la «rabia» que sintieron al saber que los presuntos autores eran policías, y su especial «dolor» porque su familiar tenía discapacidad mental

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

«Diego no se merecía que le pasara eso». Esta frase, pronunciada por Manuel Pérez Tomás, hermano de Diego Pérez, el vecino de Cartagena cuyo homicidio se investigó en el 'caso Cala Cortina', permite resumir la dureza de los testimonios escuchados ayer, en la última sesión de un juicio que quedó visto para sentencia. La Fiscalía y la acusación particular aprovecharon el debate sobre si el Estado debe indemnizar a los hermanos, en caso de que los agentes no lo hicieran por insolvencia, para formular preguntas sobre la relación con el fallecido y el calvario que padecen desde la desaparición de este; el hallazgo del cadáver en el mar, quince días después; la detención de seis agentes de la Policía Nacional (uno de ellos murió mientras cumplía prisión preventiva), como presuntos autores de su detención ilegal y muerte; y el juicio.

Además de Manuel, testificaron en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, Enrique, Pastora, Remedios y Francisca. Todos ellos describieron la «incertidumbre» por no tener noticias de Diego desde la madrugada del 11 de marzo de 2014; su «impotencia y dolor» al ver su cuerpo en la playa; y su «rabia e impotencia», por la detención, a los seis meses, de unos policías de la Comisaría a la que él mismo llamó, la noche de su violento fallecimiento, al sentirse amenazado por unos vecinos.

Entre sollozos, Francisca se preguntó: «¿Por qué le han hecho eso a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué?' ¿Personas en las que tú pones tu confianza, a las que llamas porque les necesitas, se supone que hacen esto?». Y se contestó: «Esto es un horror. Es una película de miedo».

Los hermanos hicieron hincapié en que Diego sufría una discapacidad intelectual del 45% (tenía esquizofrenia y trastornos de la afectividad) y que tenía la comprensión de un adolescente. Todos, y en especial Manuel, dijeron, se encargaban de procurar que no le faltara de nada. En el caso de Manuel, le administraba una pensión de 360 euros.

Quizás el relato más descarnado fue el de Pastora. Esta se echó a llorar y declaró: «Le llamábamos Dieguín, porque era el pequeño, el especial, porque tenía una discapacidad. Todavía cuando hablo de él lo veo. Era el pequeño y lo queríamos muchísimo. Durante mucho tiempo, me quedé muerta en vida. Se me ha caído hasta el pelo. Yo fui la primera en llegar a la playa y lo vi boca abajo. Eso nunca lo podré olvidar».

Remedios, cuyo testimonio levantó las protestas de algunos abogados al entender que sus clientes solo han aceptado ser autores de los delitos de detención ilegal y homicidio imprudente, afirmó: «Diego no se lo merecía. Al parecer le pegaron». El abogado Raúl Pardo-Geijo insistió en que no ha quedado probado, pese al escrito inicial de la Fiscalía, basado en la autopsia, que los agentes golpearan a Diego en el cuello.

En todo caso, la fiscal y el abogado de la familia señalaron que, según el acuerdo aceptado por los acusados para recibir una pena de 4 años de cárcel (la Fiscalía pedía al principio 20), Diego padeció una detención ilegal y fue trasladado de manera intimidatoria, en plena madrugada, a cinco kilómetros de su casa; y que, con la «acción u omisión» del deber de custodia, se provocó su muerte.

El abogado del Estado aceptó que los responsables (que ya han depositado 60.000 euros) indemnicen con 200.000 euros a la hija de Diego, menor de edad; y, si no tuvieran bienes, que la Administración Pública asuma la responsabilidad civil subsidiaria, pague y luego les reclame, si es necesario mediante el embargo. Sin embargo, rechazó esa obligación respecto a los hermanos, para cada uno de los que se pide 50.000 euros.

El Estado rechaza pagarles

La fiscal, María Lendínez, habló de la necesidad de reparar a nivel material y moral una situación «especialmente penosa», por la discapacidad de la víctima y el silencio de los funcionarios. Pero el letrado estatal insistió en que no concurren las «circunstancias excepcionales» exigidas por la ley y por el Supremo.

Citó que los hermanos no son menores de edad, que no vivían con Diego y que no dependían económica de él. Y señaló que están afectados por un «duelo como el que puede sufrir un tío o un sobrino», pero que no hay informes médicos sobre problemas vinculados a lo ocurrido; y que el cálculo de la indemnización no han sido justificado. Además, subrayó: «El Estado debe ser escrupuloso con el uso del dinero público. No es una institución de beneficencia».

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos