Castejón reduce «al máximo» el número de contratos menores y promete más control

En lugar de ampliar a todos los departamentos el sistema de licitación abierta, implantado entre otras cosas para evitar posibles corruptelas con los contratos menores, la corporación volverá a limitarse a solicitar ofertas a aquellas empresas que considere oportuno. Después, publicará en su página web el resultado de cada adjudicación, algo que en la mayoría de los casos hace ahora sin detallar las empresas participantes ni las proposiciones económicas realizadas por éstas.

Aunque la nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el 9 de marzo, ha sido esta semana cuando la administración local ha puesto su maquinaria administrativa a punto para adaptarse a esta normativa. Además de activar una plataforma informática de control y gestión, ha agrupado en grandes contratos, licitados mediante concurso público, encargos que antes realizaba varias veces al año. Como ejemplos, la corporación local ha pedido ofertas para el suministro y la instalación de juegos de patio en las escuelas infantiles municipales, por un importe de 60.000 euros; y para el mantenimiento de mobiliario urbano en madera tratada, por 50.000 euros.

El Ejecutivo, del PSOE, asegura que trata de ser lo más «garantista» posible y evitar «confusiones». No obstante, admite que, para evitar la lentitud en las adjudicaciones, ha sacrificado algunos cambios introducidos durante su coalición con MC, tras las polémicas por presuntos amaños y tratos de favor a familiares y amigos de políticos, así como a delegados vecinales. Una de las principales novedades introducidas esta semana ha sido la activación de la plataforma digital que permite controlar el volumen de facturación de cada compañía. Este sistema informático emite una alarma cuando una empresa supera el ingreso máximo anual fijado en la nueva ley. Una misma sociedad no puede cobrar más de 15.000 euros más IVA por prestar servicios; la misma cantidad por entregar suministros; y 40.000 euros más IVA por realizar obras.

Fuentes municipales indicaron que «hay quienes entienden que una empresa cuyo objeto social recoge diversos servicios, por ejemplo instalar bancos, poner climatización y reparar aceras, tiene un límite en cada modalidad. Y otros opinan que, con independencia de esas modalidades, las empresas solo pueden acceder a los límites» legales, explicó a 'La Verdad' la concejal de Hacienda, Carmen Martín. Y argumentó que el Ayuntamiento, «consciente de que es muy posible que en ocasiones los objetos sociales sean confusos y puedan llevar a error, ha optado por la opción más garantista».

La decisión fue adoptada tras cuatro reuniones entre responsables políticos, entre ellos Castejón, y técnicos de los departamentos de Contratación, Oficina Presupuestaria, Recaudación, Tesorería, Asesoría Jurídica e Intervención».

En caso de que una empresa supere el máximo de ingresos fijado en la normativa, «la aplicación bloqueará el avance en la tramitación del expediente hasta que se cambie al adjudicatario. Y una vez que el procedimiento electrónico esté concluido, se publicará en el Perfil del Contratante de la web y se podrá contratar e iniciar la obra, el servicio o el suministro», añadió la edil.

Otro de los cambios más relevantes en la gestión de los contratos menores es que ya no hay obligación de invitar a un mínimo de tres empresas, pero sí que es preceptiva la emisión de un «informe de necesidad» de cada licitación. Este documento, que debe ser firmado por el concejal correspondiente y por un funcionario debidamente facultado para ello, debe exponer las razones del procedimiento. En el caso de las obras, será necesario incorporar una «memoria descriptiva o el proyecto»; y en el de los servicios, un informe de insuficiencia de medios y otro de no fraccionamiento.

Los contratos simplificados y los supersimplificados permitirán rebajar el periodo medio de adjudicación de los cien días actuales a un mes. No obstante, el equipo de gobierno estudia agilizar aún más este trámite, para evitar que los denominados decretos de adjudicación pasen por la mesa de la secretaria de la Junta de Gobierno Local. La idea es que el expediente no se estanque, como ahora, entre diez y quince días, sino que baste con la firma electrónica del técnico y del concejal de cada área. Se trata de una vía que, según las fuentes consultadas, considera ajustada a derecho el Colegio de Interventores.

También ha sido descartado el que haya un control previo del interventor. Este actuará, como hasta la revisión de la Ley, mediante una fiscalización a posteriori. Es decir, antes del pago de las facturas comprobará que todo se ajusta a la normativa.

«La Ley de Contratos pretende evitar los posibles fraccionamientos utilizando la figura del contrato menor para, en realidad, hacer en varias fases un contrato mayor. La alcaldesa dio instrucciones desde el primer momento para que la implantación del sistema de contratos menores en cumpliera con dos objetivos: transparencia y cumplimiento estricto de la legalidad; y agilidad en la tramitación de la contratación, con apoyo en medios telemáticos», añadió la concejal.

A principios de este año, tras la ruptura del pacto de gobierno, el Ejecutivo de Ana Belén Castejón elevó hasta los 14.520 euros la cantidad máxima de los contratos menores adjudicables por los concejales. Esto mereció las críticas de los cartageneristas, que redujeron la cifra a los 6.000 euros más IVA cuando era alcalde su actual portavoz, José López. En el Consistorio alegaron que era excesivo tardar una media de dos meses en realizar los encargos de obras, servicios y suministros, y ahora han aprovechado la reforma estatal de la ley para prescindir del mecanismo de solicitud de ofertas ideado para acabar con las sospechas de clientelismo político y corrupción de los funcionarios que levantaba el método aplicado históricamente: pedir ofertas a tres proveedores.

Este mínimo legal desaparece en la nueva ley, que opta por exigir que cada contrato sea debidamente justificado y por establecer los ingresos máximos anuales que puede obtener cada adjudicatario, en función del tipo de tarea que realice, destacaron en el Ayuntamiento.

A pesar de las directrices de la alcaldesa y de la recomendación del concejal del área de Transparencia, Juan Pedro Torralba, el Ayuntamiento no sustituyó por completo la práctica de invitar a tres empresas a que presenten ofertas por un sistema de licitación abierto a todas las compañías inscritas en un registro municipal. Hasta la entrada en vigor de la nueva ley, mantuvo este proceder, a pesar de la polémica por la adjudicación de decenas de contratos por invitación, en concejalías como Cultura, Infraestructuras y Deportes (estas dos últimas dirigidas por MC hasta su salida del gobierno local en enero).

Tampoco ha pesado la investigación que realiza la Fiscalía para aclarar si hubo troceo de contratos y favores a cuatro mercantiles. Al contrario, se disparó el número de procedimientos sin publicidad, según la información recogida en la web municipal, www.cartagena.es

La Fiscalía tiene puesto el foco en decenas de adjudicaciones a cuatro empresas por parte de las concejalías de Infraestructuras, Contratación y Deportes, cuando estaban dirigidas, respectivamente, por los ediles de MC José López, Isabel García y Ricardo Segado.