Castejón presiona a Defensa con el IBI para que ceda suelo al campus judicial

Un coche de la Policía pasa ante el Palacio de Justicia. A la derecha, el edificio de la Armada./Antonio Gil / AGM
Un coche de la Policía pasa ante el Palacio de Justicia. A la derecha, el edificio de la Armada. / Antonio Gil / AGM

El Ayuntamiento, al que el Ministerio debe ya 7 millones de euros por ese impuesto, estudia las opciones para facilitar la construcción del complejo

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La deuda que el Ayuntamiento reclama al Ministerio de Defensa por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de varios edificios, y que asciende ya a siete millones de euros, puede ser la llave para desbloquear la construcción de la Ciudad de la Justicia. El Gobierno local estudia opciones urbanísticas, económicas y legales para facilitar la edificación del campus judicial, entre ella una operación a tres bandas con el Ministerio de Justicia. Defensa cubriría todo o parte del 'agujero' entregando al Consistorio la parcela de la Factoría de Subsistencias de la Armada, en Reina Victoria; y el municipio cedería a su vez la finca -que según fuentes conocedoras de las conversaciones tendría un valor de unos 6 millones- a Justicia.

Ésta es una de las posibilidades que, junto a una permuta de terrenos y la concesión de edificabilidad en otra zona, estudian los técnicos municipales por encargo de la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Ésta rechazó ayer las críticas del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé, sobre la falta de «alternativas» a la cesión de terrenos junto al centro comercial Mandarache -bloqueada por problemas urbanísticos- y aseguró que si bien la «responsabilidad» en este proyecto es de Gobierno de España, ella ha contactado con los ministerios para allanar el plan.

Las exenciones en el pago de impuestos reconocidas por la ley para los edificios adscritos a la defensa nacional liberan al Ministerio de pagar el IBI, conocido como la 'contribución', por el Gobierno Militar y el edificio de Servicios Generales de la Armada; el campo de tiro del Ejército de Tierra; el Museo Naval; y el antiguo Hospital Naval. Sin embargo, la hacienda local sí que grava otras propiedades. Mientras Castejón espera la «respuesta» del Ejecutivo, ayer concertó una reunión con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro.

Edificio en Reina Victoria

Bernabé no ha querido responder públicamente a la exigencia de Castejón, del PSOE, de que sea el Gobierno central, del PP, el que busque espacio para el campus judicial, por ejemplo bienes que Defensa, podría ceder a Justicia. Este último departamento no ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 ninguna partida para redactar el proyecto.

En cuanto al Gobierno regional, a preguntas de 'La Verdad', un portavoz indicó que la Comunidad Autónoma «no es competente en materia de Justicia, si bien está mediando entre las administraciones central y local para que este proyecto tan importante pueda desarrollarse». Además, recordó que en Murcia y Lorca -donde en breve colocarán la primera piedra del complejo- «los terrenos para la mejora de las dependencias judiciales fueron «aportados por los ayuntamientos».

El Colegio reclamó ayer a los políticos la «unidad» y búsqueda del «consenso» que sí ha habido en otros partidos judiciales. A través del decano, la Junta de Gobierno del Colegio manifestó su «profunda preocupación» ante las «aparentes desavenencias entre representantes de los partidos políticos en las distintas administraciones públicas implicadas». «Cartagena no puede ser una excepción ante una necesidad imperiosa», subrayó esta corporación de derecho público.

Los letrados advirtieron de que los desencuentros «son perjudiciales para los intereses generales de Cartagena y su comarca». Y añadieron que «es preciso subrayar una vez más que esta infraestructura es urgente e imprescindible para los ciudadanos, ya que, en la situación actual, no hay espacio físico para la llegada de nuevos órganos Judiciales, como juzgados de Familia, Menores y Mercantil; ni para otro tipo de servicios, como atención a las víctimas, mediación y gabinetes técnicos de apoyo».

Los abogados piden «unidad»

Los abogados denunciaron que, «de seguir así, la dispersión actual cada vez será mayor»; y que la existencia de varias sedes «causa verdaderos quebraderos de cabeza a los justiciables e impide el crecimiento del servicio al ciudadano, al no tener Cartagena un edificio mínimamente adecuado para sus necesidades presentes y futuras».

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