Castejón deja en manos del Pleno la rebaja del agua, tras la intervención de un juez

Rueda de prensa de Ana Belén Castejón./Antonio Gil / AGM
Rueda de prensa de Ana Belén Castejón. / Antonio Gil / AGM

Lleva de nuevo a la Junta de Gobierno las tarifas que aprobó en diciembre, con el voto en contra de MC, y busca el apoyo de Cs y la abstención del PP

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Vuelta a empezar, para evitar problemas con la Justicia, y en medio de un clima de preocupación entre concejales y funcionarios. La apertura de una investigación judicial sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales de los concejales de MC por parte del Ayuntamiento, en los trámites realizados en 2017 para abaratar las tarifas del agua de este año, llevaron ayer a la alcaldesa no solo a dar marcha atrás en el procedimiento administrativo sino también a dejar en manos del Pleno el abaratamiento del recibo que pagan ciudadanos y empresas.

En una pirueta con la que, según admitieron en su entorno, «asume el riesgo de no poder cumplir» con uno de los grandes compromisos electorales, Castejón tomó el jueves dos medidas. La primera fue someter de nuevo a criterio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de reducción de precios del servicio de suministro de agua potable, depuración y alcantarillado, para incluir un documento detallado sobre las nuevas tarifas por parte de la concesionaria, Hidrogea, y un nuevo visto bueno del técnico director del contrato.

En segundo lugar, sin el deber legal de hacerlo pero buscando sobre todo un aval político a su gestión tras lo que considera «una insoportable presión judicial» por parte del partido con el que el PSOE estuvo coaligado hasta enero, la regidora socialista apostó por someter la propuesta a la Comisión de Hacienda y al Pleno del Ayuntamiento.

Presiona a la oposición: «Si la reducción no sale, será responsabilidad de los grupos que lo impidan»

«La alcaldesa -explicaron fuentes del Ejecutivo- quiere ser más que escrupulosa con los trámites y tener todas las garantías jurídicas» necesarias para que la bajada del agua -que en todo caso depende la Comunidad Autónoma- sea una realidad este año. En el gabinete municipal afirmaron que el acuerdo del 29 de diciembre era suficiente para enviar la propuesta a la Junta Regional de Precios, pero añadieron que Castejón, tras consultar con los técnicos que le asesoran en este tema, ha querido dar un «plus» a través de los máximos órganos decisorios. Eso incluye el voto de los seis concejales del Ejecutivo y de los veintisiete que forman la Corporación, así como un informe de la Secretaría del Pleno. Aunque la «subsanción y convalidación» iba a ser abordada en la Junta de ayer, el asunto fue pospuesto a una reunión convocada para pasado mañana.

Nuevos informes

Yendo al Pleno, Castejón asume el peligro de ver frustrados sus planes, algo que trata ya de evitar buscando el apoyo de Ciudadanos y que el PP al menos se abstenga -cuenta con el «no» de MC y Podemos-. En todo caso, intenta cubrirse las espaldas: «Si la reducción de tarifas es rechazada -dijo a través de un portavoz-, será responsabilidad de los grupos que se opongan y lo impidan».

En el Consistorio reconocieron, en cualquier caso, que en el giro de la primera autoridad municipal ha influido el hecho de que, el pasado lunes, el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena dictó la apertura de una causa por la Junta de diciembre. El magistrado Andrés Montalbán estableció en un auto que es necesario aclarar si los ediles cartageneristas María José Soler, Francisco Calderón y Ricardo Segado vieron conculcado su derecho a la discusión, deliberación, votación y aprobación de las tarifas.

La Fiscalía entiende que hay «indicios» de una vulneración de los derechos recogidos en el artículo 23.1 de la Constitución Española, en cuanto a la forma en que fue tramitada la propuesta del entonces concejal de Hacienda, el socialista Francisco Aznar. Esta fue rechazada por el grupo de MC y aprobada, en solitario, por el PSOE, con la alcaldesa presidiendo la Junta.

Esa decisión, por la que el Ayuntamiento fijó una disminución de 8,30 euros cada dos meses en el recibo que paga una familia de cuatro miembros, mereció el voto en contra de los cartageneristas, por entender que no estaba debidamente justificada con informes técnicos. Entre otras cosas, estos ediles advirtieron de que los estudios realizados por la Concejalía de Desarrollo Sostenible, tanto en la etapa de Soler como en la de José López, exigían una rebaja superior al doble de la cantidad aprobada.

Posteriormente, al pasar días y no tener acceso al expediente completo, MC -que también ha recurrido la bajada en sí por vía administrativa- presentó el recurso contencioso . Este fue admitido a trámite el 12 de febrero, y se transformará en una demanda dirigida en especial contra Castejón por el grupo del exalcalde, exedil de Servicios y actual portavoz.

Fuentes del gobierno comentaron que la alcaldesa quiere, entre otras cosas, que el Pleno mande un mensaje de «protección» de los funcionarios. Entre estos, dijeron, se ha instalado «un clima de gran preocupación por la estrategia de judicialización y las acusaciones o insinuaciones de corrupción por parte de MC».

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