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El PSOE anunció en octubre la disolución de la Sociedad Municipal Casco Antiguo. Un informe técnico solicitado después por el presidente del Consejo de Administración y portavoz de MC, José López, y presentado ayer ante este órgano deja claro que bajar la persiana es la solución más favorable. Eso sí, no le saldrá gratis al Ayuntamiento, propietario al 100% de esta empresa pública. «El presupuesto de 2018 tendrá que incluir un gasto de 1,82 millones», tanto si el Gobierno local, de socialistas y cartageneristas, decide mantenerla o, como ya tiene decidido la alcaldesa, Ana Belén Castejón (del PSOE), disolverla.
Esos casi dos millones equivalen al 50% del vencimiento de la deuda, más el coste de personal del próximo ejercicio. Y el informe considera obligado cubrir al menos ese porcentaje para afrontar la disolución, de manera ordenada, a finales de junio.
La crisis entre MC y PSOE tiene en esta sociedad urbanística creada por el PP otro punto de fricción. López ha venido defendiendo mantenerla viva, pero los socialistas consideran que es mejor integrarla en el Consistorio. El informe, elaborado desde el área de Hacienda, señala que López advierte de que «los problemas de liquidez en la empresa empezarían a mediados del próximo ejercicio, si no logra vender parcelas». En consecuencia, los técnicos indican que, «a día de hoy, no podemos afirmar la existencia de una probabilidad alta», ni «situarla en niveles medios, de que puedan ser una fuentes de generación de ingresos».
Francisco Espejo (PP) El PP acepta fórmulas alternativas de ciere, como fusionar Casco Antiguo con la ADLE.
Manuel Padín (Ciudadanos) Apoya la continuidad de la sociedad. Piensa que puede eliminar la deuda y ser rentable.
Pilar Marcos (Podemos) Exige el traspaso del activo y el pasivo al Ayuntamiento lo antes posible, para disolverla.
Tras una inyección de 750.000 euros por parte del Consistorio, la empresa estuvo en riesgo de disolución hace dos meses, pero Ciudadanos apoyó a MC y PSOE. Luego, este último partido dio un giro. Para buscar una salida, el gerente, Antonio García, anunció hace unas semanas un plan de viabilidad basado en promover proyectos y actuaciones en los barrios y diputaciones. Pero desde la alcaldía se negaron a cambiar el objeto social e invadir competencias de Descentralización. Esa negativa, y el informe de Hacienda, han llevado a García a dimitir.
Según MC, el economista y profesor de la UPCT dijo al Consejo que renuncia por «la descoordinación con una parte del equipo de gobierno», y que «esa parte» le oculta cuáles son sus planes. Aludió así al PSOE. MC felicitó a García por haber reducido la deuda 7,2 millones en dos años.
Los representantes de los partidos políticos debe elegir entre liquidar o no la sociedad. Ciudadanos ve posible hacerla rentable. MC solo le ve futuro, si abarca más allá del centro de la ciudad. Podemos exige cerrarla y el PP, cuyo voto es decisivo, acepta fórmulas como fusionarla con la Agencia de Desarollo Local y Empleo (ADLE). Los populares acaparan críticas por el endeudamiento que generó la compra de suelo en el Molinete y el Monte Sacro. La deuda es 10 millones, de los que tres deben ser abonados a los bancos en 2018.
El informe advierte de que la disolución debe ser ágil, y establece cautelas. Hay que evitar un traspaso de patrimonio al Ayuntamiento que obligara a pagar un 7% en impuestos. Y se debe acreditar una simplificación de la administración, para no reducir el techo de gasto municipal.
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