Carpetazo judicial a la presunta apropiación de un sillar romano del monasterio de San Ginés

El Ayuntamiento denunció al director de un museo y a dos activistas, meses después de saber por uno de ellos que una lápida histórica robada en 2005 había aparecido

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, y en concreto la coordinadora y directora general de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Cartagena, Carmen Berrocal, acaban de recibir un correctivo judicial por la manera en que reaccionaron ante las noticias de la aparición, doce años después de ser robado, de un sillar de época romana que decoraba una fachada del monasterio de San Ginés de la Jara. El Juzgado de Instrucción 5 de la ciudad ha archivado la causa abierta contra un funcionario de San Pedro del Pinatar y dos defensores del patrimonio denunciados por el Consistorio, y ha constatado la pasividad de la administración antes de comunicar a la Guardia Civil, el pasado 24 de agosto, la presunta apropiación indebida de esa pieza histórica.

«No existen indicios racionales ni suficientes de que, ninguno de los tres investigados, hubiera llevado a cabo actuación alguna dirigía a apropiarse indebidamente del sillar. El señor Lorente puso este hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento de Cartagena», concluye el juez Ignacio Munítiz, en un auto dictado el día 1, y al que accedido 'La Verdad'. Alude así al presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio, Javier Lorente; al también activista Juan Carlos Blanco; y al director del Museo Arqueológico Etnográfico de San Pedro, Marcos David Gracia. El magistrado recuerda que, el 24 de agosto, el arqueólogo municipal Martín Camino denunció ante la Guardia Civil que había tenido conocimiento, a través de su jefa, de que una lápida romana sustraída en el año 2005 del muro sur de la fachada del monasterio, situado cerca del Mar Menor, «se encontraba en el museo de San Pedro». Añadió «que, al parecer, dicha pieza [del siglo I Antes de Cristo y colocada en el siglo XIX en el edificio] fue encontrada por Juan Carlos Blanco, que contactó con Gracia, y este a su vez con Lorente».

Sin embargo, tras analizar este testimonio, un informe de la Guardia Civil, y las declaraciones de investigados y testigos (Camino, Berrocal y una asesora de la alcaldesa Ana Belén Castejón), el juez descarta cualquier ilícito penal respecto a la lápida de la familia «Numisius», de la ciudada llamada entonces Carthago Nova.

En un camioneta

«La señora Berrocal -dice el juez- ya tenía conocimiento del hallazgo de la lápida, porque así se lo dijo el señor Lorente (conforme a una conversación de Whatsapp y a las propias manifestaciones de aquélla), aunque se desconoce realmente desde cuándo. También resulta que, cuando el 24 de agosto el denunciante señor Martín Camino tiene conocimiento de la existencia de la lápida, que se dice en el Museo Arqueológico de San Pedro, la misma está allí, sino que fue encontrada en la finca de Juan Carlos Blanco».

En consecuencia, el juez (que indica también que el «el delito por la sustracción de la lápida está prescrito» y que «no existían indicios de que los aquí investigados fueran autores de la misma»), Munítiz archiva las diligencias que abrió por un delito o delito leve contra el patrimonio histórico. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento no recurrirá el sobreseimiento, que tiene carácter provisional.

Blanco defendió ante el juez que, en enero, tras su «hallazgo casual» de la lápida, semienterrada a 300 metros del antiguo convento, informó al director del museo, donde además trabajó, y del que es amigo. Ya en agosto, añadió Blanco, ante el «riesgo» de que robo o destrozo de la pieza, se llevó esta a su casa de campo en una camioneta y avisó a la Comunidad Autónoma, que la recogió. Gracia afirmó que el sillar nunca estuvo en el museo y que él confió en Lorente para que contactara con el Consistorio, como así hizo. Berrocal, aseguró que, pese a sus preguntas, Lorente nunca le concretó el paradero de la pieza. Por eso, añadió, cuando este a llamó a la alcaldía para comunicar la ubicación, ella impulsó la denuncia.

La Guardia Civil se mostró convencida de que, para «obtener protagonismo y prestigio personal», los imputados querían simular el «hallazgo milagroso» de la pieza coincidiendo coincidiendo con el «25 de agosto, día en que se reúne anualmente la asociación para sus reivindicaciones, y echarse la foto con alguna autoridad municipal». Según la Benemérita, la denuncia municipal «trastocó los planes iniciales». El juez, sin embargo, no ve nada de ello probado y cierra la causa.

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