Caen las multas por fumar en bares, pero crecen por vender alimentos en mal estado

El número de sanciones interpuestas por los inspectores en 2017, 57, casi duplicó a las del año anterior, 30. La mayoría de ellas tuvieron que ver con las condiciones higiénico sanitarias de locales y equipos de refrigeración, las condiciones del personal manipulador y las buenas prácticas de almacenamiento y manipulación.

La mayoría de ellas fueron a parar a establecimientos de hostelería, aunque también a pequeñas tiendas que venden comestibles e incluso a una gran superficie, en este caso por vender productos en mal estado, según las mismas fuentes.

Las inspecciones también crecieron un 16,5%. De las casi 3.000 realizadas el pasado año, en 2016 los funcionarios hicieron 2.500. El aumento, según indicó el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, no se debió a ninguna circunstancia en particular, si no, «simplemente» a un incremento de los controles y a que hay más irregularidades.

Desde este departamento, en 2016, registraron 117 apercibimientos por carta (avisos) y 12 propuestas de resoluciones de decomiso. En 2017 fueron 130 de los primeros y 17 de los segundos.

Las inspecciones responden tanto a las denuncias presentadas por particulares como al desarrollo del plan de inspección y control regional, que supone un numero mensual de visitas de los técnicos en cada municipio, a distintos establecimientos. En ellas se comprueba que el cumplimiento con la legislación vigente, donde se hace especial hincapié en la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados y en cualquier ámbito laboral.

Los inspectores de la Consejería de Salud, cuando llegan a un local y ven alguna irregularidad, rellenan la oportuna acta, en la que informan de las posibles deficiencias. En tal caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, origina sanciones leves, graves y muy graves, quedando siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.

Las infracciones leves son penalizadas con una cuantía que oscila entre los 30 y los 600 euros. Las graves, entre 601 y 10.000 euros; y las muy graves hasta los 600.000 euros. Pero no todas las sanciones terminan siendo firmes, ya que los inspectores de Salud Pública dan la oportunidad a los hosteleros de solucionar el error o la negligencia cometida.

«Hubo casos en los que cuando los técnicos fueron a verificar la sanción comprobaron que los responsables de los locales habían subsanado las deficiencias que presentaban. En ese caso se retira. Incluso algunos las solucionaron en presencia de los inspectores», aseguró José Carlos Vicente.

En el caso de las denuncias por incumplir la Ley Antitabaco, la cuantía de los expedientes oscilan entre 600 y 5.000 euros, también dependiendo del volumen económico de la empresa y la acumulación de denuncias sobre ella. En la mayoría de los casos, según indicaron las mismas fuentes, fueron avisos de los propios clientes a la Guardia Civil o a la Policía Local.