El bloqueo urbanístico impide reactivar el centro comercial de Cabo de Palos

Mientras el Ayuntamiento no haga efectiva una modificación puntual en el plan parcial urbano de esa zona, y autorice la reclasificación, el relanzamiento no podrá empezar y el inmueble seguirá en desuso. La espera está provocando el «cansancio» y la «desesperación» de la comunidad de propietarios (que a su vez son los promotores del relanzamiento), que temen que al final los inversores desistan y se marchen. «Hay personas que ya me han comunicado que están dispuestas a movilizarse, porque no aguantan más», explicó el presidente de ese colectivo, José García.

Las Dunas fue inaugurado en la década de los noventa con el objetivo de convertirse en un atractivo turístico para los veraneantes. En 1991 se concedió la licencia de obra para construir un edificio de uso terciario (para comercios), con 756 locales distribuidos en una superficie de 12.000 metros cuadrados. Los pequeños negocios empezaron a funcionar en una fase previa de apertura, y la parcela trasera fue cedida al Ayuntamiento para montar el mercado de los domingos, al igual que otro recinto, utilizado como sede de la Asociación de Mujeres Virgen del Mar.

El problema con el uso del suelo vino años después. «En el año 2005, sin consulta previa, se decidió catalogar dos tercios de la superficie como zona hotelera, lo que obligaría a derribar los locales». Tras varios años de esperas, informes técnicos, reuniones y reveses administrativos, los propietarios de Las Dunas vieron la oportunidad de dar un giro a la situación en 2011, cuando el municipio debía ajustarse al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor al año siguiente y que permitió hacer la permuta a uso comercial.

Desde ese momento, los propietarios vieron el horizonte despejado y los inversores empezaron a mostrar interés en instalarse allí. Ante la previsión de que la situación se iba a arreglar con la nueva norma, los dueños se adelantaron, llegaron a un acuerdo con la Comunidad Autónoma, en 2014, e invirtieron 300.000 euros en construir una rotonda en la entrada desde La Manga, para facilitar el tráfico de clientes y mercancías.

Lo que no se imaginaban los propietarios es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) iba a suspender, en 2015, el Plan General presentado por el Ayuntamiento, por múltiples deficiencias. El TSJ ratificó su decisión el año pasado y lo anuló, al igual que un nuevo documento presentado a principios de 2017. Esto ha llevado a la situación actual: rige la normativa de 1987, el suelo es hotelero y el proyecto, para el que tienen previsto invertir 30 millones de euros, crear al menos 400 empleos y ampliar el tamaño de los locales, está paralizado.

Los dueños han propuesto al Ayuntamiento una «modificación puntual», y lograr así que la calificación del suelo sea comercial. Mientras esperan una respuesta, temen que los inversores decidan apostar por otro proyecto, y no puedan recuperar la inversión (o una parte de ella) que hicieron en su momento.

La semana pasada inauguraron la nueva rotonda, cuyo mantenimiento costeará el Ayuntamiento, y siguieron recibiendo nuevas propuestas de apertura. «Ahora mismo la rotonda es ideal, pero no vale. Todo esto ha sido un desatino tras otro, un desastre constante, llevamos 18 años detrás del proyecto y ahora tenemos locales en un suelo calificado como hotelero. Hay compromiso de los inversores, los vecinos están ilusionados y el Ayuntamiento dijo que le daría celeridad al asunto, pero no sabemos cuánto tiempo están dispuestos a esperar las empresas interesadas. Hay gente que se ha puesto nerviosa, porque quieren volver a abrir sus comercios o ponerlos a la venta o en alquiler, para tratar de recuperar una parte de la inversión que hicieron», dijo García.