El Bachillerato concertado llegará el curso próximo a seis institutos

Educación subvencionará con 1.116.000 euros doce clases en el San Vicente de Paúl, Carmelitas, Franciscanos, Maristas, Hispania y Narval

Antonio López
ANTONIO LÓPEZCartagena

La Consejería de Educación subvencionará a partir del próximo curso el Bachillerato a media docena de centros privados que ya imparten este nivel educativo, aunque actualmente lo hacen sin financiación pública. Serán el colegio Maristas La Sagrada Familia, La Inmaculada (Franciscanos), San Vicente de Paúl, Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas), Narval e Hispania. La Comunidad Autónoma invertirá 1.116.000 euros en los seis centros, de la veintena de la Región de Murcia a los que les fue aprobada la solicitud. En concreto son doce clases, a 93.000 euros cada una.

«La finalidad de los conciertos educativos es garantizar la efectividad del derecho a la educación gratuita, en aquellos niveles y ámbitos establecidos por la legislación, favoreciendo la libertad de elección entre centros públicos y concertados», explicó la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá.

Institutos
La Sagrada Familia (Maristas), La Inmaculada (Franciscanos), San Vicente de Paúl, Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas), Narval e Hispania.
Cuantía
1.116.000 euros, a razón de 93.000 euros cada una de las doce clases.

Los seis centros que implantarán estos estudios el próximo curso ya los ofertan en su programa de enseñanzas aunque de forma privada. Los padres tienen que pagar una cuota mensual que oscila entre 200 y 400 euros. Así «beneficiamos a muchas familias, que a partir de ahora no tendrán que abonar por la enseñanza de sus hijos. Además, esta medida favorece la libertad de elección», añadió Martínez-Cachá.

Adela Martínez-Cachá

Satisfacción en los centros

En el San Vicente de Paúl habrá dos clases, con 35 plazas cada una. La directora de Secundaria, Sor Isabel, mostró su satisfacción, porque «son muchos los alumnos que empiezan con nosotros de pequeños y cuando llegan al Bachillerato se ven obligados, por cuestiones económicas, a buscar otro centro. Ahora, con el nuevo proyecto de la Consejería, esto no pasará. Además, los estudiantes tendrá mayor libertad para elegir el centro en el que quieren cursar esta formación preuniversitaria».

Según sus cálculos, el 90% de los alumnos de cuarto de la ESO de su instituto ya han solicitado plaza. Ha recibido cien en total, por ello tendrá que hacer una selección, porque tan solo tiene concertadas 70 plazas. En Maristas ocurre algo similar. La diferencia es que en este centro habrá tres clases concertadas. El director, José Antonio Guillamón, sabe que cubrirá la totalidad de las matrículas, pese a que ahora aún tiene plazas libres.

En concreto, han accedido a conciertos de Bachillerato aquellos centros que durante este curso han dispuesto de un mínimo de seis unidades de este nivel educativo en funcionamiento, o que tienen un mínimo de tres unidades concertadas de cuarto de ESO y un mínimo de dos de Bachillerato.

Mientras, para concertar ciclos de Formación Profesional (FP) se valoró la antigüedad, la evaluación del proyecto educativo y la existencia de una demanda social derivada del mapa regional de FP.

Tanto para Bachillerato como para FP fueron requisito indispensable que las nuevas unidades que iban a tener acceso a las ayudas económicas «satisficieran necesidades de escolarización atendiendo a la demanda social existente y que los centros tuvieran ya conciertos educativos en vigor», según reza la orden aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno.

Padres y vecinos, en contra

El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapa) de Cartagena, Roberto Carlos Navarro, explicó que su máxima es defender la educación pública, «pero no estamos en contra de la privada. Eso sí, lo que nos negamos es a que sea destinado dinero público a la enseñanza concertada». Y añadió: «Antes de subvencionar el Bachillerato habría que resolver todas las deficiencias que tienen los centros públicos del municipio».

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena también mostró su rechazo frontal a esta decisión. Sus directivos creen que es una apuesta de la Comunidad Autónoma por la educación privada. Insisten en que el dinero que invertirán en esta iniciativa podrían gastarlo en la educación pública.

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