El Ayuntamiento obvia un informe sobre la contaminación del antiguo vertedero

A pesar de este aviso de los especialistas universitarios en terrenos degradados, en concreto del Grupo de Edafología Ambiental, Química y Tecnología Agrícola, la Concejalía de Desarrollo Sostenible (Urbanismo, Infraestructuras y Servicios) no reaccionó. Ni urgió a la toma de medidas por parte de la empresa concesionaria del tratamiento de las basuras, Lhicarsa (que el propio Consistorio forma con Fomento de Construcciones y Contratas, FCC) ni comunicó la incidencia a la Consejería de Medio Ambiente. Tan solo incluyó en un informe propio, fechado en enero de este año, una mención a la necesidad de estudiar la presencia de suelos contaminados en el vertedero sellado y la posible contaminación del acuífero que hay bajo la planta.

El diagnóstico de la UPCT, que incluye un mapa, forma parte del primer 'Informe de gestión de la Cátedra Infraestructuras Municipales Ayuntamiento de Cartagena-UPCT', cuyas conclusiones provisionales fueron presentadas en la Politécnica hace ya catorce meses. Desarrollo Sostenible tuvo al frente hasta septiembre al concejal de MC y exacalde José López, relevado después por su compañera de partido María José Soler. Desde enero dirige este departamento el edil del PSOE Juan Pedro Torralba.

Esperando a la Consejería

Fuentes de MC admitieron la pasividad municipal en este asunto, y la achacaron a que el Ayuntamiento «esperaba que la Comunidad tomara medidas», dentro del expediente abierto a Lhicarsa por una ampliación irregular del vertedero, a raíz de una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

ANSE denunció que habían sido arrasadas 4,5 hectáreas y la Consejería de Medio Ambiente tiene pendiente resolver el asunto. Según informó un portavoz de la Comunidad, ésta «inició un expediente informativo para delimitar la responsabilidad de Lhicarsa en relación a los límites reales de ocupación con el espacio natural». Ese procedimiento «está en trámite y se verá la necesidad de establecer, en su caso, medidas compensatorias».

El informe del grupo dirigido por el investigador de la Escuela de Ingenieros Agrónomos José Álvarez Rogel, al que ha accedido 'La Verdad', recoge que «se pudieron utilizar materiales procedentes de escombreras o desechos de alguna industria de fabricación de fertilizantes como relleno de algunas zonas del vertedero. En concreto, en el apartado de caracterización de los componentes solubles del suelo, los especialistas de la UPCT apuntan que «el ion más abundante con diferencia en las muestras más salinas fue el NO3-, cuya presencia no se puede atribuir a los suelos ni las rocas naturales de la zona». «Un análisis de las muestras de suelo por fluorescencia de rayos-X mostró que contenían un 3% de nitrato cálcico», añadieron los científicos.

Asimismo, los especialistas a los que recurrió el Ayuntamiento para este trabajo de «consultoría», como lo definió el entonces alcalde, dejaron por escrito que «las concentraciones, tanto en los lixiviados como en el agua de poro, excedieron enormemente el umbral establecido por la Directiva Europea 91/676/CEE, comúnmente conocida como Directiva de Nitratos (DOUE, 1991)». Esta regulación comunitaria, recordaron, «es una herramienta normativa para salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas y regular el empleo de fertilizantes en los países miembros de la UE (Unión Europea)»; y precisaron que en ella se «establece un valor máximo de 50 mg/L de NO3- en las aguas subterráneas, como límite para determinar su calificación como contaminada por dicho compuesto».

Directiva de la Unión Europea

La Universidad también llevó a cabo un ensayo de adición de residuos sólidos urbanos (RSU) a los terrenos del vertedero ya clausurados, y concluyeron que ese material «no cumple las condiciones para ser utilizado como enmienda orgánica en suelos agrícolas». «Habría que mejorar la separación y/o tratamiento de los residuos en la planta de procesado, para tratar de reducir la concentración de metales», recomendaron los investigadores. Y no pasaron por alto que «la elevada concentración de sales que contiene hace que no sea recomendable su aplicación al suelo, al menos a dosis del 10%».

Este diagnóstico de la UPCT se une al realizado por Desarrollo Sostenible acerca de los posibles incumplimientos del contrato. Según ese estudio, remitido en enero por la concejal Soler a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, hay un rosario de anomalías en el servicio, que gestiona Lhicarsa por 36 millones anuales. Es el segundo contrato con más presupuesto, tras el de Hidrogea (agua).

Esta empresa, donde Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) tiene el 90% del capital y el Consistorio el 10%, arrastra «problemas» y posibles incumplimientos, como un tratamiento de residuos «insuficiente», por la falta de personal y maquinaria. Lhicarsa habría dejado de invertir 5,17 millones de euros en limpieza viaria, recogida selectiva de residuos sólidos domésticos y tratamiento de la basura. Hace unos días, PSOE y PP rechazaron en el Pleno la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre Lhicarsa, pedida por MC y Podemos en una moción que apoyó Ciudadanos (Cs).

«No» a investigar a Lhicarsa

La gestión del actual vertedero de Mina Regente es uno de los focos de atención para la Concejalía, que detectó déficits de inversiones en maquinaria; ingresos por subproductos; recuperación de vidrio y otros residuos; y falta de planificación de nuevos vasos de vertido. El estudio llama, asimismo, la atención sobre «cuestiones medioambientales», como la necesidad de «investigar las razones por las que los vertederos se han colmatado con tanta celeridad»; examinar las aparentes «deficiencias» en la planta de lixiviados; y adoptar medidas compensatorias por la ocupación con la ZEPA. Un portavoz de FCC dijo en enero no tener constancia de este informe y, en todo caso, negó las anomalías.