El Ayuntamiento lleva a la Justicia el vertido de escombros en Los Segados

En este caserío de la diputación de La Magdalena, los agentes municipales sorprendieron en varias ocasiones, el año pasado, a empleados de la primera de esas mercantiles cuando arrojaban en una parcela rústica desde trozos de hormigón a ladrillos, pasando por tuberías, aceites y hasta trozos de uralita. Estas últimas están hechas de fibrocemento con amianto, un material que exige un manejo y un tratamiento adecuados por ser potencialmente cancerígeno. El principal peligro es inhalar las microfibras, en caso de que las planchas de los tejados se rompan o degraden.

«Desde noviembre, la Policía Local ha puesto cuatro denuncias por vertidos ilegales en Los Segados. Y, tras la correspondiente investigación, las cuatro afectan a la misma empresa: Agropecuaria Reyllo SL. Por eso, Disciplina Ambiental ha decidido agruparlas en un mismo expediente, que remitió completo a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para su traslado a la Fiscalía», por si es constitutivo de un delito contra el medio ambiente, explicaron fuentes del Gobierno municipal.

En el último Pleno, la concejal portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Pilar Marcos, preguntó al Ejecutivo qué medidas tenía previsto adoptar ante la proliferación de vertederos ilegales en el municipio, y exigió una respuesta contundente por el daño ambiental y el riesgo para las personas.

La concejal de Medio Ambiente, Obdulia Gómez (del PSOE), anunció que su departamento estudiaba a nivel jurídico cómo complementar los expedientes sancionadores abiertos contra los infractores. Estos afectan también a otras zonas, como Las Seiscientas, Lo Campano y Santa Lucía.

Los informes de la sección medioambiental de la Policía explican que, tras haber 'cazado' a empleados de Contenedores Mariano volcando el contenido de varios camiones en Los Segados, y proponer las sanciones previstas en la ordenanza municipal, los responsables de la empresa empezaron a operar como Contenedores Carthago. Tras nuevas multas, modificaron los rótulos de los vehículos y constituyeron una nueva empresa: Agropecuaria Reyllo. Las primeras tenían su domicilio social en La Magdalena, mientras que la última -donde figura como titular la mujer del dueño de la sociedad original- está radicada en Fuente Álamo. En concreto, en los registros oficiales aparece localizada en la pedanía de Cuevas de Reyllo, de ahí su nombre.

En diciembre, por ejemplo, la Policía identificó en la zona de Pozo de Los Palos al propietario de Contenedores Carthago y a dos de sus hijos, con camiones que supuestamente habían alquilado a la compañía recién creada. En realidad, durante la inspección ocular los agentes descubrieron que en la caja tractora de unos de los vehículos estaba escrito, oculta bajo una pegatina, el nombre de la empresa original. En el otro también se veía la misma denominación.

En una de las primeras intervenciones de los agentes, uno de los transportistas continuó volcando todos los residuos pese a percatarse de que le estaban grabando en vídeo. Incluso animó a uno de los funcionarios municipales a seguir tomando imágenes.

La «sensación de impunidad» con la que, según las fuentes consultadas, se manejaban estas personas llegó al punto de que trasladaron a esta zona rural los trozos de acera retirados de la Plaza de Alicante por una empresa contratada por el Consistorio para remodelar la zona.

Maderas, cemento, cajas de plásticos y otras muchas basuras acabaron sepultados. Los policías vieron signos de que «una pala o una retroexcavadora había aplanado y ocultados los vertidos», si bien aún quedaba un montón de escombros procedentes, al parecer, de la obra realizada en un edificio de la calle San Basilio, en Cartagena.

Uno de los motivos que han llevado a la institución municipal a poner en conocimiento del Ministerio Público estos hechos es que entre el material encontrado junto a un cauce público hay «residuos muy contaminantes», como el amianto. Este diario preguntó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) si había abierto algún expediente por estas prácticas, y la respuesta fue que no.

En el Consistorio recordaron que las empresas abandonaron en el campo los restos de obras públicas y privadas, para evitar el pago por llevarlos a un vertedero autorizado. Podemos insiste en la necesidad de aprobar una ordenanza específica sobre residuos del sector de la construcción.