Una asociación lleva al Ministerio el abandono de Villa Calamari

Villa Calamari, también conocida como Palacete de Versalles, en San Félix.
Villa Calamari, también conocida como Palacete de Versalles, en San Félix. / Antonio Gil / agm

Daphne también denuncia el expolio de la Casa del Tío Lobo, en Portmán, y la falta de decisión de la Comunidad para proteger ambas villas históricas

C. R.CARTAGENA

La asociación de Defensa del Patrimonio Daphne registró ayer en el Ministerio de Cultura una denuncia por el expolio de Villa Calamari y la Casa del Tío Lobo, dos edificios modernistas ubicados en San Félix (Cartagena) y Portmán (La Unión), respectivamente, y declarados bien de interés cultural (BIC). En el escrito dirigido a la Subdirección General de Protección del Patrimonio, Daphne destaca la denegación por silencio administrativo del recurso de alzada presentado por esa asociación en marzo ante la Comunidad Autónoma, encargada de la vigilancia de estas propiedades protegidas por la ley.

Para la asociación, el organismo competente incumple la jurisprudencia del fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional 122/2014 de 17 julio, al escudarse bajo un mínimo plan de mantenimiento de Villa Calamari, ni siquiera contemplado para la Casa del Tío Lobo, e impedir 'sine die' la visita pública a ambos edificios y «víctimas del expolio desde su incoación, momento desde el cual la ley determina su protección».

La «excusa» de la crisis económica y de la falta de un reglamento de la ley de Patrimonio no resultan, a juicio de Daphne, «razones de peso» para continuar privando a los mismos del cumplimiento de su función social determinados en el artículo 46 de la Constitución Española y, desde julio de 2014, actuación considerada anticonstitucional.

La situación económica de los últimos años que esgrime la Comunidad Autónoma para no expropiar ambos edificios o ejecutar unas obras subsidiariamente no le ha causado, ha continuado la asociación, ningún problema para «pujar al alza con dinero público» contra el Ayuntamiento de Cartagena en la adquisición del Cine Central, cuya restauración se realizará con fondos de las arcas regionales.

Tras denunciar que el Ejecutivo autonómico incumple la legislación sobre visitas públicas durante cuatro días al mes a los BIC, Daphne reprochó que ni el propietario cumple la ley sobre conservación de estos inmuebles ni la Dirección General de Bienes Culturales les obliga a refrendar las normas.

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