La alcaldesa frena el intento de reactivar Novo Carthago y espera al fallo judicial

Un tractor, en los terrenos donde está proyectado Novo Carthago, a orillas del Mar Menor, en una foto de archivo./J. M. Rodríguez / AGM
Un tractor, en los terrenos donde está proyectado Novo Carthago, a orillas del Mar Menor, en una foto de archivo. / J. M. Rodríguez / AGM

Banco Santander quiere pedir de nuevo todos los permisos para urbanizar, pero Castejón estudia cómo suspender los trámites administrativos

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Ayuntamiento paró ayer los pies al Banco Santander, respecto a sus planes para reactivar el polémico y presuntamente ilegal proyecto urbanístico Novo Carthago. La petición de la entidad de que el Consistorio facilite la tramitación de un nuevo plan, incluida la recalificación de terrenos -la Justicia ve indicios de corrupción en la realizada en 2003-, se topó con la advertencia del equipo de gobierno local de que no moverá un dedo en favor de este desarrollo urbanístico a orillas del Mar Menor.

Aunque la Concejalía de Urbanismo tramitará todas aquellas solicitudes a las que tenga derecho el Santander, porque lo contrario sería incurrir en un delito de prevaricación, este departamento estudia ya una fórmula legal para intentar bloquear cualquier cambio en el expediente administrativo, hasta la causa penal se dirima en los tribunales.

A nivel político el Ejecutivo municipal, del PSOE, sostiene que al estar en minoría -tiene solo seis de los veintisiete concejales de la corporación- cualquier decisión debe pasar antes por el Pleno. Y añade que presionará para que el Gobierno regional, del PP, dicte una moratoria urbanística sobre la laguna, conforme a la petición realizada hace un año por la Asamblea Regional.

La entidad quiere relevar a la empresa Hansa como urbanizadora principal y pide levantar un aval de 15 millones de euros El Consistorio mantiene la exigencia de que haya una fianza, y pedirá a la juez la congelación de los trámites administrativos

El equipo de gobierno, y en particular la alcaldesa, Ana Belén Castejón, trataron de exhibir una postura de fuerza este jueves coincidiendo con una reunión con representantes de Banco Santander, pedida por éste a la regidora. Un alto responsable de la sección de operaciones inmobiliarias de la entidad que preside Ana Patricia Botín, acompañado por un abogado de un bufete de Madrid, y de un empresario de Cartagena, mantuvieron un encuentro en el edificio San Miguel con el concejal de Urbanismo, Francisco Aznar. Castejón delegó en él, en un primer mensaje al banco sobre cuál es su posición.

En la reunión, respecto a la que fuentes de la delegación empresarial se limitaron a señalar que fue una cita «cordial», el banco trasladó su interés en liderar un nuevo proyecto urbanístico. Según indicaron fuentes del Consistorio, el Santander sondeó la posibilidad de afrontar «desde cero» la tramitación administrativa del proyecto, incluida una modificación puntual del Plan General, para la recalificación como urbanizable suelos catalogados como de protección del Mar Menor. Los suelos también están afectado por la Red Natura 2000, entre otras cosas por la presencia del humedal de Lo Poyo.

Para poder construir en San Ginés de la Jara, en la ribera sur de la laguna, y hacer realidad un proyecto con el que solo en las obras cree que puede generar muchos puestos de trabajo y riqueza, el Santander reclama obtener la condición de urbanizador principal y propone la firma de un convenio urbanístico.

Empleos y riqueza

Se trata de relevar a Hansa Urbana, la promotora inmobiliaria que impulsó la edificación del residencial -con 6.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles de lujo- y que perdió sus propiedades en la zona, al ejecutar el Banco Sabadell los préstamos hipotecarios que le concedió en su día la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por importe de varias decenas de millones de euros.

La propuesta que el Santander hizo ayer a Urbanismo es que el Ayuntamiento devuelva el aval de 15 millones de euros que, como garantía para el proceso de urbanización, depositó en su día Hansa. El Consistorio rechazó este propósito de dejar libre de esa importante carga económica el suelo, mientras el Santander no deposite una fianza similar.

Con todo, el principal obstáculo al que se enfrenta el banco, que según las fuentes consultadas se ha hecho con el 68% de la titularidad de los terrenos -tenía el 20% a través de la inmobiliaria Metrovacesa y compró fincas al Banco Sabadell por el equivalente al 48% de la zona-, es el movimiento de la alcaldesa para bloquear cualquier trámite.

Hace ahora un año que Ana Belén Castejón, entonces concejal de Desarrollo Económico y vicealcaldesa en el gobierno del alcalde José López (de MC), anunció que iba a solicitar un informe a los servicios jurídicos municipales para 'congelar' el macroproyecto urbanístico. La edil socialista, personada como acusación particular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia contra políticos y funcionarios de la Comunidad Autónoma y el propio Ayuntamiento, anunció que instaría a los abogados municipales a estudiar los posibles mecanismos legales para detener el avance del denominado Plan Parcial SG-1.

La juez del caso, donde hay imputados tres exconsejeros autonómicos del PP y un exedil de este mismo partido, rechazó la solicitud de la socialista y de su compañero de grupo, Juan Pedro Torralba, de paralizar el trámite urbanístico. La magistrada, Miriam Marín, argumentó entre otras cosas que esa es una cuestión administrativa y que aún no había -ni tampoco ahora hay- licencia para urbanizar el suelo protegido ni previsión de que este sea ocupado.

Políticos imputados

Sin embargo, Castejón se agarró a un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, quien indicó que nada impedía al Consistorio denegar permisos a la promotora, la empresa alicantina Hansa Urbana, porque una sentencia penal podría anular toda la tramitación administrativa y porque, tras la anulación del Plan General de 2012 por parte del Tribunal Supremo -cuyos efectos siguen vigentes pues no hay otro plan y rige el de 1987-, el proyecto solo está sostenido en una recalificación aparentemente ilegal.

Pues bien, transcurridos doce meses desde que lo anunció -en medio de una fuerte polémica con López porque este advirtió a Castejón de que bloquear los trámites sería prevaricar-, la actual alcaldesa ha retomado su estrategia. Fuentes de su gabinete indicaron que ha dado instrucciones a la coordinadora de Desarrollo Sostenibl, Ángela López -que ayer estuvo en la reunión junto al funcionario Jacinto Martínez- para que analice la posible suspensión. La vía sería invocar ante la juez una cuestión de «prejudicialidad penal», por la posible vinculación entre las decisiones presuntamente ilícitas a nivel penal y los avences administrativos.

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