Los abogados alertan de que el colapso en un juzgado crea riesgo de agresiones machistas

Ciudadanos hacen cola en el Colegio de Abogados de Cartagena, para realizar consultas, en una imagen de archivo./Antonio Gil / AGM
Ciudadanos hacen cola en el Colegio de Abogados de Cartagena, para realizar consultas, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM

Dicen que el retraso de un año en Familia propicia una «escalada de tensión en parejas rotas», y temen que alguien «se tome la Justicia por su mano»

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

«No desea esta Junta trasladar una idea equivocada y hacer responsable a los operadores jurídicos de los inadmisibles actos de terceros. Pero, en un contexto social de creciente alarma por la violencia de género, quizás sería adecuado preguntarnos si la perpetuación en el tiempo de una situación de crisis matrimonial y familiar, sin que un órgano judicial intervenga de manera efectiva y a tiempo cuando las partes no son capaces -por la razón que sea- de darse a sí mismas una solución, podría tener alguna relevancia en que los intervinientes puedan llegar a ' tomarse la justicia por su mano'». Con estas palabras ha trasladado el Colegio de Abogados de Cartagena al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región su preocupación por una de las más graves consecuencias que puede tener la situación de colapso del Juzgado de Familia de este partido judicial.

En un duro informe, aprobado el 8 de noviembre por la Junta de Gobierno del Colegio y resumido ayer en un comunicado por el Colegio -que está en plena proceso electoral para elegir al sustituto de José Muelas como decano-, los letrados denuncian lo «preocupante e insoportable» de los retrasos. Además, exponen numerosas anomalías en el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia 6 y su impacto sobre letrados y ciudadanos en general, y muestran su malestar con el TSJ por no poner coto, pese a peticiones anteriores, a lo que va «camino de convertirse en un mal crónico».

Quejasen el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia 6

1
La falta de medios, los retrasos y prácticas anómalas «impiden el acceso un proceso justo con todas las garantías».
2
Hay una demora media de entre ocho y doce meses en el Juzgado de Familia de Cartagena.
3
Riesgo de que violencia contra la mujer, en situaciones de crisis matrimoniales y familiares.
4
Incumplimiento del mecanismo del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solucionar regímenes de guarda y custodia y pensiones alimentarias de los menores de edad.
5
Retrasos «graves» en el auxilio judicial a personas de muy avanzada edad que sufren padecimientos psíquicos graves e irreversibles.
6
Bloqueo en la redacción de informes psicosociales y costes «inasumibles» para algunas personas.
7
Solo hay un fiscal para el juzgado y para los temas de familia de la Audiencia Provincial.
8
Presiones de jueces y fiscal a los abogados y a los justificables, para alcanzar acuerdos que eviten la celebración de juicios.

Respecto a las mujeres, los letrados plantean «si existe a nuestro alcance alguna medida que pudiera contribuir a evitar la escalada de tensión en una pareja rota». Todo ello, añaden, «sin que se pueda olvidar que es un derecho fundamental un proceso sin dilaciones indebidas, tanto más en asuntos tan sensibles como los de familia». Además de pedir que se corrijan las presuntas irregularidades, y que se abra de inmediato, como segundo órgano de Familia, el Juzgado de Primera Instancia 7, autorizado ya por el Ministerio de Justicia, los abogados llaman la atención sobre el impacto en niños y ancianos.

Denuncian que los niños están mucho tiempo sin régimen de custodia y pensiones alimentarias

Acusan a la juez, esposa del expresidente del TSJ y vocal del CGPJ Martínez Moya, de presionar para que haya menos juicios

Los letrados ven «inaudito» que «unos niños tengan que esperar un año o más para que se articule un régimen de guarda y custodia, un régimen de estancias con quien no sea custodio o la forma en que se hayan de atender sus necesidades alimenticias en el más amplio sentido: alimentos, salud, educación, habitación, etcétera». Y añaden: «Es todavía más inaudito, si tomamos en consideración que el mecanismo que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrecen para dar solución interina a esas cuestiones básicas está siendo sistemáticamente soslayado».

Acuerdos de última hora

En cuanto a la situación de incapacidad de los mayores, el escrito remitido al TSJ alerta de que «personas de muy edad avanzada, con padecimientos psíquicos graves, irreversibles, como demencias y alzhéimer, perfectamente diagnosticados y objetivables, y que precisan del concurso de un tutor para los actos más básicos y cotidianos», se topan con que la Administración de Justicia no les atiende durante meses. «No es el primer supuesto -relata el Colegio de Abogados- en el que, con una mora procesal de un año, el presunto incapaz fallece sin que se le haya podido otorgar el necesario auxilio judicial».

Al panorama que padecen los tres colectivos que, a ojos de los letrados cartageneros, son especialmente vulnerables -mujeres, menores e edad y ancianos con discapacidad-, se suma su diagnóstico sobre la situación general de «demoras fuera de todo lo razonable» y de la presunta imposición de «usos» anómalos por parte del juzgado y de la Fiscalía. El informe evita citar los nombres de la titular del órgano, Concepción Ruiz (quien es esposa de Juan Martínez Moya, expresidente del TSJ y vocal del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-); del juez de apoyo técnico que puso el Tribunal Superior para desatascar el juzgado, Raúl Sánchez; y la fiscal adscrita al órgano, Ana Vidal.

En todo caso, los abogados aseguran que si no fuera poco con que la falta de medios del juzgado afecta al «derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas», y en «asuntos tan sensibles como los de familia», los citados funcionarios públicos han instaurado, por la vía de los hechos, «prácticas» y «usos» anómalos. Con ellos, «al socaire de un pretendido beneficio para los ciudadanos, en realidad vienen impidiendo el acceso de los mismos a un proceso justo con todas las garantías».

Al «imponer» ciertas «fórmulas sin garantías», los jueces y la fiscal acaban «poniendo en jaque el principio de independencia que la Ley predica y atribuye al abogado», aseguran los letrados. Y afirman que, aunque sea con la «buena voluntad de auspiciar acuerdos», el órgano judicial se extralimita y se erige en mediador y árbitro, con los acaban «distorsionando» el proceso, «contaminándose» y ejerciendo «presiones a los letrados» y a los justiciables «para lograr acuerdos en juicios de divorcio».

Como ejemplos, los abogados describen que «es práctica habitual que, con carácter previo al inicio de un juicio o comparecencia, por procesos matrimoniales o de relaciones 'more uxorio', se exhorte a los letrados de las partes para que accedan a la sala de vistas». Luego, «a puerta cerrada, sin otra presencia que la del órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal, el funcionario de auxilio judicial y los letrados y procuradores de las partes, sin la presencia de estas y de letrado de la Administración de Justicia alguno que dé fe de lo que allí se diga o haga, se trate de alcanzar un acuerdo que evite un juicio». Y todo esto «sin grabación en soporte audiovisual, ni ninguna otra garantía».

Ni grabación ni otra «garantía»

Los abogados reconocen que la única fiscal no puede «soportar la carga de trabajo» de este juzgado, más los de la Audiencia Provincial. Pero dejan claro que, como se les quejan los ciudadanos, ciertas prácticas dan la sensación de, si se celebrara el juicio, las cartas estarían marcadas. En palabras de los letrados, «más que transigir acuerdos, se imponen los mismos ante el riesgo cierto de que, aun sin haberse celebrado el juicio o comparecencia, y no haberse practicado prueba alguna, de tener lugar el mismo ya se haya dejado entrever cuál podría ser el resultado futuro».

El colectivo que lidera Muelas enmarca sus «críticas» en el ánimo de «constatar realidades para poder buscar soluciones». Y se ofrece a «colaborar», para «remover los obstáculos» y lograr «que la labor del juzgado responda de forma ágil y eficiente a quienes se aproximan a él para encontrar solución a sus problemas».

Bloqueo hasta 2018 en redactar informes psicosociales

La catarata de problemas en el Juzgado de Familia de Cartagena denunciada por el Colegio de Abogados incluye el bloqueo en la redacción de informes psicosociales. El gabinete adscrito al juzgado «ya ha comunicado que este año va saturado y no puede realizar más informes», advierten los letrados. Estos califican de «parche» las «soluciones alternativas» adoptadas, como pedir estudios «externos» a los partidos judiciales de Elche y Elda o al Colegio de Psicólogos. El presupuesto del convenio entre esa entidad y el Ministerio de Justicia ya se ha agotado. Y esta vía supone «un sobrecoste para el justiciable, imposible de asumir para las personas con falta de medios».

El TSJ urge a Madrid a abrir otro órgano especializado ya

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, dijo ayer a 'La Verdad' ser «muy consciente del déficit estructural» en Familia», y recordó que en la apertura del Año Judicial, en octubre, exigió al Ministerio dar respuesta «urgente, para que las familias continúen sus vidas con normalidad». El máximo responsable del TSJ recordó que los tres juzgados de la Región (uno en Cartagena y dos en Murcia) están reforzados por un segundo juez, en el caso cartagenero desde 2015. Además, de los tres nuevos órganos para la Región, dos serán de Familia, como el TSJ volvió a reclamar a Madrid el 2 de noviembre. Además, el convenio con el Colegio de Psicólogos, que seguirá en 2018 y que podría ser ampliado, ha rebajado la espera de informes de 9 meses a uno y medio. Con todo, como Cartagena «soporta un volumen de entrada de asuntos un 191% por encima de lo adecuado», y en Murcia «la carga de trabajo supera el 228%», el martes próximo se reunirá la Mesa de la Jurisdicción de Familia. En ella, abogados, procuradores, magistrados, letrados de Justicia y Fiscalía (que comentará el informe de los letrados el lunes) abordarán nuevas medidas.

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