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Eduardo Ribelles
Miércoles, 24 de mayo 2017, 00:38
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La Ciudad de la Justicia se ha quedado, por ahora, sin fecha para la cesión del suelo en el que ubicarla y sin un terreno concreto para ello. El alcalde y concejal de Urbanismo, José López, se lo explicó ayer a concejales, abogados y procuradores, en una reunión de la Mesa de la Justicia. Incidió en «las dificultades» acumuladas para obtener, a corto plazo, terrenos junto al Centro Mandarache. La intención es ceder al Ministerio de Justicia los derechos urbanísticos que el Ayuntamiento posee y esperar que permitan disponer del suelo deseado.
El solar que se pretende conseguir está en manos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que lo recibió hace tres años para acometer el frustrado proyecto de una estación para la llegada del AVE. «Ya hemos pedido la reversión», dijo López. Pero no se le devolverá al Ayuntamiento aún.
El sector junto a Mandarache forma parte del plan CC.1.1. para la expansión urbanística de la ciudad hacia el norte, que fue aprobado hace más de una década. Su fase inicial de urbanización estuvo en marcha hasta 2014 y su promotora, Belop S. L., llegó a explanar varias zonas.
En el acuerdo urbanístico se incluyó la cesión de una parcela de 81.000 metros cuadrados al Ayuntamiento en la parte más cercana a la rotonda de Severo Ochoa. De ellos 27.000 iban a ser inicialmente para la Ciudad de la Justicia.
La primera variación tuvo lugar cuando la anterior alcaldesa, Pilar Barreiro, del PP, decidió que el AVE llegara a una nueva estación situada allí. El cambio en el Gobierno municipal, en 2015, supuso que la coalición de MC y PSOE descartara esa opción y recuperara el plan original de cederlo al Ministerio de Justicia para hacer allí los nuevos juzgados. La parcela prevista ahora es de unos 19.000 metros cuadrados.
Reparcelación
Sin embargo, la empresa que inició la urbanización, ligada al exalcalde José Antonio Alonso, está en suspensión de pagos, sus propiedades fueron embargadas por entidades como la CAM y el proyecto de urbanización ya no depende de esa mercantil, porque el Ayuntamiento la relevó de esa función.
La sociedad inmobiliaria Solvia se hizo con los derechos de la CAM sobre parte del suelo. Y en la concejalía de Urbanismo, que administra el alcalde, José López, pensaron que esta sociedad inmobiliaria ligada al Banco de Sabadell podría asumir la tarea urbanizadora. Pero pese a los intentos del Ayuntamiento, esta empresa no se animó a hacerlo. De hecho, a principios de año vendió más de 400.000 metros cuadrados a una sociedad promotora cartagenera, que tampoco ha hecho todavía ningún movimiento. Esta situación, en la que Urbanismo no encuentra ninguna empresa interesada en presentarse a un concurso público para asumir la urbanización se prolonga desde hace más de un año y medio. Así las cosas, el alcalde tendrá que decidir cuándo lo convoca para conseguir que alguien se haga cargo de esa tarea. De ello depende la reparcelación del sector y que se concrete la cesión de suelo público para la Ciudad de la Justicia.
«La cosa es complicada porque hay un montón de suelo que sigue sin escriturar por parte de los bancos a las empresas ligadas a la trama de Alonso», explicó el alcalde.
En busca de otro lugar
El decano del Colegio de Abogados, José Muelas, presente en la reunión, manifestó su «sorpresa» al conocer que el asunto está tan complicado. «El asunto está judicializado y sometido a reclamaciones y concursos de acreedores, y este tipo de pleitos no son cortos», dijo. Por eso, admitió que ha «abierto» canales para ver si hay más terrenos disponibles en otra parte de la ciudad que sea más sencillo obtener.
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