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Eduardo Ribelles
Miércoles, 5 de abril 2017, 01:59
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La empresa que gestiona el servicio municipal de aguas, Hidrogea, advirtió ayer a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena de que dar por buena la propuesta de los técnicos municipales de recortar un 7% lo que los usuarios pagan supone llevar adelante un «procedimiento ilegal» por el que presentó una denuncia, el pasado 28 de marzo, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ante el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. La única alternativa legal ahora, según el escrito enviado ayer a varios servicios y grupos municipales, es proponer al Consejo Asesor de Precios de la Región de Murcia la oferta que hizo la empresa en noviembre y que rebaja el montante del recibo en menos de un 3%. Cualquier otra reducción corre el riesgo de ser recurrida por la mercantil. Eso aumentaría aún más el retraso de 27 meses en el cambio del precio.
Bajar el agua es una promesa incumplida desde 2014. La exalcaldesa, Pilar Barreiro, la sacó a colación aquel verano. El concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo, reiteró que se aplicaría, pero su partido, el PP, perdió las elecciones en la primavera siguiente sin haber hecho nada. Tanto el nuevo alcalde, José López, de MC, como la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, del PSOE, apostaron por reducir el precio, nada más acceder al poder. Pero las crecientes discrepancias con Hidrogea, sobre todo por parte del primer edil, han impedido su puesta en práctica hasta la fecha.
La nota de 17 folios enviada ayer por la empresa contiene una clara advertencia a funcionarios y políticos, que pone de manifiesto lo tenso de las relaciones con el Ayuntamiento. En ella, el representante legal de la sociedad, Fulgencio Díaz, exige la anulación de una comisión de seguimiento del contrato de agua prevista para las cinco de la tarde de hoy. El principal llamamiento va dirigido al secretario del ayuntamiento, Bernardo Muñoz, como garante de la legalidad municipal.
«Opacidad»
En el orden del día se incluye gran parte del procedimiento para sacar adelante, en el plazo más breve posible, la propuesta elaborada por los técnicos municipales para abaratar el agua. Por eso se «dará cuenta» a la empresa de la desestimación de su oferta, y del «traslado a sus representantes de la actualización de las tarifas», según el estudio municipal de costes del servicio. Ese informe, en cuya elaboración se ha consumido gran parte de los 21 meses de mandato de López, rebaja de 45 a 39 millones los el gasto total. En consecuencia, aplica una reducción de la tarifa mayor que la de Hidrogea.
La controversia está en si, como dice la nota de la empresa, Infraestructuras no comunicó por escrito el rechazo de la oferta que la mercantil hizo el 8 de noviembre de 2016, ni tampoco le ha enviado las tarifas alternativas. A juicio de Hidrogea, no se puede sustituir la comunicación obligatoria en los 30 días siguientes a la propuesta de la empresa por una dación de cuentas verbal, cuatro meses después y en el seno de una comisión. Además, la sociedad asegura que ha pedido información en ocho ocasiones, sin obtener respuesta.
La convocatoria de la comisión «agrava la vulneración» de la legislación regional y estatal sobre la que versan las denuncias ante los consejos de buen gobierno y transparencia, indicó Hidrogea en su comunicado. En él se advierte de que celebrar ese encuentro es ilegal y se subraya que las explicaciones que se den allí serán insuficientes para reparar la «opacidad» del trámite.
Un portavoz del alcalde, José López, aseguró ayer por la tarde que la comisión se celebrará y reiteró que la empresa malinterpreta el significado de la reunión, en la que no se va a decidir nada y solo se va a comunicar lo que se quiere hacer. El citado portavoz indicó, hace meses, que la oferta de Hidrogea fue rechazada por silencio administrativo. La empresa se basa en la jurisprudencia sobre fijación de tarifas para sostener lo contrario. Con todo, espera a ver si estiman su recurso. Si no, meditará enviar a un portavoz a tomar parte.
En todo caso, los trámites sobre la tarifa del agua se debaten en la comisión sectorial tras haber sido retirados del orden del día de la última Junta de Gobierno por no contar con el visto bueno de los servicios económicos ni de los servicios jurídicos. Además, según fuentes municipales, este último departamento emitió la semana pasada un informe en el que advirtió de que debía darse audiencia en el procedimiento a Hidrogea. Sin embargo, el alcalde y concejal de Infraestructuras ha optado por invitar a la empresa a la comisión de esta tarde.
Operación 'Pokemon'
El orden del día de la comisión incluye también aspectos que no tienen que ver con la fijación de las tarifas. Al tratarlos en la reunión, José López, pretende que se aborden los problemas judiciales que tiene Hidrogea en otras partes de España y con presuntas ramificaciones en la Región de Murcia. De esta manera, se informará a los miembros de la comisión de algunos de los elementos que pueden salpicar la continuidad de Hidrogea al frente de la concesión del servicio del agua, que tiene una prórroga aprobada por 25 años a partir de diciembre del presente ejercicio.
Así, en cumplimiento del segundo punto del orden del día se dará cuenta de la recepción del oficio de 3 de marzo de 2017, firmado por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara. En él pide información sobre si Agustín Guillén hizo un viaje oficial a Nueva York cuando era concejal del PP en el Gobierno y si eso se pagó con cargo a las arcas municipales. Guillén fue miembro de la corporación de 1995 a 2011 y llegó a ser vicealcalde en los últimos tres años, siempre con Pilar Barreiro como alcaldesa. El Ayuntamiento está personado en la causa.
Asimismo, en la comisión se abordará el «requerimiento de informe del Servicio Regional de Defensa de la competencia de fecha 14 de marzo de 2015 sobre posibles regularidades en el convenio entre Esamur y el Ayuntamiento de Cartagena».
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