Los obreros reclaman deudas que llegan hasta los 7.000 euros

El Tribunal Supremo confirmó en diciembre pasado la anulación definitiva del cuarto convenio colectivo de Navantia, una decisión de la Audiencia Nacional ante la que había recurrido el grupo naval público. La sentencia del Supremo, además considera probado que Navantia actuó «de mala fe» durante la negociación de ese convenio aprobado en el año 2014. Eso obliga a los astilleros a pagar a los trabajadores que han ascendido de categoría, en algunos casos hasta 7.000 euros. «No hay excusas, ni siquiera las limitaciones presupuestarias», dijo el presidente del comité de empresa, Eduardo Aranda.