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Vista de la antigua prisión de San Antón, en una imagen de archivo.
C's y Podemos critican la «pasividad» del Gobierno municipal con la cárcel

C's y Podemos critican la «pasividad» del Gobierno municipal con la cárcel

La oposición reclama a MC y PSOE que exijan al Estado el pago de toda la deuda por impuestos y le reprocha no haber pujado por la prisión de San Antón

José Alberto González

Jueves, 2 de febrero 2017, 01:15

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Los grupos municipales de Podemos y Ciudadanos cargaron ayer contra el Gobierno local, formado por MC y PSOE, por haber agotado el plazo para exigir el pago de los 120.000 euros adeudados por el Ministerio del Interior en concepto de impuestos, con cargo a los beneficios obtenidos por este con la venta de la cárcel de San Antón. El Ayuntamiento, que no pujó por la prisión en la subasta convocada por el Gobierno central, solo ha podido reclamar al Perpetuo el abono de 12.000 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el solar de la prisión.

La concejal de Podemos Teresa Sánchez denunció, en un comunicado, que «la desidia» de semanas atrás continúa con la secuela del cobro de impuestos y exigió que MC y PSOE «asuman inmediatamente las responsabilidades correspondientes y que tomen medidas para saldar la deuda estatal.

Asimismo, la edil cargó contra la «la complicidad e inacción del Gobierno municipal, que deliberadamente ha dejado pasar la oportunidad de comprar la cárcel de San Antón, para que empresarios de su confianza adquieran el edificio, incumpliendo su programa electoral de poner el inmueble al servicio del barrio. Sánchez añadió que es «una contradicción estar defendiendo la sanidad pública con un Rosell al 100% y simultáneamente favorecer los negocios de la sanidad privada».

En Ciudadanos, su portavoz, Manuel Padín, manifestó que «ya no necesitamos más pruebas de la improvisación y la falta de diligencia del Gobierno local sobre este asunto». A su juicio, frente a las «excusas», queda patente que «no han estado a la altura de sus propias promesas, y todo porque nadie en MC o PSOE ha dedicado unos minutos de la mañana a leer el BOE, o a mantener abiertas las vías de comunicación con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias para hacerse con la cárcel y ofrecer sus espacios a los vecinos». Asimismo, exigió que se cuánto adeuda el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento, y qué posibilidades hay de cobrarla. Padín recordó que hace seis años se reclamó el abono de 3,62 millones por el IBI.

El concejal y portavoz de MC, Francisco Calderón, respondió acerca de la puja que «el estado [de deterioro] del inmueble hizo incuantificable el valor de la puesta en uso de la prisión y su cesión como espacio público a los ciudadanos» por parte de su propietario, el Ministerio del Interior. Hace solo unos días, el primer edil sostuvo sin embargo que el Consistorio no pudo del inmueble, porque su rehabilitación supondría un desembolso de tres millones de euros.

«Yo no puedo someter a las arcas municipales a pagar 500.00 euros, como pedía el Ministerio, y luego tener que invertir, como poco, tres millones de euros para sacarlo adelante», dijo López en una rueda de prensa el pasado 23 de enero, a propósito de la visita que realizó a la cárcel en abril del año pasado junto a técnicos municipales. Aunque, según ha admitido un portavoz municipal los funcionarios de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, de la que López es delegado, no han realizado informe alguno sobre esa cuestión, el alcalde llegó a decir sobre el edificio que «solo derribarlo ya costaba 300.000 euros».

MC dice que se cobrará el IBI

Ayer, sin embargo, el portavoz de su grupo municipal dijo que MC «promovió que el Gobierno local efectuara contactos en abril de 2016 [con el Gobierno central] para devolver la cárcel de San Antón al patrimonio del municipio», pero que no pudo valorarse el coste de la cesión y de la reforma.

Calderón trató de sacudirse las críticas de C's y de Podemos criticando además al Partido Popular. Según indicó, en julio de 2013 en Pleno votó en contra cuando MC instó a «plantear algún tipo de convenio o cesión para recuperar el edificio para el Ayuntamiento y dotar al mismo de un uso alternativo para la ciudadanía, terminando así con el deterioro, saqueo e insalubridad del inmueble».

«Esta iniciativa, que reconocía la imposibilidad del Ayuntamiento de emprender ninguna acción de acondicionamiento del inmueble, fue desestimada por el Pleno municipal con el voto en contra del PP, aduciendo la capacidad limitada de la administración que dificultaba la inversión y posterior mantenimiento del gasto corriente», añadió Calderón.

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