Borrar
Barreiro y Celdrán, a la izquierda en primer término, en la sede del PP en abril de 2015, con concejales y delegados vecinales.
La Intervención aprueba los últimos gastos del PP pero López pedirá un informe jurídico

La Intervención aprueba los últimos gastos del PP pero López pedirá un informe jurídico

Los populares justificaron en el año 2009 un gasto de 18.000 euros, el 33% de su asignación, con los recibos de un préstamo del partido y no aclaran si era la hipoteca de su sede

José Alberto González

Martes, 24 de enero 2017, 12:49

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Grupo Municipal Popular ha asegurado que cometió, en 2015, el «error» puntual de incluir recibos del partido en la justificación de gastos con cargo a la subvención anual del Ayuntamiento. No obstante, es una práctica en la que ya incurrió en el año 2009. Entonces, con Pilar Barreiro en la alcaldía, justificó el gasto de 18.033,88 euros, es decir casi el 33% de la asignación municipal, con recibos mensuales del pago de un préstamo suscrito por el Partido Popular con Cajamurcia. El Consistorio solo abonó al grupo la mitad de ese dinero, en concreto 9.016,94 euros, según documentos a los que ha accedido 'La Verdad' tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia.

El PP no ha aclarado a este diario el concepto al que obedece el crédito del 2009, si bien fuentes municipales indican que puede tratarse de la hipoteca a través de la que el partido compró su sede local, situada en un piso de la céntrica calle Santa Florentina. Los populares niegan, en cualquier caso, un desvío de fondos en 2015 desde el Ayuntamiento al partido para ayudar a este a hacerse con este activo inmobiliario, empleado tanto por la formación política como por el equipo de concejales.

Tanto entonces como ahora, la Intervención General ha autorizado los pagos de los populares. Y lo mismo ha hecho respecto al grupo socialista, que en el 2013 gastó unos 6.000 euros en la reforma de su sede, un piso en la calle Salitre, para usarla como oficina de atención por parte de concejales, orientada a las zonas con juntas vecinales; es decir, a barrios y diputaciones.

No obstante, al amparo de la investigación abierta en mayo por el Pleno, a petición del grupo del primer edil, Movimiento Ciudadano (MC), la Intervención General ha elaborado un informe sobre el uso de la asignación por parte de esos grupos, de Movimiento Ciudadano (MC) y de Izquierda Unida-Verdes en la última legislatura (2011-2015). Y en ese documento se dan por buenas las cuentas de populares y socialistas.

Se plantea ir a la Fiscalía

Según fuentes del Gobierno local, el alcalde, José López (de MC), pedirá un informe a los servicios jurídicos sobre la posible vulneración de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta impide destinar la subvención a pagar sueldos de ediles y a la compra de inmuebles. Si se detecta alguna anomalía, el primer edil, de MC, instaría a la corporación a informar al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía, para exigir la devolución del dinero y pedir responsabilidades.

Está previsto que, de cara al Pleno de febrero, la Comisión Informativa de Hacienda estudie el informe de la Intervención. Y es posible que los grupos acuerden ampliar la investigación a más años atrás, puesto que así lo pedirán en principio MC y Podemos. Se trata de una puerta que ya dejaron abierta los cinco grupos en mayo, y que incluso planteó el PP como ejercicio de transparencia.

La Ley 7/1985 prohíbe, a través de su artículo 73.3, que la asignación pueda «destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial».

Según las fuentes consultadas, teniendo en cuenta el importe de las 'letras' de hace siete años (entre algo más de 1.600 y casi 1.400 euros) y el de 2015, menor por el paso del tiempo, el crédito del 2009 y el del año pasado pueden ser el mismo.

Los papeles de hace seis ejercicios en poder de este periódico muestran que, con fecha 13 de enero de 2010, la Intervención General, dirigida entonces por el funcionario Juan Ángel Ferrer, dio por «favorable» el resultado de la justificación de gastos del PP, conforme al artículo 30 de la Ley General de Subvenciones. El Grupo Popular percibió 54.132 euros y, entre otros gastos, presentó doce recibos del préstamo, uno por mes. Y, de acuerdo con un listado que detalla los gastos por fecha, concepto y empresa, el Consistorio autorizó el abono de un 50% de cada 'letra'. La suma alcanza los 9.016,94 euros, a los que hay que añadir 1.640,58 euros por seis recibos de gasto de la comunidad de propietarios del edificio donde tiene su sede el Partido Popular, a razón de 273,43 euros por bimestre.

El grupo municipal de la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, que era también secretaria general del PP de Cartagena y diputada nacional, cargó a las arcas públicas otros gastos del partido, como una contribución a la rehabilitación de la fachada del bloque. También sufragó, con dinero municipal, actividades de su rama juvenil, Nuevas Generaciones, por un congreso celebrado en abril y por la compra de mobiliario y de distinto material, como dos sofás que costaron 150 euros. En esa época, el presidente del partido era Francisco Celdrán, quien combinaba este cargo orgánico con el de presidente de la Asamblea Regional.

Restricciones legales

En mayo, Francisco Espejo achacó la aparición de dos recibos de la hipoteca en la Intervención a un «error» del grupo al documentar el traspaso de dinero al partido como aportación genérica para gastos. El concejal añadió que su equipo no había incumplido el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y que su gestión se ciñó al artículo 2.1e de la Ley orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos.

«Hay dos incumplimientos que establece la ley, dos límites para las subvenciones de los grupos: que no pueden pagar personal municipal, ni puedan adquirir bienes inmuebles; el grupo Popular ni paga a personal, ni está comprando inmuebles, ni pagando la hipoteca. Siempre nos hemos ajustado a lo que ha dicho la Intervención y lo seguiremos haciendo igualmente», dijo en el Pleno del 27 de mayo el portavoz popular.

Francisco Espejo se mostró, incluso, partidario de ampliar la investigación a más años. Lo argumentó así: «¿Por qué pedir solamente las justificaciones de la última legislatura? Quiero decir, si hay algún error, si hay algo que este mal hecho, pidamos hasta donde la ley establezca la prescripción de lo que pueda existir, más que la última legislatura».

Fuentes municipales indicaron que ese periodo sería de diez años, en caso de haber una anomalía continuada, por lo que habría que remontarse a 2006. Los populares insisten en que, en la actualidad, no destinan «ninguna» cuantía de fondos del Ayuntamiento a pagar la hipoteca, ni desde la cuenta bancaria del grupo municipal ni desde la cuenta del partido, previa recepción del dinero desde el equipo de concejales.

Segado dice no tener datos

«El grupo recibe una subvención y parte de ella se transfiere al partido. Por otro lado, el Partido Popular, de manera independiente, tiene una hipoteca de la vivienda que ocupa la actual sede, y que paga con sus propios recursos. El partido financia su sede con otro tipo de ingresos económicos, entre los que figuran las cuotas de los afiliados y aportaciones mensuales de los cargos públicos. Con los ingresos propios del partido hay suficiente para sufragar la hipoteca de la sede», explicaron los populares, que desde septiembre tienen como presidente al exconcejal Joaquín Segado.

Este añadió que en 2009 no tenía responsabilidades en el grupo ni en el partido, y que desconoce los movimientos de dinero y los préstamos que había. En todo caso, subrayó que todo se hizo «desde la más absoluta legalidad, puesto que ninguno de los órganos de control, es decir la Intervención Municipal y el Tribunal de Cuentas, pusieron reparo alguno a las cuentas del grupo y del partido».

Respecto al año 2015, Francisco Espejo subrayó que la Intervención General pidió en octubre al grupo justificar el uso del dinero. Y subrayó que, «una vez subsanados los errores», Intervención «no nos ha notificado ningún problema en dicha justificación».

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios