La Verdad

La oposición exige que López pruebe que la compra del hotel era necesaria

La calle Cuatro Santos, detrás del Edificio San Miguel, con el hotel adquirido al fondo.
La calle Cuatro Santos, detrás del Edificio San Miguel, con el hotel adquirido al fondo. / P. Sánchez / AGM
  • El Gobierno local descarta pedir informes sobre algo que «está bien»; PP, C's y Podemos ven injustificada la operación que benefició a un candidato de MC

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Los tres grupos de oposición en el Ayuntamiento de Cartagena cargaron ayer contra el alcalde, José López, y cuestionaron la aprobación, en la última semana de 2016, de la compra de un inmueble para ampliar el edificio administrativo municipal de la calle San Miguel. No ven suficientemente justificada la urgencia de la gestión. PP, Podemos y Ciudadanos (C's) también censuraron el ocultamiento de que un militante de MC y compañero de López en la candidatura de las últimas elecciones municipales figuraba entre los propietarios del bloque adquirido en la calle Cuatro Santos. Los tres partidos señalaron que faltan informes que apoyen la decisión tomada el 29 de diciembre en la Junta de Gobierno, aunque un portavoz oficial subrayó que «todo es legal, como dice el informe de Intervención. No cabe hacer ni buscar más documentos para avalarlo».

El inmueble en cuestión, el Hotel Peninsular, que ocupa los números 3 y 5 de la calle Cuatro Santos, es un negocio cerrado hace meses. Linda por su parte trasera con el edificio administrativo municipal de la calle San Miguel, con el que pretenden unirlo tras una reforma.

El PP denunció que el trámite de adquisición se hizo en solo tres días hábiles, en los que se acumularon gestiones y se expidieron documentos y valoraciones que suelen tardar semanas o incluso meses. Su portavoz, Francisco Espejo, criticó que se obvió el hecho de que uno de los cinco propietarios del hotel es Juan Carlos Martínez Ros, número 12 en la candidatura que encabezó López. El resto son su madre y tres hermanos.

El interés municipal por el edificio se remonta a 2005, cuando el PP estaba en la alcaldía con mayoría absoluta. Entonces se inició un proceso expropiatorio que quedó incompleto meses más tarde, pese a que la manzana donde se ubican los edificios de San Miguel y el Peninsular fue calificada como de uso exclusivo para equipamiento público.

El alcalde decidió resolver el asunto en los últimos diez días de diciembre, mediante una compra basada en una valoración del hotel en 505.609 euros y con un informe de Intervención que le atribuye la competencia para ello. En este se resalta que «no consta en el expediente la memoria justificativa de la conveniencia de la adquisición». Aunque añade: «No obstante, al tratarse de un bien calificado como equipamiento dotacional, se entiende que queda acreditada la conveniencia de la adquisición, así como la justificación de utilizar la adquisición directa como procedimiento de adjudicación».

Podemos ve otras prioridades

Cartagena Sí Se Puede (Podemos) calificó este asunto como «una operación exprés de nula necesidad» abordada por el Gobierno local como «un negocio inmobiliario» fruto de «presunto favoritismo». Su portavoz, Pilar Marcos, criticó que el alcalde use el dinero público en eso «en lugar de en otras prioridades en materia de vivienda social, cuidado de zonas verdes y excavación de parcelas del Molinete, por ejemplo». Además, exigió acceso a los documentos que acreditan que esa inversión es adecuada. En ello coincidió con Ciudadanos. «¿Dónde está el documento que considera mejor y más barato comprar ese edificio que hacer la ampliación del edificio San Miguel en el aparcamiento que tiene detrás?», preguntó Manuel Padín, portavoz de la formación naranja. También el PP volvió a reclamar a López más pruebas que despejen las dudas legales y éticas existentes.