La Verdad

Inmueble del Hotel Peninsular, en la calle Cuatro Santos, nueva propiedad municipal.
Inmueble del Hotel Peninsular, en la calle Cuatro Santos, nueva propiedad municipal. / Pablo Sánchez / AGM

El edificio comprado por López para ampliar San Miguel es de un candidato de su partido

  • La Junta de Gobierno, que preside el alcalde, autorizó desembolsar medio millón por una antigua pensión de un miembro de MC

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Un año y siete meses después de acceder a la alcaldía, y a solo cinco de dejarla para cumplir con el PSOE el pacto de dar el relevo a Ana Belén Castejón, José López y el gobierno que lidera están por segunda vez en tela de juicio por un presunto favoritismo en el uso de fondos públicos. Después de la polémica por la contratación de una empresa de un primo del regidor para montar exposiciones, tras la que el Ejecutivo elevó la transparencia en las adjudicaciones sin publicidad y prometió reducirlas al mínimo, el alcalde y edil de Urbanismo e Infraestructuras afronta una catarata de dudas éticas y legales sobre la compra a un miembro de su partido, Movimiento Ciudadano (MC), y a varios de sus familiares, de un edificio para ampliar la sede administrativa municipal, ubicada en la céntrica calle San Miguel.

A raíz de una rueda de prensa de los concejales del Partido Popular Francisco Espejo y Esperanza Nieto, quienes denunciaron que la decisión es una muestra de amiguismo y que se adoptó de forma presuntamente ilegal, López tuvo que dar explicaciones sobre cómo se gestó y se materializó el acuerdo adoptado el antepenúltimo día de 2016 por la Junta de Gobierno Local para gastar 505.609 euros en la adquisición del antiguo Hotel Peninsular, un inmueble de bajo y cuatro plantas en los números 3 y 5 de la calle Cuatro Santos.

Tras la reunión del 29 de diciembre, presidida por el alcalde y secretario general de MC, y donde estuvo Castejón, el Ayuntamiento se limitó a informar del precio; de que el bloque «ya aparecía en el Plan General de Ordenación Urbana como equipamiento administrativo»; de que las obras de adecuación [aún no presupuestadas pese a que el gobierno ha aprobado su proyecto de cuentas de 2017] empezarían «en los próximos meses»; y de que, según López, había una «necesidad de realizar esta compra porque San Miguel se queda pequeño y registra un acopio excesivo de funcionarios».

El alcalde añadió que la compra se planteó al quedar disponible el medio millón de euros reservado para hacerse con el antiguo Cine Central, adquirido al final por la Comunidad Autónoma. Y marcó que si bien «había varias opciones» de comprar inmuebles, se eligió esta «porque era la más necesaria y atractiva para los cartageneros, a los que se dará mejor servicio a través de la sede administrativa».

Nada se dijo la antevíspera de Nochevieja acerca de qué empresa o particulares tenían la propiedad, ni sobre los lazos con una recalificación y una expropiación iniciada en 2005 por el PP, con Pilar Barreiro de alcaldesa y Agustín Guillén de edil de Urbanismo, tras un acuerdo del Pleno.

En eso insistió López. Así, tras sostener que el Peninsular fue la alternativa «viable» al Central considerada prioritaria por los técnicos por la cercanía y el estado del bloque, y que a su juicio es preferible esta compra a tener que destinar el dinero a saldar deuda con los bancos, incidió en que la adquisición «resultaba obligada» y estaba ya justificada por la expropiación iniciada por el PP.

Un solar público al lado

El Pleno que aprobó el cambio hace doce años lo integraban PP, PSOE, MC e IU. Los 27 ediles rechazaron la alegación de los dueños para mantener el uso hotelero y catalogaron el edificio como equipamiento público, mediante una modificación del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (Peopch).

El caso es que tras la Junta de hace dos semanas, el PP pidió consultar el expediente y ayer, en su sede de la calle Santa Florentina, el portavoz y una de las diez ediles del Grupo Municipal Popular censuraron la operación, porque en la documentación no han visto informes técnicos ni económicos que justifiquen la necesidad de espacio y la urgencia del procedimiento. Añadieron que estudian irse a la Fiscalía, por si el acuerdo es nulo al no haberse ausentado de la Junta los cinco ediles de MC (el PSOE tiene seis).

Espejo y Nieto indicaron que «la pensión abandonada» es propiedad de Juan Carlos Martínez Ros, militante de MC y número 12 de la lista en las elecciones municipales de 2015, y de sus familiares. Según la documentación facilitada a 'La Verdad' por la alcaldía, se trata de la madre y tres hermanos del candidato.

«López ha comprado a un compañero de su partido y a su familia un edificio que el Ayuntamiento no necesita. Ha sido capaz de acordar la compraventa en tres días y de aprobarla en cinco, haciendo trece trámites y saltándose la ley», afirmó Espejo, responsable de Urbanismo en la legislatura pasada. El concejal argumentó que «no se necesita una ampliación en este momento, porque hay plantas infrautilizadas en San Miguel, y porque la obra de este se diseñó expresamente para extender el edificio al solar anexo, que es municipal y que se utiliza como aparcamiento».

En el Palacio Consistorial, López aseguró no tener amistad con Martínez Ros, restó importancia a ser del mismo partido e ir con él en las listas y replicó que su gobierno ha ahorrado un millón al erario, pues los dueños pidieron 1,5 millones y en tiempos del PP querían pagárselos.

El primer edil afirmó también disponer del visto bueno de la Intervención General. Pero, por la tarde, el PP divulgó que el informe de este órgano «dice textualmente que 'no consta en el expediente la memoria justificativa de la conveniencia de la adquisición', según el artículo 116 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas». Un portavoz de López dijo que esa «es una mera mención a efectos de descripción, en un expediente donde esa memoria no consta porque no es necesario».