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Segado, Pagán y Martínez Moncada, en los juzgados en 2010.
El caso de La Azohía exige al municipio 'reservar' 3,4 millones por posibles daños

El caso de La Azohía exige al municipio 'reservar' 3,4 millones por posibles daños

El Ayuntamiento aporta una carta de garantía, por su posible responsabilidad civil subsidiaria en el juicio al exedil del PP Segado y al director de Urbanismo

José Alberto González

Viernes, 7 de octubre 2016, 12:43

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La apertura de juicio oral al exconcejal de Urbanismo Joaquín Segado, al jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, y a otra funcionaria de ese departamento por un presunto delito de prevaricación administrativa, al anular una licencia para la construcción de 24 apartamentos en La Azohía, ha obligado ya al Ayuntamiento de Cartagena a efectuar una suerte de 'reserva' de 3,4 millones de euros para afrontar sus posible responsabilidad civil subsidiaria.

Aunque la Audiencia Provincial tiene pendiente resolver un recurso de los afectados para que se archive la causa, o al menos para que se practiquen nuevas pruebas que lleven a dar carpetazo al asunto, el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena ha comunicado el procesamiento a los tres investigados (lo que antes se denominaba imputados).

La magistrada María Pascual Hernández actúa en virtud del auto que dictó a principios de este mes, dentro de la querella de la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía SL por la presunta «expropiación ilegal» del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Éste fue desclasificado por el Ayuntamiento como parcela urbanizable y reservado para construir una plaza, ante la caducidad de la licencia otorgada y por petición de vecinos de la zona.

Por ahora, la jueza no ha establecido la fecha de la vista oral que, salvo criterio distinto de la Audiencia, sentará en el banquillo a Segado, ahora presidente del PP en Cartagena y asesor de la Consejería de Cultura, y a los dos funcionarios.

Lo que sí ha hecho ya la magistrada es abrir una pieza separada de responsabilidad civil. Y, según confirmó a 'La Verdad' un portavoz municipal, eso ha forzado al Consistorio a presentar en el plazo de un día una carta de garantía, un documento en el que se compromete a abonar la «fianza» en caso de ser condenado como responsable civil subsidiario.

Sobre el posible pago de esa cantidad millonaria, el alcalde y concejal de Urbanismo, José López, ha advertido públicamente de que para proteger los intereses públicos el Ayuntamiento exigiría que los condenados afrontaran con su patrimonio personal la indemnización a la empresa por el perjuicio causado.

López mantiene, en todo caso, que solo destituirá como director general a Martínez Moncada si se confirma que le juzgarán. El funcionario fue durante dos décadas el principal gestor urbanístico con el PP, hasta que en 2013 fue apartado por la alcaldesa, Pilar Barreiro, por respaldar a Segado en la presentación de la demanda de la sociedad Casco Antiguo contra Residencial Puerta Nueva, por el impago de 3,5 millones de euros. La promotora del barrio universitario, ligada al exalcalde socialista José Antonio Alonso, fue condenada a pagar 2 millones, lo que no ha hecho al estar en concurso de acreedores.

Sin destitución, por ahora

Tampoco López ve motivos para apartar a Martínez Moncada por las recientes sentencias contrarias a la Sociedad Municipal Casco Antiguo, en lo relativo a expropiaciones de viviendas y solares en el barrio universitario y el Molinete a precios muy inferiores a los del valor real; ni por la anulación del Plan General por parte del Tribunal Supremo.

López sostiene que su hombre de confianza es el más cualificado para el puesto, que cumplía directrices políticas del PP y que, aun así, hizo una protesta velada. Se trata, según dijo López en enero, que en todo el expediente de Puerta Nueva «no firmó ni una sola vez» y eso es «claramente un grito en el silencio». Eso, a pesar de que fue López quien destapó que, de 2007 a 2010 (siendo primero concejal Agustín Guillén y luego Segado), Casco Antiguo faltó a su obligación de exigir el pago.

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