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José López y Ana Belén Castejón, en el Palacio Consistorial poco antes del Pleno celebrado el pasado día 8.
La tramitación 'exprés' del Plan General amenaza con abrir cinco frentes judiciales

La tramitación 'exprés' del Plan General amenaza con abrir cinco frentes judiciales

El constructor Olivo, una asociación vecinal, un grupo de empresas y particulares, ANSE y Podemos irán contra el Ayuntamiento por no rehacer el documento

José Alberto González

Jueves, 6 de octubre 2016, 12:07

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Una lluvia de pleitos, tras un pleito perdido. Así podría resumirse la situación que afrontará el Ayuntamiento de Cartagena en los próximos meses, tras su decisión de retomar la tramitación del nuevo Plan General en la fase de aprobación provisional, y no en la inicial, tras la anulación de la norma de 2012 por parte del Tribunal Supremo. Esta fórmula 'exprés' ha sido motivo de alegaciones por parte de al menos cinco empresas, colectivos ciudadanos y partidos políticos que prevén acudir a los tribunales para tumbar este proceso, que consideran nulo de pleno derecho; y obligar al Consistorio a partir desde cero en la revisión del plan de 1987.

La Asociación de Afectados por el Plan General de Cartagena (Afeplan), el constructor Tomás Olivo, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), el Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos) y el Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) estudian emprender distintas acciones legales, todas ellas en el ámbito contencioso-administrativo, contra la administración local y, a la vez, contra la regional.

En todo los casos, según la información recabada por 'La Verdad', la intención es forzar al Consistorio a que, antes o después, rectifique el paso dado el 30 de junio. Ese día, con el único voto en contra de los tres ediles de Podemos y el apoyo de los veintitrés de MC (5), PSOE (6), PP (10) y Ciudadanos (3), el Pleno aprobó someter a un nuevo trámite de información pública el plan desde «el momento inmediatamente anterior a los actos que han hecho nulo el Plan General, es decir al trámite de información pública tras el acuerdo de aprobación provisional»; e incorporándole distintos documentos legales aprobados desde 2012.

La corporación basó su acuerdo, propuesto ante la Comisión de Urbanismo por el alcalde y concejal de esa materia, José López, en un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Según ésta, cabía iniciar un proceso de subsanación desde el momento en que ocurrieron los fallos que llevaron a anular el Plan. Eso evitaría pasar años con una normativa antigua y posibles demandas de indemnización millonarias por parte de propietarios de terrenos que dejarían de ser urbanizables.

Los abogados de distintos afectados, así como de partidos y asociaciones, sostienen sin embargo que la sentencia del TSJ exige repetir todo el proceso realizado por el Consistorio de 2005 a 2012. Su principal argumento es que, en junio del año pasado, a raíz de una petición de los letrados de la Comunidad Autónoma (la administración que autoriza en última instancia el Plan), el TSJ emitió un auto de aclaración sobre la manera de ejecutar la sentencia.

En éste, la Sala de Lo Contencioso insistió en la nulidad del plan, al ser ilegal el acto impugnado por el constructor Tomás Olivo (el visto bueno definitivo al Plan por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad). Pero, como a juicio del letrado municipal el TSJ fue ambiguo al no indicar a partir de cuándo debía el Ayuntamiento retomar la tramitación, y existía en Murcia el precedente favorable del Plan Parcial Joven Futura (anulado ahora por la ausencia de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la disponibilidad de agua), el Ayuntamiento vio respaldado el camino 'exprés'.

¿Desobediencia al TSJ?

En este contexto, el primer frente que tendrá que afrontar el Consistorio será una solicitud al TSJ, por parte de una empresa, para que éste anule el actual trámite de respuesta de las alegaciones recabadas este verano. La compañía, cuyo nombre no fue facilitado por motivos de confidencialidad, tiene intereses urbanísticos en Los Urrutias y otras zonas del municipio y está representada por los abogados Cesáreo Gil de Pareja y José Miguel Roda.

Estos letrados argumentarán, en forma de incidente de ejecución de sentencia, que la corporación ha creado una apariencia de legalidad. Otros cuarenta afectados estudian también ésta y otras acciones, a través de la plataforma Afeplan, cuyo servicio jurídico llevan Gil de Pareja y Roda.

Asimismo, tanto Tomás Olivo, el empresario de referencia en el Plan Rambla, como el grupo ecologista ANSE y el Observatorio Ciudadano Municipal han anunciado que responderían en los tribunales al rechazo de las alegaciones donde han pedido la nulidad del trámite iniciado este verano. En estos tres casos, la vía elegida sería el recurso contencioso-administrativo, la misma con que Olivo tumbó el plan, al verse afectado por las modificaciones introducidas en el proyecto de expansión urbanística junto al estadio municipal Cartagonova.

En el caso de Tomás Olivo, ha defendido a través de las empresas Emasa y Cartagena Parque que la existencia de numerosos e importantes defectos detectados por el TSJ y por el Supremo convierten en nula toda la tramitación realizada durante los gobiernos del Partido Popular, con Pilar Barreiro como alcaldesa.

A juicio de ANSE, no solo hay un incumplimiento de dos sentencia judiciales sino que ha sido una «burla» que el periodo de exposición pública haya transcurrido en el periodo estival. Y en cuanto al Observatorio, once entidades emitieron a finales de julio un comunicado conjunto advirtiendo de que la revisión actual «no tiene solución de continuidad», entre otros motivos porque «es extensa la jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo establece la nulidad radical de pleno derecho del plan urbanístico, «sin posibilidad alguna de subsanación, convalidación, conservación de trámites o retroacción del procedimiento»; y porque «son muchos los juristas que no comparten la interpretación en la que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se basaron para volver a tramitar» el Plan.

Presión social

La nota pública fue apoyada por la Fundación Sierra Minera, la Asociación-Movimiento Vía Libre Cartagena, la Asociación para la Defensa del entorno natural de La Azohía (Adela), la Asociación Rascasa, la Asociación por la defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa), la Asociación de Afectados por lo Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), la Liga Rural del Campo de Cartagena y Mar Menor, Equo Cartagena, Ecologistas en Acción Murcia, Colectivo Carmen Conde, ANSE y Cartagena Sí Se Puede.

El grupo de la edil Pilar Marcos ha pedido al Ejecutivo de López (MC) y de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), que atienda a la presión ciudadana y rectifique «a tiempo».

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