El impuesto de construcción de la desaladora deja otros 1,7 millones al municipio

La empresa Hydro Management ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a pagar 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Cartagena por el impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO) de la desalinizadora de Escombreras, puesta en marcha hace ocho años. Esa cuantía contempla los intereses.

La Sala de lo Contencioso del TSJ, según se recoge en la sentencia, coincide con el Ayuntamiento de Cartagena en que precisamente por no ser aún de titularidad pública la desaladora no estaba exenta del pago del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).

El Ayuntamiento reclamó en concepto de ese impuesto el pago de 1,5 millones de euros, decisión que fue recurrida ante los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso al que correspondió el asunto en primera instancia desestimó la reclamación.

La sentencia ahora confirmada rechazó en primer lugar la alegación referida a la exención del ICIO de las obras hidráulicas de las que son titulares las comunidades autónomas porque esta desaladora «no goza de declaración de obra hidráulica de interés general». Asimismo expone que «la empresa no ha demostrado que la titularidad de la misma sea de la Comunidad Autónoma, tratándose de una obras pública de titularidad privada» [tal y como se ha venido publicando]. Y recalca que la obra la hizo una entidad mercantil que concertó con una sociedad público un contrato de llave en mano con Tedagua, SA para la construcción de una desaladora y de sus canalizaciones, que, una vez realizadas, arrendó a la empresa pública Desaladora de Escombreras, SA para su gestión y explotación.

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