La playa nudista de El Portús afronta otro verano sin el acceso prometido por Costas

Los usuarios de la playa nudista de La Losa tendrán que seguir jugándose el tipo, subiendo y bajando un monte, o hacer el camino largo por el camping naturista de El Portús para disfrutar de un baño. A las puertas del verano, la Demarcación de Costas del Estado, un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente, todavía no tiene redactado el proyecto de apertura de una senda que permita el acceso desde la zona de la rambla, en paralelo a los citados alojamientos turísticos.

Teniendo en cuenta los periodos de licitación y que la administración central del Estado tiene restringida la adjudicación de contratos, debido a que el Gobierno está en funciones por la convocatoria de elecciones generales, según las fuentes consultadas la obra tendrá que esperar a después de esta temporada estival.

«Respecto al Portús, el proyecto definitivo aún no está terminado», se limitó a señalar un portavoz de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, quien indicó que por ahora no hay fecha para la convocatoria del correspondiente concurso público para que las empresas pujen por realizar los trabajos.

El jefe de Costas, Andrés Martínez, alcanzó en octubre pasado un compromiso con el alcalde de Cartagena, José López, para iniciar a principios de este 2016 las obras de acondicionamiento de los accesos en la playa, situada en la zona de El Portús y Cala Morena.

Después del incumplimiento de esa promesa, el departamento de Costas ha ido acumulando varios meses de demora. Al final, tampoco podrá comenzar en primavera las obras necesarias para garantizar un acceso seguro, cómodo y gratuito a vecinos y turistas hasta una de las playas del litoral oeste de Cartagena.

El origen de la reclamación municipal, y del posterior anuncio de mejoras por parte del Ministerio de Medio ambiente, tuvo su origen en una denuncia lanzada en julio por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y el grupo municipal de Podemos.

Tanto el colectivo ecologista como la formación Cartagena Sí Se Puede denunciaron los problemas de accesibilidad a la playa. El director de ANSE, Pedro García, y la concejal Pilar Marcos exigieron la adopción de medidas urgentes para acabar con la obligación de los bañistas de cruzar un monte para llegar al mar de manera gratuita. El problema no era solo la construcción de un muro junto al cerro, para delimitar el camping, sino que los responsables de esa instalación exigían a los usuarios de la playa que pagaran dos euros para poder cruzar las instalaciones y llegar hasta la arena.

Construcciones y la rambla

El aluvión de protestas de los afectados ante esta irregularidad, así como la presión de ANSE, Podemos y de las asociaciones de vecinos de Cartagena forzaron a la Demarcación a intervenir y la empresa gestora del camping dejó de cobrar.

Ya en otoño, durante la reunión mantenida en la sede de Costas, en Murcia, el alcalde pidió a Andrés Martínez que tomara cartas en el asunto para garantizar a través de una senda el libre tránsito hasta la zona de dominio público en el entorno del camping nudista de El Portús (tanto la playa como la desembocadura de la rambla).

Martínez destacó que, gracias a las gestiones de su departamento, ya en verano los dueños del recinto se habían comprometido a desmantelar la parte que invade la zona de tránsito marítimo-terrestre y a renunciar a posibles compensaciones. De esta forma, señaló el jefe de Costas, evitaron la apertura de un expediente de expropiación y facilitaron la habilitación de una senda.

En todo caso, el proyecto para acabar con esta situación todavía está siendo elaborado diversas construcciones (como casas prefabricadas, una treintena de parcelas de acampada, una piscina, aseos y un muro) siguen bloqueando el paso. Hasta que estas edificaciones e instalaciones no sean retiradas, Costas no podrá entrar en la zona de servidumbre para realizar las obras.

De cara al verano pasado, Costas llegó a un principio de acuerdo verbal con el camping para acometer unos trabajos obras urgentes presupuestados en unos 300.000 euros. Ese pacto al final no se concretó y, como entonces, un año después los usuarios seguirán sin un paso fácil hasta la playa.

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