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El abogado murciano Diego de Ramón, durante su comparecencia en la comisión de investigación.
Diego de Ramón pide en la Asamblea que la Policía detenga a los responsables de «la trama de Murcia, en la que sitúa a Valcárcel

Diego de Ramón pide en la Asamblea que la Policía detenga a los responsables de «la trama de Murcia, en la que sitúa a Valcárcel

El PP abandona la comisión de la desaladora porque el abogado «no tiene nada que ver con la gestión de la desaladora, salvo emitir juicios de valor»

Gregorio Mármol

Miércoles, 25 de mayo 2016, 12:58

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El abogado murciano Diego de Ramón, que denunció en 2010 ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en el planteamiento y la gestión de la desaladora de Escombreras que dieron lugar a los registros policiales de la semana pasada, declaró este miércoles en la comisión de investigación de la Asamblea Regional que esa infraestructura es una invención del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel para dar cobertura a lo que calificó como "la trama de Murcia". El letrado aseguró que la planta se hizo para "dar cobertura jurídica a una modificación de 180 millones de metros cuadrados, 800.000 viviendas y convenios con 26 ayuntamientos. Querían meter en la Región cinco millones de habitantes, tantos como tiene Madrid".

Según De Ramón, todos los contratos que rodean la gestión de la desaladora se enmarcan en una "conspiración, la de la trama de Murcia, la de la trama de Ramón Luis Valcárcel" que además de hacer negocios urbanísticos ocasionó con ellos graves perjuicios a entidades financieras, principalmente la CAM. En la comparecencia oficial insistió en su teoría de que la planta no fue promovida para garantizar el abastecimiento de la población ni la de los regantes, sino para dar "cobertura legal a esas urbanizaciones, pero para ello se necesitaban ocho desaladoras más". En su opinión, si el Ejecutivo regional hubiera querido garantizar el agua habría negociado los convenios con la Administración General del Estado para obtenerla de las plantas que ya estaban en funcionamiento o en construcción en las provincias de Murcia y Alicante.

También acusó a los servicios jurídicos y a la Intervención de la Comunidad Autónoma de actuar en connivencia con el Ejecutivo de Valcárcel, porque hasta que él no dejó la presidencia de la Comunidad Autónoma no advirtieron, aseguró, de los perjuicios que los contratos de la desaladora tienen para las arcas públicas murcianas.

El abogado (que defendió buscar la verdad por razones de conciencia y espíritu democrático, se declaró "católico y franciscano", además de independiente, y denunció haber sido perseguido por ello) reclamó ante los diputados que los cuerpos y fuerzas de seguridad actúen para detener a los responsables de los daños causados al erario. Previamente citó a Valcárcel y a sus colaboradores en "la trama piramidal", en la que incluyó al hermano del expresidente, el abogado Carlos Valcárcel, como "responsables indiciarios"

Tras la primera ronda de declaraciones, los representantes del PP abandonaron la comisión porque "este señor no tiene nada que ver con el diseño y gestión de la desaladora. Se ha dedicado únicamente a dar juicios de valor" sin aportar documentación, dijo el diputado Juan Luis Pedreño. Los diputados de la oposición lamentaron la "falta de respeto" a un compareciente llamado a declarar formalmente por la Asamblea Regional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, añadió que la comparecencia fue "un espectáculo bochornoso" porque "De Ramón ha venido a acusar al Partido Popular y al presidente Valcárcel a quien ha mencionado hasta 62 veces durante sus intervenciones". Según el portavoz del PP, "lo que sí se han desvelado son las intenciones de PSOE, Podemos y Ciudadanos que no quieren aclarar nada entorno a la desaladora que están utilizándola como arma política contra el PP".

Martínez criticó "la incoherencia de la oposición que legitima al compareciente de hoy porque es el denunciante y, por otro lado, impide que comparezcan ante la Comisión de Investigación del Auditorio de Puerto Lumbreras quienes han denunciado al presidente, Pedro Antonio Sánchez en los juzgados, el señor Urralburu que es juez y parte, quien tiene que dar más explicaciones que nadie porque paga con el dinero de todos los murcianos su personación en el caso Auditorio, la oposición impide que acuda a la Comisión de Investigación".

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