La adjudicación de los chiringuitos acaba en un juzgado y en Costas

La actividad de chiringuitos, quioscos y otros servicios privados a los bañistas en las playas del municipio puede verse afectada en los próximos días, a raíz de las denuncias presentadas ante un juzgado de Cartagena y ante la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia contra la adjudicación de los permisos de instalación por parte del Ayuntamiento.

En plena polémica por el retraso del Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel) en otorgar las citadas autorizaciones y en solventar problemas de conexión al alcantarillado en varias zonas, uno de los candidatos a regentar un bar playero en la zona de Las Salinas de La Manga ha presentado un recurso contencioso-administrativo y una denuncia ante Costas, organismo del Ministerio de Medio Ambiente.

En ambas instancias, el aspirante impugna la decisión del Imsel de dar la licencia a otro empresario. Pero, además, solicita dejar sin efecto la resolución dictada en marzo por el Consejo Rector del Imsel relativa al conjunto de chiringuitos, quioscos, hamacas, sombrillas, mesas y sillas, pérgolas, tarimas y elementos náuticos de toda la costa cartagenera para el próximo verano.

Según ha sabido 'La Verdad', en sus escritos, el denunciante alega que el Ayuntamiento y el Imsel, que preside la vicealcaldesa y concejal del área de Estrategia Económica, Ana Belén Castejón, «no ha observado ninguno de los principios legales que debe regir todo procedimiento de contratación del sector público».

Asimismo, argumenta que el organismo autónomo carece de competencia («facultades legales y estatutarias») para adjudicar los puestos, ya que es una prerrogativa que no está ni siquiera en manos del Ejecutivo a través de la Junta de Gobierno Local sino que está reservada al Pleno del Ayuntamiento.

Entre los principios que habría incumplido de forma «abierta y grave» el Consejo del Imsel están, según el denunciante, los de «transparencia, concurrencia competitividad, objetividad, igualdad y publicidad». Todos ellos habrían sido quebrados en favor de una «arbitrariedad» prohibida de forma expresa en la ley, por medio de acciones como el no haber convocado un concurso público, haber publicado los «criterios de baremación» una vez abierta la convocatoria de recepción de solicitudes y no haber divulgado esos parámetros de puntuación ni en la web del Imsel ni en la de la Concejalía de Turismo.

En el escrito presentado ayer en la sede de la Demarcación de Costas, en Murcia, y en el recurso judicial, registrado el viernes en el Palacio de Justicia de Cartagena, se cita de manera expresa a la concejal delegada de Turismo y Desarrollo Litoral, Obdulia Gómez. Fue ella quien firmó, el 21 de abril, la resolución donde fue denegada la solicitud del ahora denunciante.

Polémica en La Manga

No obstante, la referencia al Consejo Rector del Imsel alude a los cinco concejales del equipo de gobierno que lo integran: Castejón, Gómez y Juan Pedro Torralba, del PSOE; y Francisco Calderón y Ricardo Segado, de Movimiento Ciudadano (MC).

En el escrito dirigido a Costas, se pide dejar sin efecto la autorización concedida por el Ministerio al Ayuntamiento para ocupar temporalmente la zona de dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables en 2016.

Respecto al recurso contencioso-administrativo, que ha sido elaborado por el abogado de Cartagena Javier Meseguer, aquél incluye la petición al juzgado de que adopte como medida cautelar urgente «la suspensión inmediata» del permiso para la instalación del chiringuito de la playa de Las Salinas.

El asunto no acaba ahí. El empresario ha hecho constar que el Imsel rechazó sus alegaciones el mismo día en que presentó el recurso de reposición ante ese organismo. En ese momento instó, asimismo, al Imsel a «indicar fehacientemente si alguno de los miembros de la comisión de valoración ha podido tener interés personal en el resultado de la adjudicación», pero no obtuvo respuesta.

A través de un portavoz, Obdulia Gómez aseguró hace unos días que, tras realizar una serie de comprobaciones, descartó cualquier anomalía administrativa o indicios de enchufismo. Ayer, declinó hacer declaraciones dado que, según dijo, el Consistorio no ha recibido comunicación alguna de Costas ni de un juzgado.