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Juan Escudero, el lunes en la Audiencia Provincial.
La fiscal ve probado que Escudero no quiso responder a la oposición

La fiscal ve probado que Escudero no quiso responder a la oposición

Mantiene su petición de inhabilitar al exalcalde de Los Alcázares, a quien el secretario municipal dejó claro que el PP tenía derecho a la información

José Alberto González

Viernes, 20 de mayo 2016, 12:39

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La fiscal del caso abierto contra el exalcalde socialista de Los Alcázares Juan Escudero mantuvo ayer su petición inicial de que la Audiencia Provincial condene a éste a tres años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, por un delito contra los derechos cívicos. En la segunda y última sesión del juicio, celebrado en Cartagena, la representante del Ministerio Público sostuvo que Escudero actuó con «un claro ánimo de obstaculizar» la labor de control por parte de la oposición, al dejar sin responder veintitrés solicitudes de información entre los años 2003 y 2006.

En su alegato ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia, que celebró una primera sesión el lunes, la fiscal empleó como una de sus bazas la declaración que el secretario e interventor del Ayuntamiento, Diego Sánchez, prestó durante la fase de instrucción. Según el testimonio de Sánchez, que los magistrados aceptaron tener en cuenta pese a que no pudo ser sometido a contradicción en la sala debido al fallecimiento de este funcionario, él mismo advirtió al alcalde de que el Partido Popular tenía derecho a acceder a la información.

Según el secretario, a raíz de una conversación mantenida con el primer edil, podía afirmar que este último conocía perfectamente la distinción entre el derecho de disponer de información y el de recibir copias de la documentación que obra en los expedientes.

Esta afirmación, según la Fiscalía, refuerza el argumento de que el alcalde obró a conciencia para dificultar la labor de la oposición, que en todo caso tendría que haber facilitado por obligación legal. Así, según explicaron a 'La Verdad' fuentes de la Fiscalía, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que han aplicado varias audiencias provinciales en distintas sentencias, establece que un alcalde «no puede obligar a la oposición a peregrinar por los despachos de los funcionarios reclamando la información». Una cuestión distinta, añadieron en la Fiscalía, es que ésta sea facilitada por el procedimiento de vista del expediente o de copia.

Por todo ello, la fiscal cree desmontada la afirmación del acusado de que él aplicó el silencio administrativo positivo, según el cual transcurridos cinco días sin obtener respuesta la oposición ve reconocido su derecho a la información y debe dirigirse a la Secretaría o al departamento correspondiente para obtenerla. Según Escudero, el PP no dio nunca ese segundo paso, ni presentó una queja por escrito ni un recurso contencioso-administativo en los tribunales, sino que esperó para ir a la vía penal a través de la exportavoz, Mari Carmen Vigueras, el actual alcalde, Anastasio Bastida (quien era edil de la oposición), y el exedil Juan José Otón.

Según el antiguo regidor del PSOE, que gobernó de 1991 a 2006 y luego fue diputado regional de este partido, la oposición «construyó poco a poco» una causa contra él y le llevó a querellarse cuando él dejó la Alcaldía. Escudero renunció al cargo, al estar bajo sospecha de corrupción urbanística tanto él como su equipo de gobierno y varios funcionarios (como el secretario y el arquitecto Mariano Ayuso), por las operaciones 'Malaya' y 'Ninette'.

Dos tramas urbanísticas

Precisamente, la acusación particular, dirigida por el abogado José Antonio Izquierdo, destacó ayer que el alcalde ocultó no solo datos sobre bolsas de trabajo, sino también sobre supuestas irregularidades urbanísticas. Y aportó un informe de la Agencia Tributaria sobre distintos pagos por parte de empresas implicadas en el plan parcial Torre del Rame.

En todo caso, los querellantes se sumaron al final a la petición de la Fiscalía y retiraron su acusación por prevaricación, que fue la que hizo que la causa recayera en la Audiencia y no en un juzgado de Lo Penal. La Fiscalía descartó este tipo penal, que castiga el dictar resoluciones injusta a sabiendas, porque el alcalde no firmó ninguna respuesta en la que denegara peticiones al PP.

La defensa de Escudero, representada por el letrado Aurelio Llanes, reclamó para aquél la libre absolución y alegó que los populares pidieron información que correspondía a otras administraciones; que Escudero solo conocía los escritos que llegaron a la Alcaldía; y que el Gobierno local respondió a 43 cuestiones entre los años 2000 y 2006. La fiscal reiteró, sin embargo, que la jurisprudencia señala que hay que contestar siempre, al margen del contenido de la respuesta, por ejemplo derivar al organismo competente; que Escudero afirmó en la fase de instrucción que sí conocía todas las iniciativas del PP; y que la cuestión no es si hubo muchas cuestiones atendidas por el primer edil, sino que muchas otras no lo fueron a propósito.

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