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Eduardo Ribelles
Viernes, 29 de enero 2016, 01:30
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La vicealcaldesa y presidenta de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), Ana Belén Castejón, aseguró ayer que va a «depurar responsabilidades» por la pérdida de 727.000 euros de fondos de formación y contratos para parados, antes del próximo Consejo Rector, en febrero. El alcalde, José López, estrechó el cerco. «Vamos a hacer la filiación de cada trabajador para ver si hay alguna relación con los habitantes de este Pleno y del anterior Gobierno local. No vaya a ser que alguien nos esté haciendo la cama y tengamos el enemigo en casa», dijo.
La petición de Ciudadanos de que dimita el gerente de la ADLE, Diego Peñarrubia, destapó en el Pleno la investigación sobre si un 'topo' colocado por el PP cuando gobernaba ha podido silenciar información sobre los cambios en la convocatoria de las ayudas regionales al empleo de 2016. «Solo buscamos la verdad. Queremos cuanto antes al responsable y recuperar el dinero que se ha perdido, que equivale a su sueldo de diez años, señora Castejón. Y no vamos a callarnos», aseveró el portavoz municipal, Manuel Padín.
Castejón defendió a Peñarrubia y aseguró que depurará responsabilidades «dentro y fuera de la agencia» y dará una respuesta en la próxima sesión del consejo de la entidad. Podemos desniveló la balanza a favor del gerente, al votar con el PSOE y MC y rechazar la petición de cese. Su portavoz, Pilar Marcos, pidió que se le dé margen a Castejón para «poner orden en el servicio», pero le exigió «que depure las responsabilidades y que lo sucedido no se repita».
Legalización o derribo
En la sesión, el alcalde dio su «palabra de honor» de que el concejal de Policía y Hacienda, Francisco Aznar, «legalizará la piscina y la construcción anexa o tendrá que demolerlas», y fijó como plazo máximo para ello los tres años y medio que restan de legislatura.
Los votos, en contra, de la coalición de Gobierno (PSOE y MC) y de Podemos y la abstención de Ciudadanos evitaron que Aznar abandone sus competencias como pedía Diego Ortega, del Partido Popular. También fracasó la reprobación solicitada por Podemos, que extendía la responsabilidad al PP, por no demoler las construcciones cuando estaba en el Ejecutivo local. Los populares se abstuvieron, para no tirar piedras sobre su propio tejado.
Ortega subrayó que «quien ha engañado al Ayuntamiento no puede formar parte del Gobierno local, y menos al mando de la Policía Local, encargada de revisar y sancionar estos casos».
Castejón recordó a los ediles del PP el caso de la piscina cubierta construida ilegalmente, en 2007 en su chalé de El Albujón, por la que era consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, «sin sanción ni posibilidad de legalización». También el del exedil de Urbanismo Agustín Guillén, que dio licencia de obras en un paraje protegido a la exasesora de Cultura Lolo Galindo.
«A Aznar se le abrió un expediente, pagó una multa de 6.500 euros y tiene posibilidad de legalizar sus instalaciones. Nada de eso ha pasado en los dos casos anteriores», aseguró Castejón. El alcalde advirtió de la posibilidad de investigar el de Palacios, para ver si esos incumplimientos urbanísticos continúan.
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