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Los concejales del PP y de Ciudadanos miran al alcalde, durante una intervención para defender la gestión del gobierno.
Hacienda investiga el impago del IVA de San Miguel y puede bloquear fondos

Hacienda investiga el impago del IVA de San Miguel y puede bloquear fondos

El rechazo de la cuenta de 2014 expone al Ayuntamiento a una multa de 150.000 euros y a quedarse sin aportaciones estatales

Eduardo Ribelles

Viernes, 9 de octubre 2015, 00:32

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El presunto impago irregular del IVA en la compra del Edificio San Miguel, actual sede administrativa del Ayuntamiento, no solo puede suponer una multa de hasta 150.000 euros y el bloqueo de la transferencia de cuatro millones mensuales para seguir funcionando. Desde el lunes, la contabilidad municipal forma parte de una investigación de la Agencia Tributaria. Dos inspectores de ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se presentaron ese día en la sede de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, sometieron a preguntas al nuevo gerente y se llevaron documentación sobre el funcionamiento de la empresa pública.

La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, informó de estos hechos poco después de que la reunión de la junta de accionistas de dicha sociedad rechazara, por segunda vez, la cuenta de 2014, lo cual impidió que el Pleno aprobara la de todo el Ayuntamiento. El desfase en esa compraventa, que según una valoración preliminar supondría más de un millón de euros, llevó a Podemos y a Ciudadanos a negarse a asumir esos números. Por su parte, el PP votó en contra -pese a que ostentaba el Gobierno cuando se diseñó y aprobó el presupuesto en 2014- porque no admite que se le culpe de un desfase que, a juicio de sus ediles, es fruto de una discrepancia técnica.

Los inspectores de la Agencia Tributaria encontraron lagunas en los archivos del Ayuntamiento hace cinco días. Solicitaron la escritura de compraventa del antiguo colegio y toda la documentación sobre los pagos anuales que supuestamente corresponden a la operación. Pero no hallaron ningún papel que acredite nada al respecto. Las transferencias que se consideran relacionadas aparecen como subvenciones para no pagar el IVA, entre 2008 y 2014. Eso es lo que podría ser irregular e incluso «fraudulento», según las palabras que usó el alcalde, José López, hace once días.

Las pesquisas salieron a la luz después de que el Pleno municipal confirmara, a las diez de la mañana, que no se podrá enviar al Tribunal de Cuentas el presupuesto consolidado de 2014. En él, la Sociedad Municipal Casco Antiguo arrastra una deuda de 21 millones de euros y el Ayuntamiento debe 140 millones y está sometido a un plan de ajuste tutelado por el Ministerio de Hacienda.

Fuentes municipales indicaron que las consecuencias de no enviar el presupuesto aprobado a la Administración central se establecen en tres leyes estatales distintas. Para empezar, se fija una multa de hasta 150.000 euros, según la normativa del Tribunal de Cuentas. Además, la Ley de Transparencia lo tipifica como una infracción muy grave, «sancionada por a la destitución de los responsables y la inhabilitación de 5 a 10 años para ejercer cargo público». Por último, la Ley de Economía Sostenible establece que se «podrá retener» los anticipos a cuenta que el Estado paga mensualmente con cargo a una serie de impuestos. Son cuatro millones de euros.

Una prueba del control del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal es el recordatorio que hizo por vía telefónica a técnicos municipales de la obligación de enviar el balance de 2014 antes del 15 de octubre para no incumplir la ley. Un portavoz de Alcaldía aseguró que ya se han preparado medidas para ponerlas en marcha, llegado el caso. En primer lugar, se actuaría por la vía civil contra los 16 concejales que ayer votaron en contra. En segundo término, se recurriría a las nóminas de los cargos electos y del personal de confianza y a partidas del gasto corriente para cubrir el coste de las sanciones. Todo ello para retrasar lo máximo posible su influencia sobre los sueldos de los funcionarios.

Tanto Ana Belén Castejón como la concejal de Hacienda, Isabel García, quisieron tranquilizar a los trabajadores municipales y a los ciudadanos. «Hablaremos con el Ministerio para intentar que ese bloqueo no tenga lugar», aseveró la vicealcaldesa, quien subrayó que «los funcionarios municipales pueden estar seguros de que seguirán cobrando sus nóminas». García, por su parte, aseguró que, si las sanciones llegan al máximo, el problema de falta de liquidez «no lo notaríamos hasta febrero o marzo del año que viene».

Todos los grupos apoyaron en el Pleno anterior la creación de una comisión de investigación sobre Casco Antiguo, aún sin constituir.

Un comisario en Recaudación

Las llamadas de atención del Gobierno central al Ayuntamiento se extienden al Órgano de Gestión Tributaria. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer un informe de fiscalización de este servicio, aprobado el 28 de abril de este año por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que establece una serie de refuerzos del control de su funcionamiento.

En el documento se exige la creación de un puesto de funcionario con habilitación nacional para garantizar la «elaboración de una cuenta de recaudación única» que «refuerce su control». También se obliga a mejorar la recaudación de sanciones de tráfico y a controlar el pago en periodo voluntario, con reducción del 50%; y con recargo conforme corren los plazos. Y además, se pide un «ajuste» de la información de Recaudación para integrarla con la de Tesorería y Contabilidad y que pueda ser consultada y cotejada en conjunto para comprobar que coincide.

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