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Curso de Formación Dual, en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) en 2013.
Destituyen al jefe de la agencia municipal de Empleo por irregularidades en dos contratos

Destituyen al jefe de la agencia municipal de Empleo por irregularidades en dos contratos

El Gobierno local en funciones adjudicó la gestión de las nóminas a una empresa con vínculos familiares con una concejal del PP

José Alberto González

Lunes, 7 de septiembre 2015, 12:07

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El hallazgo de irregularidades en la adjudicación de dos contratos, uno de ellos a una empresa vinculada por lazos familiares con una exconcejal del Partido Popular, llevó al Gobierno municipal a apartar en julio de su puesto al gerente de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) y a nombrarle un sustituyo ayer. La «pérdida de confianza» en Francisco García Valenzuela esgrimida por el Ejecutivo formado por MC y PSOE, que también ha defendido la necesidad de nombrar a Diego Peñarrubia para imprimir un «giro» en la política de formación laboral y lucha contra el paro, tiene detrás la existencia de anomalías en la gestión de la agencia.

  • Nóminas.

  • Servicio externo de gestión de nóminas y seguros sociales para la ADLE. Procedimiento negociado sin publicidad. Adjudicatario Ricardo Gómez Asesores. Importe

  • Calidad.

  • Servicio externo de consultoría y mantenimiento del sistema de gestión de calidad implantado en la ADLE. Procedimiento negociado sin publicidad. Adjudicatario Marketing & Co. Importe

En concreto, el nuevo equipo de gobierno tiene previsto incluir en el orden del día del próximo Consejo Rector de la ADLE la propuesta de anulación de dos contratos de cuatro años de duración y valorados en 68.703,8 euros. Se trata de la denominada 'Contratación plurianual del servicio externo de Gestión de Nóminas y Seguros Sociales' para la ADLE, adjudicado a la empresa Ricardo Gómez Asesores por 42.108 euros para el periodo 2015-2018; y de la 'Contratación plurianual del servicio externo de Consultoría y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implantado' en la ADLE, adjudicado a la mercantil Marketing & Co por 26.595,80 euros para el mismo periodo de tiempo.

Ambos encargos fueron formalizados el 12 de junio pasado, tras un procedimiento negociado sin publicidad. Se trata de un sistema por el que la Administración invita al menos a tres empresas a que presenten tres ofertas para hacerse cargo de un determinado servicio. La principal anomalía, que según fuentes municipales fue detectada por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento -previa petición de informe por parte del Gobierno local-, consiste básicamente en que, en cada uno de los casos, se simuló el proceso de invitación con dos de las tres compañías. Es decir, que tan solo se dio opción a presentarse a las empresas que resultaron ganadoras y, en consecuencia, «se cumplió el requisito del número, pero no se habría producido una concurrencia real», según ha sabido 'La Verdad' de fuentes municipales.

Tras analizar los expedientes de la ADLE, un organismo autónomo que depende de la Concejalía de Empleo y que tiene su sede en la calle Caridad, los abogados del Ayuntamiento hicieron constatar que no constaban ni correos electrónicos, ni peticiones por fax, ni escritos dirigidos a las tres empresas.

Al tratarse de una vulneración de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley de Contratos del Sector Público, las resoluciones por las que se adjudicaron los dos contratos en entredicho deben ser declaradas nulas.

Espejo: «Siembran sospechas»

A la vista de los informe jurídicos del Ayuntamiento, el ya exgerente de la ADLE admitió, en un escrito fechado el 20 de julio y dirigido a la presidenta de la agencia, la también vicealcaldesa Ana Belén Castejón, la existencia de anomalías y la necesidad de convocar al Consejo Rector.

Según ha sabido este periódico, en el Gobierno local llamó la atención el hecho de que los contratos fueron firmados, en representación municipal, por el concejal de Empleo y vicepresidente de la ADLE en funciones, Joaquín Segado, el 12 de junio, pocos días antes de que se constituyera la nueva corporación.

Asimismo, según fuentes municipales el Ejecutivo ha abierto una investigación para determinar el alcance legal y político de que la empresa ganadora del contrato de gestión de nóminas tenga presuntamente, según las informaciones recabadas en los servicios municipales, vínculos familiares con la exconcejal del PP Rosario Montero. Ésta compartía gobierno con Segado.

Este diario trató, sin éxito, de conocer la versión del exedil de Empleo. El portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, se mostró convencido de que su excompañero en la corporación anterior «se limitó a cumplir un simple trámite, con plena confianza en el criterio de los técnicos; quizás sin el deber legal de abstenerse por el hecho de que existiera esa conexión; y seguramente sin conocer si quiera que ésta existía».

«Si ha habido irregularidades a nivel técnico, que se exijan las responsabilidades oportunas. Pero que el Gobierno no trate de aprovechar el cese del gerente para sembrar sombras de sospecha sobre el gobierno anterior», exigió Espejo.

Las dos empresas adjudicatarias hicieron constar como méritos el hecho de haber trabajado ya para la ADLE. La mercantil de gestión de nóminas afirmó por escrito haber realizado tareas en los cinco años anteriores. La otra empresa recordó que, entre 2007 y 2014, prestó a la agencia el mismo servicio al que ahora optaba (le facturó de 3.300 a 4.400 euros al año); y que también se lo dio al Servicio Joven (le facturó de 4.400 a 5.500 euros al año de 2010 a 2010).

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