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José Alberto González
Domingo, 14 de junio 2015, 01:30
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Una posible trama de fraude a la Administración pública y de enriquecimiento ilícito con la venta de volantes de cita previa en el Registro Civil de Cartagena. Eso es lo que investigan tanto la Policía Nacional como la Fiscalía, tras las quejas de usuarios de este servicio público por los problemas para lograr una reserva a través de la página web habilitada por el Ministerio de Justicia (la dirección es https://www.citapreviaregistrocivil.es), así como por las esperas que genera a los ciudadanos la reserva masiva de citas por parte de personas puestas bajo sospecha por las autoridades.
Según informaron fuentes de la investigación, la mayoría de los problemas tienen que ver con el bloqueo de las citas para celebrar matrimonios civiles. No obstante, también se están generando dificultades para la realización de trámites como la obtención de certificados.
Los indicios recabados hasta el momento llevan a pensar que el 'modus operandi' de los sospechosos, vinculados a un locutorio del municipio, según estas mismas fuentes, es concertar numerosas citas a través de la Red con nombres de personas que en realidad no tienen interés en realizar ningún trámite con la Administración. El objetivo es comerciar con esas reservas. En concreto, a través del boca a boca ofrecen las citas a razón de veinte euros cada una, a los clientes del establecimiento y a personas relacionadas con éste, que en su mayoría son inmigrantes.
Una vez que han acordado la transacción económica, proceden a anular la cita a través de la web del Registro Civil y a dar de alta de forma inmediata una nueva reserva con el nombre del verdadero interesado. De esta forma, garantizan la atención al ciudadano en cuestión en la sede del Registro, situada en un local alquilado por Justicia en la calle Tierno Galván, en el casco histórico de Cartagena.
Funcionarios de la Comisaría local, de acuerdo con especialistas de la Fiscalía, colaboran desde hace varios días para tratar de recabar información precisa sobre estos hechos y sobre las personas implicadas, así como para establecer qué tipo de irregularidades de ámbito penal o administrativo puede haber.
Revisión informática
En principio, se abren dos vías: que el Ministerio Público abra diligencias por estafa, dado que se está cobrando a ciudadanos por un servicio de carácter gratuito; y que se tramite un procedimiento gubernativo, para que el Ministerio tome cartas en el asunto a nivel administrativo por un posible fraude de cara a imponer multas y otras sanciones previstas en la ley.
Un portavoz del Gobierno central informó al diario 'La Verdad' de que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Murcia conoce los problemas surgidos en el Registro Civil de Cartagena, y que lo ha comunicado a la empresa externa que gestiona este servicio para que estudie mecanismos que dificulten la reserva masiva de citas por parte de un mismo usuario informático.
Asimismo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) señalaron que cuando el titular del juzgado encargado de la gestión del registro (el de Primera Instancia 2) y los funcionarios de éste tuvieron sospechas fundadas de esas prácticas irregulares, hubo una comunicación inmediata a la Policía por si de ellas podía derivarse alguna responsabilidad.
En la actualidad, según estas fuentes, la oficina del Registro en Cartagena asume como máximo los trámites relacionados con cinco expedientes de matrimonio civil y con siete de nacionalidad.
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