Juzgan al acusado de quemar parte de la Sierra de la Muela

Tres años después de haber provocado el incendio que, en junio de 2012, quemó 10,8 hectáreas de alto valor ecológico en el parque natural de la Sierra de La Muela, el hombre que, presuntamente, arrojó la bengala que lo causó volverá a ponerse ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena para afrontar la responsabilidad que le imponga por delito ecológico y por poner en riesgo la vida de cuatro personas. La vista oral fue suspendida a finales de enero de este año, por la indisposición del abogado del acusado.

El fuego se inició en la madrugada del 11 de junio de en las primeras estribaciones de la sierra, a pocos kilómetros de Galifa. El origen de las llamas fue el lanzamiento imprudente de una bengala, según ha establecido el Ministerio Público con los informes de los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma.

Según la Fiscalía, el acusado, Daniel S. A., lanzó un cohete de luz roja con paracaídas para ser localizado por al menos cuatro amigos. Lo hizo «ignorando las más elementales medidas de precaución», con lo que asumió al menos con esa conducta la posibilidad de unas consecuencias graves. El artefacto pirotécnico inició el fuego que arrasó 108.000 metros cuadrados de flora de gran valor ecológico y obligó a los Servicios de Emergencia a evacuar a cuatro campistas.

En declaraciones a la prensa, la fiscal del caso explicó, en enero, que pide para el acusado 9 años de prisión sobre la base de lo establecido en el Código Penal, que es «muy duro» con este tipo de delitos. Se trata de una pena atenuada, prevista para casos de imprudencia, ya que provocar el fuego de manera intencionada supone penas de hasta veinte años.

«No es un capricho» solicitar nueve años, apuntó la fiscal. «El Código Penal es terminante porque los hechos podrían haber acabado en una desgracia, con muertos. Eso, con independencia del daño a la naturaleza y a especies únicas que tenemos la obligación de preservar». El área está calificada como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Al acusado se le reclama una indemnización de 245.795,08 euros por los daños ecológicos, y 51.658,68 euros por los gastos de la extinción, que duró 19 horas (de las 0.58 de la madrugada a las 19.53). Participaron tres helicópteros, un avión, diversos vehículos y más de un centenar de efectivos, entre bomberos, brigadas forestales, Guardia Civil, Policía Local, Servicios de Emergencias y voluntarios.

En su momento, fuentes del caso indicaron que, según varios testimonios, el acusado lanzó la bengala para señalar su posición a personas con las que quedó para un avistamiento de ovnis (objetos volantes no identificados) convocado en un programa nacional de radio. Pero, según la Fiscalía, la defensa «niega los hechos» y afirma que «como no son ciertos, no hay delito y tampoco autor».