Barreiro mantiene el Plan General y confía en que el Supremo lo avale

El Plan General de Cartagena ha entrado en una fase de incertidumbre, por motivos judiciales y administrativos. El documento aprobado en 2012 para ordenar el uso del suelo en el municipio durante treinta años seguirá en vigor, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que lo anula por defectos graves, ya que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma recurrirán ante el Tribunal Supremo. No obstante, la Administración puede verse obligada a corregir el documento por la vía administrativa, ya que está pendiente de revisión y aplicación un informe de la Dirección General de Medio Ambiente autonómica sobre el cumplimiento de normas como las Directrices del Litoral de la Región y la Red Natura 2000 junto al Mar Menor, entre otras zonas.

Respecto a la situación en los tribunales, el concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, anunció este jueves que el Ayuntamiento y la Comunidad presentarán, de forma conjunta, un recurso contra la resolución del TSJ que anula la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal (PGMO). Esta última fue acordada por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en diciembre de 2011.

En un comunicado, Espejo señaló que la aplicación de la sentencia del TSJ -que da la razón a la empresa Emasa, propietaria mayoritaria de terrenos en el Plan Rambla y cuyo dueño es el conocido promotor Tomás Olivo- quedará en suspenso en tanto se tramite el recurso. La consecuencia es que el plan cuestionado sigue en vigor.

El edil avanzó también que el principal argumento del recurso ante el Supremo será que la Consejería dio su visto bueno al plan con la condición de que el Consistorio subsanase algunas deficiencias, porque la Ley del Suelo de la Región de Murcia permite esta opción si las objeciones no son de envergadura.

En segundo lugar, apuntó el concejal, se alegará que la corporación local introdujo las correcciones señaladas por la Comunidad -que hizo una recopilación de las observaciones de distintos organismos regionales y estatales- en el documento definitivo aprobado cuatro meses más tarde: el texto refundido del Plan General, vigente desde julio de 2012.

«El documento recogía todas las observaciones efectuadas por las distintas administraciones al emitir los informes sectoriales preceptivos, y las determinaciones de la Memoria Ambiental aprobada por la Dirección General de Medio Ambiente», dijo Espejo. Habló también de la amplia participación vecinal en su elaboración, aunque omitió que el documento dejó fuera San Antón, Santa Lucía y la zona rural oeste por la división ciudadana.

Al margen de los tribunales, el Plan se enfrenta a posibles cambios debido a que los técnicos de Medio Ambiente de la Comunidad defienden que quedan cuestiones por subsanar. Como adelantó 'La Verdad' en marzo de 2014, la Dirección General de Medio Ambiente, que entonces dependía de la Consejería de Presidencia y ahora de la de Agricultura y Agua, advirtió de que faltaban garantías de conservación en «zonas con valores naturales de relevancia».

El informe, de carácter técnico-jurídico, fue emitido en noviembre de 2013, tras una solicitud de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en concreto de la Dirección General Territorio y Vivienda, la que aprobó el Plan en 2011.

A raíz de un pleito interpuesto por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ha ganado el Ayuntamiento por defectos de forma, Obras Públicas consultó a Medio Ambiente hasta qué punto el texto refundido del Plan General había incluido las recomendaciones realizadas por este segundo departamento. La respuesta de Medio Ambiente fue reiterar distintas sugerencias, entre ellas la de que al menos dieciséis espacios necesitarían un mayor blindaje frente a su posible urbanización.

Aumento de la protección

Por ejemplo, respecto a la ribera sur del Mar Menor, donde se ha proyectado la urbanización Novo Carthago, Medio Ambiente señaló que para que este desarrollo tenga «viabilidad ambiental» y no afecte a la Red Natura 2000, la finca colindante de Lo Poyo debería mantener al menos el nivel de protección del Plan General anterior (de 1987)y seguir como Suelo No Urbanizable Protegido-Franja costera del Mar Menor.

La directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo de la Comunidad, Yolanda Muñoz, reconoció ayer que el informe de Medio Ambiente puede dar lugar a cambios en el Plan General, aunque los catalogó como de carácter menor. Muñoz indicó que el Ayuntamiento ha hecho una serie de observaciones respecto a las citadas recomendaciones, que Medio Ambiente tiene que emitir un informe definitivo y que, a la vista de éste, su departamento decidirá.

El director de ANSE, Pedro García, insistió ayer en que el criterio de Medio Ambiente es de obligado cumplimiento, porque se incluye en un informe jurídico; y reclamó a la Comunidad y el Ayuntamiento que actúen con «rigor» y, en lugar de recurrir la sentencia ante el Supremo, replanteen el Plan General por completo.

«La sentencia obligará a la nueva corporación, gobierne quien gobierne, a subsanar el enorme número de deficiencias de un documento que nunca debió aprobarse. Pero, ante todo, brinda otra oportunidad de plantear un modelo territorial que apueste por la sostenibilidad ambiental, económica y social, más participación y más respeto a las normas que protegen nuestros recursos y derechos», argumentó García.

'Caso Novo Carthago'

A su juicio, el fallo es «demoledor, al justificarse en el elevado número de deficiencias e imprecisiones que afectan a casi todo del municipio, como ANSE mantiene desde que recurrió ante la Comunidad la aprobación, un recurso nunca respondido».

Los grupos de la oposición cargaron contra los gobiernos regional y local, y reclamaron un cambio de rumbo urbanístico. La concejal portavoz del PSOE y candidata a la alcaldía, Ana Belén Castejón, dijo que la sentencia supone «la guinda a un pastel» que dura ya más de 20 años de desgobierno del PP, de los cuales diez han pasado entre retrasos en la revisión de un Plan General que además «ha supuesto un sobrecoste a las arcas municipales y a los cartageneros».

Castejón ve «otro capítulo del empecinamiento de una alcaldesa imputada por presunta corrupción [en el 'caso Novo Carthago'] y sobre la que siguen planeando sombras de irregularidades urbanísticas».

El candidato a la alcaldía de Ganar Cartagena (la coalición de Izquierda Unida-Verdes y SPCT), José Luis Romero, mostró su «satisfacción» por un fallo en el que «más allá de los intereses también especulativos y privados de quien la interpuso, incide en la falta de seguridad jurídica en la tramitación del plan».

Romero se refirió también al impacto de la resolución en el 'caso Novo Carthago'. A su juicio, «desmiente a los que en instancia judiciales superiores dan carta de legalidad y normalidad a toda la tramitación de Novo Carthago»; y, en particular, «deja mal al PP en Cartagena, al magistrado Soriano y a la fiscal Navia-Osorio», por decretar el archivo libre de la causa el primero y por solicitar el archivo provisional la segunda.

Plan Rambla, «otro fiasco»

El edil portavoz y candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía, José López, dijo que la sentencia no es firme «pero sí permite hacernos una idea de que en el mayor ejercicio de poder municipal, las prisas y las decisiones caprichosas del PP pueden suponer al municipio varios años de retraso en la planificación e importantes gastos de tramitación administrativa y judicial».

López añadió que las administraciones no han estado «al servicio de los ciudadanos ni de los territorios, sino de sus propios intereses», porque el PP local promovió «un plan ambiguo, incompleto e interesado y el PP regional no dudó en dárselo para que su organización pudiera seguir adelante con sus fines».

El candidato de Equo a la alcaldía, Antonio Ortiz, habló de «chapuza», consideró «gravísimo» que el plan quede en «evidencia» y recordó que éste solo fue apoyado por los ediles del PP. Además, lamentó que «el detonante» de la sentencia haya sido un recurso del dueño mayoritario de suelo en el Plan Rambla, «otro fiasco del urbanismo municipal».