Condena de 250.000 euros a Casco Antiguo por una expropiación sin pagar desde 2007

«¿Cómo no va a ser la principal obligación de la Administración expropiante cumplir con el derecho del expropiado a que le abonen el valor de su bien?» Esta pregunta retórica, incluida en el apartado de fundamentos de derecho de la sentencia dictada por el magistrado Alberto Blanco, viene a resumir las razones del titular del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad para condenar al Ayuntamiento a pagar unos 250.000 euros (185.255,51 euros más intereses) a los nueve propietarios de una vivienda expropiada por la sociedad municipal Casco Antiguo Cartagena dentro del plan del barrio universitario.

Los nueve dueños del inmueble, que estaba situado entre la Plaza del Hospital y el antiguo callejón del Chiquero (junto a la plaza de toros) y que acabó siendo derribado por ruina, llevaron en mayo de 2013 a los tribunales a la administración. Lo hicieron, tras cinco años intentando que les pagaran el justiprecio fijado por la casa, cuyos trámites de adquisición forzosa se remontan al año 2000 y se consolidaron en 2004 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Tras esta espera, que en realidad no ha terminado porque el Consistorio ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región, los afectados por las expropiaciaciones del denominado Peri CA4 (Plan Especial de Reforma Interior), los afectados han recibido «con satisfacción pero con cautela» la resolución judicial.

En la sentencia, que lleva fecha de 9 de marzo pero que ha trascendido ahora, el juez atiende de manera parcial los argumentos de los demandantes, de cuya defensa se encarga el abogado Manuel Martínez-Pastor Sánchez.

El juez rechaza las razones del letrado municipal, que entre otras cosas alegó «que los bienes no llegaron a ser expropiados, y recuerda el cobro del justiprecio es un derecho constitucional. Además de varias sentencias del TC y del Tribunal Supremo, el juez cita el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y deja claro que el pago no es una consecuencia de la expropiación, sino un requisito previo.

El juez Blanco lo indica así: «La relevancia constitucional del derecho a la indemnización por la privación del derecho de propiedad conduce a calificar la indemnización o justiprecio no como un efecto derivado de la expropiación sino justamente como todo lo contrario, como un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la potestad expropiatoria sin el cual no se puede adquirir la propiedad del bien. Y para ello la percepción del justiprecio ha de ser íntegra».

«Nos cobran el IBI del solar»

El magistrado abunda así en que el Consistorio no puede acogerse a cuestiones burocráticas: «[De] La doctrina del Tribunal Constitucional (TC) se deriva que la indemnización que debe percibir el expropiado en sustitución del bien se convierte en una garantía constitucional, en un derecho sin el cual no se justifica la intromisión de los poderes públicos, y desde luego ajeno a cualesquiera avatares derivados del procedimiento elegido por la Administración para llevar a cabo la expropiación, de la intervención de una concesionaria o de la insolvencia de ésta».

El letrado Martínez-Pastor recordó ayer que el resto de propietarios de la manzana que pasó a manos públicas, y de ahí tras un concurso público a la promotora Residencial Puerta Nueva, sí cobraron. Y dijo no tener «una explicación razonable» para ello, ya que «está acreditado que la finca se puso a nombre de Casco Antiguo, una sociedad participada al cien por cien por el Ayuntamiento».

«Nos han estado tomando el pelo durante años. Nos tiraron la casa antes de que pudiéramos reaccionar, los concejales de Urbanismo nunca han querido recibirnos y todavía recurren la sentencia para ver si al final no nos indemnizan», resumió ayer el sentimiento de los afectados la cartagenera Amalia Contreras.

Esta portavoz de la familia Contreras-Albaladejo comentó que la vivienda, que tenía bajo y primera planta, estaba vacía por el fallecimiento de sus anteriores dueños. Los herederos del matrimonio que residía allí, y cuyas residencias están en Cartagena y Murcia, fueron convocados para cobrar en 2007. Pero todo se torció de un día para otro.

«Un día -rememoró Amalia- nos llamaron de Casco Antiguo y nos dijeron: 'Ya ha venido el dinero. Vengan a recogerlo'. Pero, cuando nos pusimos de acuerdo las cinco partes en que está dividida la herencia para ir a la oficina de Casco Antiguo y pedimos cita, nos dejaron de piedra. Nos dijeron de sopetón: 'Ha habido un pequeño problema. Espérense, que ya les llamaremos para que vengan». Y del dinero nada más se supo».

El abogado confía en que el dinero fuera consignado en la caja general de depósitos del Ministerio de Hacienda, como establece la normativa. Entre otras cosas, la familia espera cobrar, porque entre tanto tiene que pagar. Y no se trata del abogado. Entre sorprendida e indignada, Amalia lo cuenta así: «El Ayuntamiento sigue mandándonos los recibos de la contribución [Impuesto de Bienes Inmuebles]. Dicen que ya no hay una casa, pero sí un solar».