Dos empresas de 'Púnica' cobraron un millón por un colegio construido en suelo municipal de Cartagena

Nuevas conexiones entre la Operación Púnica y el Ayuntamiento de Cartagena. En noviembre pasado, La Verdad reveló que la investigación abierta por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por esta presunta trama de corrupción urbanística y política en varias provincias de España había puesto el foco en dos sociedades que participaron en la puesta en marcha de un colegio privado sobre terrenos municipales: el Miralmonte, en el polígono residencial Santa Ana.

En el listado de mercantiles afectadas por la investigación, desvelado en informaciones periodísticas, figuraban ya entonces Alfedel SL, promotora del centro en 2005; y Obrum Urbanismo y Construcciones SL, que en 2006, tras la licencia de obras otorgada a una sociedad cooperativa impulsada por la propia Alfedel, y denominada Cartagena 2004, asumió la construcción.

Pues bien, documentación en poder de 'La Verdad' apunta a que tanto Alfedel como una empresa denominada Atalia, ligada al exalcalde socialista José Antonio Alonso y al empresario madrileño David Marjaliza, considerados por el juez Eloy Velasco cabecillas de la supuesta red corrupta, cobraron entre ambas una comisión de un millón de euros a la citada cooperativa por sus gestiones.

Según desveló hoy el diario 'ABC', las pesquisas de la Benemérita y de la Audiencia Nacional señalan que la trama facilitó suelo y permisos para abrir 19 centros concertados a cambio de comisiones ilegales. Dieciocho de ellos están en la Comunidad de Madrid y otro en Cartagena. Además, explicó que las mordidas por colegio, de las que se beneficiaron presuntamente Marjaliza y uno de sus socios, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, era de unos 900.000 euros.

En el caso del Colegio Miralmonte de Cartagena, un documento de constitución de la sociedad cooperativa recoge pagos a Alfedel y a Atalia por una cuantía de 1.004.800 euros en el año 2006. Según fuentes conocedoras de la operación, estos gastos iniciales supusieron ya un fuerte coste para los socios de la cooperativa, que avalaron su participación con bienes particulares.

Las comisiones de intermediación adquieren ahora relevancia pública, por la presunta ocultación de mordidas a empresarios y políticos y expolíticos de PP y PSOE. En el caso de los terrenos sobre los que se construyó el centro Miralmonte, Alfedel sacó adelante su proyecto gracias a la cesión de dos parcelas municipales.

Esta última decisión, aprobada por el Gobierno municipal de Pilar Barreiro (PP), fue polémica por la oposición de Movimiento Ciudadano e Izquierda Unida. El PSOE se opuso primero a la construcción del centro, si bien luego rechazó las alegaciones del otro colegio privado de la zona, el Narval, al concurso público convocado por el Ayuntamiento (el edil socialista Juan Luis Martínez se ausentó de la votación). También el entonces consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, dijo no ver demanda suficiente.

Sin lazos con la cooperativa

La cesión fue, además, cuestionada en 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad. Tras una denuncia del Narval, el juez la declaró nula por irregularidades en la adjudicación (el canon fijado a la empresa, 300.000 euros en 50 años, era inferior al valor de mercado del suelo) y paró las obras. En las bases del concurso, convocado tras pedir Alfedel la concesión administrativa, el Ayuntamiento valoró sus dos parcelas en 550.000 euros.

Luego, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón al Ayuntamiento, aunque por un defecto de forma: la presidenta del Consejo Rector del Narval no presentó el acuerdo expreso de la Asamblea General o del Consejo Rector para pleitear.

Alfedel, con la que desde hace varios años no tiene vinculación la cooperativa de profesores del colegio, según fuentes del sector, está especializada en centros privados. Según su web, tiene en tres municipios de Madrid cuyos alcaldes fueron detenidos por Púnica: Valdemoro y Torrejón de Velasco, gobernados por el PP, y Parla, por el PSOE.

En cuanto a Obrum, según el Registro Mercantil, se integró en el conglomerado DHO, formado por la fusión de Dico, Harinsa y Obrum. Se da la doble circunstancia de que Grupo DHO Obras y Construcciones SA también está siendo investigada, y de que Marjaliza y Alonso participaron en Cartagena en esos mismos años en dos operaciones urbanísticas relacionadas con recalificaciones o compromisos de recalificación de terrenos por parte del Ayuntamiento.

Una fue la compra de suelo en el Ensanche Norte, en el plan parcial CC1, por parte de la firma Aldaban SL, en cuyo consejo de administración estaban Marjaliza y Alonso. Otra fue la intermediación, a través de Atalia, en la que participaron ambos, en la venta de la parcela que ocupaba Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega a la inmobiliaria Quorum.

Este último negocio, por el que Atalia se embolsó 5 millones de euros, se vio favorecido por el compromiso del Ayuntamiento de cambiar la catalogación del suelo de industrial a residencial, para apoyar el plan de viabilidad pactado por la empresa siderúrgica y sus 250 trabajadores.

La modificación no ha sido aprobada, al incumplirse los requisitos impuestos por las administraciones local y autonómica: que Zinsa hiciera una nueva fábrica o pagara a los obreros la indemnización por despido acordada (al final tuvo que abonar parte el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa); y que se descontaminara el suelo de metales pesados.

El Gobierno local, del PP, ha dado credibilidad a las "informaciones periodísticas" sobre el listado de empresas investigadas en Púnica, al suspender el pago de 3.200 euros más IVA por anuncios turísticos en sesenta diarios digitales. La empresa está pilotada por el valenciano Alejandro de Pedro, encarcelado como presunto cabecilla de la supuesta trama, y con ella ha colaborado Alonso.

Además, ayer Movimiento Ciudadano reveló que el juez de Púnica embargó a Residencial Puerta Nueva y ordenó la prohibición de vender las fincas aún sin ocupar en el barrio universitario. Esta empresa tuvo durante años como gerente al exalcalde Alonso, y recibió la adjudicación del proyecto en 2003 por parte de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, con Pilar Barreiro al frente del Ayuntamiento.