La Verdad

Obras para acondicionar el entorno del Palacio de Deportes, en la Avenida del Cantón.
Obras para acondicionar el entorno del Palacio de Deportes, en la Avenida del Cantón. / J. M. RODRÍGUEZ /agm

El conflicto entre el Ayuntamiento y la UTE del Palacio de Deportes, cerca del juzgado

  • El Consistorio exige a las constructoras 1,8 millones por el retraso en la obra y éstas, a su vez, 800.000 euros por los trabajos finales

La gestión de los grandes proyectos municipales de Cartagena siguen la senda de los juzgados. Hace tres años fue la regeneración del barrio universitario, a finales del año pasado ocurrió con la gestión del Auditorio y Centro de Congresos El Batel y este año puede suceder lo mismo con la construcción del Palacio de Deportes.

Este último foco de conflicto guarda relación, según fuentes municipales, con el cruce de reclamaciones por la vía administrativa entre la corporación municipal y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dragados-Emurtel, que construyó el polideportivo municipal todavía pendiente de abrir en la Avenida del Cantón.

El Ayuntamiento reclama a las concesionarias del proyecto de edificación 1,8 millones de euros en concepto de «penalidades» por el retraso en los plazos de obra pactados. Y la UTE solicita, a su vez, a la institución municipal el abono de unos 800.000 euros por su última certificación de obra.

Después de meses sin alcanzar un acuerdo, las posturas están «cada vez más enconadas» y en consecuencia es ya «bastante probable» que el choque de trenes derive en los tribunales de justicia, según han reconocido al diario 'La Verdad' fuentes municipales conocedoras de este expediente.

Sería una nueva polémica en un proyecto cuya gestión ha motivado numerosas críticas al Gobierno municipal, del Partido Popular, debido a que las obras (incluidas las que se llevan a cabo en la actualidad en el entorno) acumulan ya un retraso superior a los seis años y un sobrecoste del 43%. Fue presupuestado en unos 15 millones de euros y la administración pública ha desembolsado ya por él unos 6,6 más, es decir en total en torno a los 21,6 millones de euros

La última mala noticia económica relacionada con el Palacio de Deportes, que sigue sin fecha de inauguración, llegó en agosto pasado. Entonces, el grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes desveló que el inmueble iba a costar 106.000 euros más por la morosidad del Ayuntamiento con las constructoras.

Más de seis años de demora

Estas compañías de obra civil acudieron a la vía contencioso-administrativa y vieron reconocida, por medio de una sentencia, su derecho a percibir la citada cantidad por el retraso del Consorcio del Palacio (integrado por el Ayuntamiento y la Comunidad) al pagar las facturas.

Este fallo judicial, unido a los que han obligado al Consistorio a pagar en torno a 700.000 euros también por intereses de demora en la construcción del Auditorio, llevaron al Ejecutivo liderado por Pilar Barreiro a anunciar un endurecimiento de su postura con las concesionarias de obras. Aseguró que en todos los proyectos afectados por retrasos achacables a las adjudicatarias exigiría sin contemplaciones el pago de compensaciones económicas bajo la modalidad de «penalidades».

En el caso del Auditorio, con las sentencias llovía sobre mojado. La UTE ACS-Intersa entregó las obras con siete años de retraso y un sobrecoste del 218%: el presupuesto se encareció en 44,3 millones de euros, al pasar de 20,3 a 64,6.

La batalla por la ejecución del contrato del Palacio de Deportes se une al conflicto sobre Puerta Nueva, que se libra ya en el Tribunal Supremo y en un luzgado de lo Mercantil de Madrid. La sociedad municipal Casco Antiguo Cartagena vio reconocida en una sentencia de la Audiencia Provincial su derecho a cobrar a la promotora Residencial Puerta Nueva 2 millones de euros por las plusvalías extraordinarias obtenidas por ésta en el periodo 2007-2010.

No obstante, la empresa presentó un recurso y, además, ha bloqueado la ejecución provisional del fallo tras declararse en concurso de acreedores. Ante este panorama, Casco Antiguo pugnará en el Supremo, solicitará el pago de la deuda en el ámbito mercantil y estudia acciones penales por la presunta descapitalización de Puerta Nueva por parte de los socios, a partir de los indicios de delitos hallados en varios informes jurídicos.

Puerta Nueva y El Batel

Los grupos de Movimiento Ciudadano e Izquierda Unida han exigido en el consejo de administración de Casco Antiguo la presentación de una querella contra los socios de la promotora, para que salden la deuda con sus propios bienes. No obstante, el equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta, ha aplazado la decisión varias veces a la espera de recabar nuevos informes sobre los pasos que debe seguir.

En el caso del Auditorio, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestípolis GH-Sonora Producciones ha presentado un recurso contencioso-administrativo para reclamar 562.000 euros por la subvención del primer semestre de 2014, por la explotación del inmueble ubicado en el Muelle de Alfonso XII. Y no descarta presentar otro recurso si no el Consistorio no le paga tampoco la ayuda del segundo semestre. Ambas subvenciones están bloqueadas, tras una inspección del Tribunal de Cuentas en la que salieron a la luz presuntas anomalías las órdenes de pago y el hallazgo por parte de los funcionarios municipales de que algunos gastos no están debidamente justificados.