La oposición exige ejecutar los avales de Novo Carthago

Los tres grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena (PSOE, Izquierda Unida-Verdes y Movimiento Ciudadano), han exigido al Gobierno municipal que aclare en qué situación queda la descontaminación del humedal de Lo Poyo y la rehabilitación del monasterio de San Ginés de la Jara, una vez que la alcaldesa ha dado por perdido el proyecto de la urbanización Novo Carthago.

«Se ha venido abajo», dijo el pasado lunes sobre la urbanización la regidora, Pilar Barreiro, al ser preguntada por los periodistas ante su posible imputación por prevaricación por parte del Tribunal Supremo, por la recalificación de suelos protegidos para favorecer este proyecto; así como por la posible entrada en concurso de acreedores de la promotora del proyecto, Hansa Urbana.

«Creo, sinceramente, que ni los fondos depositados como garantía servirán para acometer la descontaminación del humedal ni la restauración del monasterio. Hay un concurso de acreedores y los encargados de resolverlo harán lo que tengan que hacer según las leyes y éstas fijan quién cobra antes y quién después, si queda», lamentó la concejal y portavoz del PSOE, Ana Belén Castejón.

Garantía de 15 millones

El portavoz de IU-V, Cayetano Jaime, aseguró que la limpieza de metales pesados del humedal protegido de Lo Poyo y la rehabilitación del monasterio medieval deberían haberse ejecutado ya con el aval inicial de 15 millones de euros entregado por la empresa.

Y el concejal de MC, José López, manifestó que «la descontaminación en el cajón de descontaminaciones de Pilar Barreiro y del señor concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, que deben creer que la papelera de reciclaje de su ordenador descontamina, porque en otro sitio no aparecen los proyectos de descontaminación de El Hondón, Zinsa, Peñarroya y Lo Poyo».

López añadió que seguirá «luchando en favor de la restauración del monasterio», y la promoverá «desde el gobierno municipal en 2015, si los ciudadanos nos dan su voto».

La oposición en bloque rechazó también la comparación que Barreiro hizo del proyecto de macrourbanización Novo Carthago, puesto bajo sospecha por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de la Región, con el complejo turístico La Manga Club.

A juicio de la alcaldesa, el proyecto para construir 10.000 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en la ribera sur del Mar Menor tiene en común con La Manga Club que iba a permitir la creación de «muchos puestos de trabajo».

«Justificar una ilegalidad medioambiental a cambio de generar empleo me parece de lo más vil, mucho más si procede de un dirigente público», dijo Ana Belén Castejón. Y añadió: «Si hay una protección ambiental de unos terrenos, es porque los intereses generales de todos los ciudadanos, presentes y futuros, están representados en ellos y hay que defenderlos para que no sucumban a los privados, que buscan el beneficio sin pensar en las consecuencias».

Cayetano Jaime, de IU, hizo esta reflexión: «De ese ensueño de Novo Carthago, podría decirse que el fin justifica los medios. Generalmente, las políticas de la corrupción urbanística siempre se han envuelto en las promesas de riqueza y progreso. Pero a la vista está que han sumido a este país en el desastre, a través de una deuda privada que estamos pagando el conjunto de la sociedad».

«Referente europeo»

Desde MC, José López replicó a Barreiro que la generación de empleo «no ha sido nunca su prioridad». Puso como ejemplos «los más de doscientos trabajadores de Zinsa despedidos o el hecho de que todas las concesiones de servicios en edificios municipales se efectúen a las mismas empresas, lo cual genera riqueza a los afortunados empresarios, pero no puestos de trabajo adicionales».

A su juicio, «comparar un proyecto con otro solo puede ser perjudicial para el comparado, en este caso La Manga Club, puesto que Novo Carthago es un proyecto ilegal y, quizás, delictivo, mientras que La Manga Club es un referente regional y europeo».