El Ayuntamiento contrató a una empresa ligada a Alonso y a un cabecilla de 'Púnica'

La 'Operación Púnica' contra la corrupción puede poner en el punto de mira al Ayuntamiento de Cartagena. En la lista de empresas investigadas por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional aparece Residencial Puerta Nueva SA, que gestiona el proyecto municipal del barrio universitario, y en la relación de instituciones pronto podría figurar el Consistorio cartagenero debido a un contrato de promoción turística en internet adjudicado a una red de páginas webs propiedad de Madiva Editorial y Publicidad SL.

Según fuentes de la investigación, Madiva tiene como representante a uno de los presuntos cabecillas de la presunta trama, el valenciano Alejandro de Pedro, y uno de sus colaboradores es el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, según ha reconocido él mismo.

El viernes, la alcaldesa, Pilar Barreiro, aseguró que no tenía conocimiento de que entre las mercantiles investigadas hubiera alguna relacionada con el Consistorio. Ayer, sin embargo, su Gobierno admitió a 'La Verdad' que autorizó el pago a Madiva de cuatro facturas de 800 euros más IVA cada una, si bien aseguró que el abono fue paralizado «la semana pasada» como «cautela» ante las informaciones conocidas sobre 'Púnica'.

El portavoz del Ejecutivo local y vicealcalde, José Cabezos, señaló que los pagos obedecen a una campaña de publicidad institucional, de junio a septiembre, sobre la exposición del tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes 'en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) y sobre los 25 años de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Cabezos añadió que los recibos expedidos por la empresa fueron autorizados por la concejal de Turismo, Carolina Palazón, en el uso de sus competencias para adjudicar contratos menores y con el visto bueno de un técnico del Ayuntamiento. En la jerga municipal, son contratos 'a dedo', al no invitarse a tres empresas (procedimiento negociado sin publicidad) ni convocarse un concurso público.

Desde el Ayuntamiento, donde la semana pasada negaron a este diario la existencia de pagos a Madiva, reconocieron que no hubo informe técnico sobre la difusión de estas páginas (escasa dentro del sector), sin contrato y tras un intercambio de correos electrónicos y llamadas de teléfono. No precisaron quién o quiénes fueron los interlocutores.

La justificación interna dada por Palazón, según José Cabezos, fue que la empresa hizo una propuesta de difusión de ámbito nacional y a «precios razonables».

Palazón precisó a este diario que la oferta se escogió tras evaluar «muchísimas» otras de medios especializados, ya que su concejalía concentra el presupuesto en publicidad para este tipo de prensa, y la Alcaldía gestiona el resto. Asimismo, la edil dijo que la tramitación de las facturas se bloqueó tras recibir un correo de Madiva con una oferta para el Puente de la Constitución, y ver sus lazos con la supuesta trama. Aseguró que tiene «la conciencia tranquila», porque ni recibió presiones de la empresa ni del Ayuntamiento para hacer esta contratación, ni sabía quién estaba detrás de Madiva ni los presuntos lazos corruptos. Es más, afirmó que de Alonso solo conoce «que fue alcalde de Cartagena» y que un día se lo «presentaron».

Respecto a si técnicos de su área pudieron sufrir presiones, señaló que no le consta. Pero indicó que «ya no puede poner la mano en el fuego por nadie» y lamentó verse «enfrascada en un tema tan desagradable».

Según publicó ayer 'El Confidencial', se indaga si hay relación con «la contratación de supuestos servicios de marketing que en realidad se usan para pagar y ocultar campañas de reputación para los máximos responsables de esos organismos».

Eso es lo que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil creen que hacía Madiva a través de un grupo de comunicación especializado en información local y dedicado a «divulgar noticias positivas sobre sus clientes».

Ayer, en los diarios 'Noticias Málaga' y 'Alcobendas todo noticias', las 'banderolas' de publicidad sobre Carthagineses y Romanos remitían no a información del evento, sino de forma genérica a la web del Ayuntamiento de Cartagena (www.cartagena.es).

«Reputación del político»

En 'Púnica'. Alonso está imputado por tráfico de influencias, cohecho y otros cuatro presuntos delitos. En un auto, el juez Velasco le considera «cabeza de un entramado de tráfico de influencias». El magistrado ve «acreditado» que el exregidor «se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas». Asociado con De Pedro, «la estrategia» de Alonso, «en su relación con las autoridades públicas» consiste en que «realiza ciertos trabajos para mejorar la reputación en Internet del político».

Esto, añade Velasco, «no solo le sirve para obtener un lucro económico directo, sino que también le sirve para acceder luego a otro tipo de contrataciones públicas para sí o para terceros a cambio de una comisión».

Madiva comparte negocios con Eico, empresa pilotada también por De Pedro y de la que es socio Alonso a través de otra firma. En Murcia, está siendo investigada por un contrato de 24.000 euros adjudicado por la Consejería de Turismo, presuntamente favorecido por José Fidel Saura, jefe de gabinete de ese departamento de la Comunidad Autónoma. Este exedil de Cartagena fue compañero de trabajo de Alonso hasta marzo en la mercantil energética Dalkia SL. Saura fue interrogado la semana pasada por la Guardia Civil, que también tomó declaración a la directora general de Turismo, Mariola Martínez, y la directora del Instituto de Fomento (Info) de la Región de Murcia, Reyes Samper. Los tres dimitieron.