Barreiro lamenta la detención de Alonso pero dice que no salpica al Ayuntamiento

Con cuatro alusiones a la presunción de inocencia, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, dejó clara ayer su defensa personal de «amigos» como el exalcalde socialista José Antonio Alonso, pese a su imputación por seis delitos y el papel protagonista que el juez le adjudica en la supuesta trama de cobro de comisiones irregulares destapado en la 'Operación Púnica'. Con sus referencias repetidas a la «legalidad» y al «rigor» con el que funciona el Ayuntamiento cartagenero, la regidora se presentó como garante de que ningún contrato, operación o trámite aprobado en él está contaminado por corruptelas.

La alcaldesa compareció ayer, doce horas después de la liberación de Alonso en Madrid, mostrando su «tristeza» por lo sucedido. «Lamento que amigos míos estén pasando por este trance (también fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad, el lunes, el exconcejal de Cartagena José Fidel Saura) y espero que puedan usar los medios a su alcance para defenderse. Espero que la justicia actúe rápido y condene solo si tiene pruebas suficientes para poder hacerlo», dijo.

La implicación de Saura, que fue sucesivamente concejal de Urbanismo y de Comercio, desde 1999 hasta 2007, en los tres primeros mandatos de Barreiro como alcaldesa, se debe a que era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, cuando se adjudicó un contrato de 24.000 euros a una empresa relacionada con esta trama para comercializar por internet paquetes turísticos de la Región de Murcia.

Sociedad bajo sospecha

La alcaldesa fue preguntada por la aparición de Residencial Puerta Nueva de Cartagena (promotora del barrio universitario y a la que estuvo vinculada Alonso) en la lista de empresas investigadas, según el portal de noticias Ileon.com. Dijo no tener constancia de ello: «No nos ha llegado nada al respecto», añadió. A su juicio, todo se debe a «informaciones incorrectas» que se difundieron «en un primer momento de la investigación».

La sociedad Residencial Puerta Nueva fue elegida, en 2002, por el Ayuntamiento para hacer esa urbanización y tuvo en su consejo de administración a la propia alcaldesa, para fiscalizar su funcionamiento entre los años 2003 y 2007. También tuvo entre sus gestores iniciales a José Antonio Alonso. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene pendiente el cobro de 1,5 millones de euros por las plusvalías de la venta de casas, bajos y garajes.

Barreiro aseguró que ni se plantea la existencia de irregularidades en ésa u otras iniciativas municipales: «Yo amparo y garantizo la legalidad de todo lo que hace el Ayuntamiento». «Todo funciona con funcionarios que emiten informes en tramitaciones totalmente rigurosas y legales, sometidas a continuas peticiones de información del Tribunal de Cuentas y de otros tribunales», recalcó.

La regidora descartó cualquier implicación en la red investigada, pidió rapidez a los jueces y mostró su «tristeza» por que estos asuntos trasladen a la sociedad la sensación de que hay una corrupción generalizada que puede beneficiar a formaciones políticas como Podemos.