El juez ve una «confesión explícita» de la alcaldesa

Con el nuevo auto, el juez ha estrechado su cerco argumental a Pilar Barreiro, al considerar que la propia alcaldesa le ha servido por escrito una «confesión de los indicios racionales de criminalidad que pesan» sobre ella. El magistrado afirma que la regidora reveló su proceder presuntamente ilegal, cuando las dudas planteadas por la Comisión Europea sobre la ocupación parcial del humedal protegido de Lo Poyo con un campo de golf le llevaron en 2010 a plantear una marcha atrás respecto a la recalificación ese espacio iniciada por el Ayuntamiento siete años antes.

Manuel Abadía explica que, cuando el Ministerio de Medio Ambiente planteó su temor a ser sancionado por la Comisión Europea por infringir la normativa al permitir la urbanización de un área protegida por su valor ecológico, Barreiro reaccionó con un planteamiento que la delata. Según el juez, en septiembre de 2008 la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea dijo respecto al proyecto Novo Carthago que la Comisión consideraba que la información transmitida era «confusa en determinados aspectos». Sin embargo, añade el magistrado del TSJ, «Barreiro no tomó ninguna medida» para atender los requerimientos comunitarios.

Fue más de dos años después, en diciembre de 2010, cuando, según el juez, Barreiro no tuvo más remedio que actuar porque «interviene en el procedimiento» la Comisión Europea, «alguien que no está en el círculo de lo acordado» de forma ilegal para permitir la urbanización; es decir, alguien ajeno al Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad y la promotora inmobiliaria Hansa Urbana.

Como, frente al silencio de Barreiro, en septiembre de 2008 el consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, sí había respondido a la Comisión asegurando que en el humedal «no se podía hacer nada», en 2010 «se descubre lo evidente y clamoroso». La Comisión reiteró sus pegas al proyecto y se puso de manifiesto «el engaño o ficción jurídica puesta como pantalla para que el solo reinicio del PORN [Plan de Ordenación de los Recursos Naturales] del Mar Menor, sin entrada en vigor del mismo, [sirviera para] que pasara el suelo de no urbanizable de protección especial a urbanizable».

Dudas desde Europa

La «confesión explícita» que, a ojos del magistrado Abadía, habría hecho Barreiro consistió en plantear que quedara «excluida de la transformación urbanística el enclave de Lo Poyo». Este planteamiento no fue, según el instructor del caso, sino la reacción de Barreiro cuando al conocer el temor del Ministerio «inmediatamente percibe el peligro de que todo se ha descubierto», puesto que la Comisión «está fuera del círculo de lo acordado y no va a permitir que en una zona medioambiental protegida por la Directiva Hábitats se construya una urbanización».

«Es imposible», señala el juez, «que la alcaldesa Barreiro manifieste más claro por escrito y realice una confesión tan explícita de los indicios racionales que criminalidad que pesan» sobre ella. Y precisa que éstos consisten en «haber cometido de modo clamoroso, evidente y patente una prevaricación continuada», con la modificación puntual número 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena.

«Tan pronto como la señora Barreiro confiesa ante la Comisión Europea la ilegalidad urbanística clamorosa cometida en los lugares de la Red Natura [2000] y en la zona de Regadíos de Miramar ubicados dentro del espacio protegido, y después de varios años de una presunta censura para manifestarse», los órganos de la Comunidad Autónoma «tratan de adecuar sus actos a la Ley y al Derecho».