Cartagena, 'día D'

Inmigrantes recibidos en el puerto de Cartagena, el 17 de noviembre. /J. M. Rodríguez
Inmigrantes recibidos en el puerto de Cartagena, el 17 de noviembre. / J. M. Rodríguez
Joaquín García Cruz
JOAQUÍN GARCÍA CRUZ

Al Gobierno de Rajoy le entró un tembleque cuando los servicios de inteligencia alertaron de que esa noche, la del viernes, 17 de noviembre, otras noventa pateras habían zarpado de Argelia, todas ellas con la bocana del puerto de Cartagena en los vectores de navegación. Ya habían arribado esa misma tarde 200 inmigrantes en una veintena de chalupas, pero de camino venían 900 'sin papeles' más. La puesta en libertad de muchos de los 284 argelinos interceptados dos semanas antes, debido a la falta de sitio en el CIE de Sangonera y en las comisarías, había generado un 'efecto llamada' que empujó a las mafias a desencadenar una operación masiva que el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, no dudó en tildar de «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea». La bondad inusual del clima en esta época del año, con el agua del mar a una temperatura rayana en los 20 grados, y la facilidad para sobornar a unos policías a los que la Administración de Bouteflika no paga el sueldo desde hace meses, hicieron el resto.

Para formarse una mejor idea de la dimensión del fenómeno migratorio con destino en Cartagena, hay que sumar a los 200 'sin papeles' atendidos el 17 de noviembre los casi 300 que fueron liberados a principios de mes, y los 405 arrestados en la segunda semana de octubre: casi un millar de irregulares en apenas un mes, y otros tantos surcando el Estrecho, también rumbo a Cartagena, en las noventa pateras que aquella noche del viernes pusieron de los nervios al Gobierno de Rajoy. Ningún otro puerto de España había recibido a tantos inmigrantes de una tacada, y la previsión meteorológica, de un lado, y la agudización de las difíciles circunstancias socioeconómicas que sufre Argelia, por otra parte, presagiaban que la oleada se repetiría.

Mientras la Cruz Roja desplegaba su labor humanitaria en los muelles de Cartagena, un gabinete de crisis nunca visto antes en la Región coordinaba la asistencia de los cientos de 'sin papeles' ya desembarcados y aceleraba al máximo las diligencias tendentes a su expulsión, para lo que se habilitó un polideportivo con víveres y literas y se montaron, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, 'juzgados de campaña' con abogados de oficio que en un santiamén ordenaban -no sin las críticas de algunos colegas en las redes sociales- el internamiento provisional de los inmigrantes hasta que pudieran ser devueltos a Argelia una vez verificada su identidad, ardua tarea porque suelen viajar sin documentos y algunos se declaran menores de edad con el fin de evitar su deportación.

La diplomacia se pone en marcha

Aquel 'día D', La Moncloa tomó cartas en Cartagena. Fuera del foco de atención de los medios de comunicación, otras gestiones tenían lugar en Murcia y Madrid a un ritmo frenético. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, estuvo en contacto telefónico constante con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del Gobierno en Murcia hacía lo propio con la secretaria general de Inmigración y Emigración. El dispositivo que se puso en marcha perseguía tres objetivos. Antes que nada, se imponía cambiar el 'efecto llamada' por el 'efecto puerta cerrada', para que los GPS de las mafias argelinas viraran hacia otros lugares y -como parece que finalmente sucedió- se olvidaran por un tiempo de tocar costa española. La segunda finalidad del operativo era la de evitar que los 'sin papeles' reventaran la capacidad de los servicios sociales de España con una irrupción masiva y la consiguiente saturación asistencial de un solo lugar, Cartagena en este caso. Para lograrlo, se ordenó neutralizar en alta mar a las noventa pateras adicionales detectadas por los servicios de inteligencia y distribuir a sus tripulantes en varios puertos, entre ellos, Almería y Alicante; tres embarcaciones de Salvamento Marítimo y patrulleros de la Armada Española y de la Guardia Civil levaron anclas de noche e interceptaron algunas barcazas; otras, al saberse sorprendidas, optaron por dar la vuelta y regresar a Argelia. De los casi 500 'sin papeles' que, aun así, pisaron tierra en Cartagena, 474 fueron trasladados a la cárcel sin estrenar de Archidona (Málaga) por los antidisturbios de las UIP (unidades de intervención policial) enviados desde Madrid por la Dirección General de Policía. Hasta la ONU ha censurado el arresto entre rejas de estos inmigrantes, que cometieron una falta administrativa (entrar sin permiso en el país), pero no un delito que deba castigarse con la reclusión. Y eso, pese a que, contra lo que algunas ONG denuncian estos días, su estancia en la cárcel tiene la cobertura legal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre que no se les mezcle con presos condenados ni se les retenga más allá de 60 días. Después de aquel viernes que puso al Gobierno en jaque, han arribado a Cartagena de forma escalonada otros 120 argelinos, la mayoría de los cuales permanecen en el CIE de Madrid a la espera del papeleo.

Pero aquel dispositivo especial al que dio lugar el «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea» en Cartagena tenía un tercer objetivo, este de carácter diplomático. Zoido le leyó la cartilla en Madrid a la embajadora de Argelia, a quien reclamó -veremos si con éxito- que Bouteflika ponga coto a las mafias que engatusan a los inmigrantes. Aunque pecara de impetuoso al adjetivar como «ataques» las llegadas masivas de pateras, Francisco Bernabé acertó con su apelación a la UE, que no puede quedarse al margen de lo sucedido en Cartagena, porque España forma parte de sus fronteras exteriores. Cuesta confiar en que Bruselas se ocupará de unos cuantos miles de argelinos que solo pretenden mejorar sus condiciones de vida y recalan aquí de paso hacia Francia y Bélgica, donde cuentan con amigos, familiares y oportunidades, si antes no los pillan. La Comisión Europea se enfrenta a su mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, con un millón de peticionarios de asilo, muchos de los cuales huyen realmente del infierno. Pero tendrá que engrasar mejor su maquinaria legal y reforzar los mecanismos de solidaridad. Solo el año pasado, llegaron a sus 28 países miembros 720.000 inmigrantes, el triple de los que recibieron en conjunto EE UU, Canadá y Australia, por lo que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció en su último discurso sobre el estado de la Unión un programa de ayuda a África, algo parecido a un 'plan Marshall', con el que combatir en origen la pobreza y las desigualdades sociales.

Ojalá funcione. Si la buena intención de Juncker no se traduce en una recuperación de la dignidad al otro lado del Mediterráneo, no habrá barcos para rescatar a tantos inmigrantes ni dispositivos capaces de atenderlos ni aviones ni ataúdes donde meterlos.

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