El campo ve las enmiendas del Mar Menor como un «daño irreversible»

Terrenos agrícolas en la ribera del Mar Menor./Pablo Sánchez / AGM
Terrenos agrícolas en la ribera del Mar Menor. / Pablo Sánchez / AGM

Regantes, cooperativas, asociaciones agrarias y Proexport denuncian la «falta de rigor científico» de las propuestas de los partidos de la oposición

LA VERDADCARTAGENA

Los productores agrícolas se movilizan contra las enmiendas que los partidos de la oposición pretenden introducir en la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor. Entienden que son una amenaza para el Campo de Cartagena. La comunidad de regantes de esta comarca, la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), las organizaciones UPA y Coag, y la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam) exigieron ayer que PSOE, Podemos y Ciudadanos no sigan adelante con las iniciativas que tratan de extender las medidas protectoras de la zona 1 del decreto, las más restrictivas con la agricultura, al resto del territorio bajo regulación. Las tres organizaciones coinciden en la «falta de rigor científico» de esas propuestas y el «daño gratuito e irreversible» para la agricultura.

La Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional se reunirá el lunes para aprobar el dictamen con las iniciativas planteadas por los partidos, tras el debate de las más polémicas. Previamente, el bloque que en este asunto forman PSOE, Podemos y Cs ya ha pactado con el PP aprobar 30 de las 49 propuestas presentadas para mejorar el decreto ley de Medidas Urgentes elaborado por el Ejecutivo regional en abril y vigente desde mayo.

El vicepresidente de Proexport, Javier Soto, aseguró que algunas de las iniciativas que se votarán el lunes en la Asamblea «parecen una caza de brujas». En su opinión, tendrán una «nula» incidencia sobre el estado de la laguna. Incidió en el «especial impacto» que tendría la aprobación de una enmienda que obliga a destinar el 5% de la superficie a sistemas de retención de nitratos, que supondrá un coste de entre 486 y 547 millones de euros, y dejar sin producción más de 6.000 hectáreas. Los exportadores también culpan al Gobierno regional por elaborar un decreto ley que atendió «de forma muy parcial» las alegaciones del sector.

Por su parte, UPA demandó a los diputados regionales que reconsideren su posición, porque las enmiendas que proponen «perjudican gravemente» a los agricultores y «no aportan protección» a la laguna. Sostiene que el decreto ley, calificado en un comunicado como «muy deficiente» y «no consensuado», «empeora» con la tramitación parlamentaria, introduciendo «sin distinción de zonas, limitaciones y obligaciones sin sentido» a la agricultura.

Fecoam y Coag lamentaron que la oposición en la Asamblea Regional enmiende el proyecto de ley para «culpabilizar» solo a la agricultura. Criticaron que las 13 enmiendas que se debatirán el próximo lunes no contemplan la acción de todos los sectores implicados en la actividad de la laguna salada y su entorno y suponen un «perjuicio» a la productividad agrícola y a los empleos en el Campo de Cartagena. Advirtieron de que obligar a los agricultores a destinar el 5% de cada parcela a sistemas de retención de escorrentías supone realizar una «inversión astronómica».

Para Fecoam y Coag, señalar al sector agrario como «único culpable» de la situación de la laguna es olvidar que también tienen consecuencias ambientales la navegación marítima, el incremento de la industria en el entorno, el crecimiento demográfico y las actividades relacionadas con el turismo y ocio o la actividad inmobiliaria.

Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, lamentaron que los partidos no hayan tenido en cuenta las consideraciones que el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena Victoriano Martínez Sánchez realiza en su estudio sobre aspectos de hidrología superficial recogidos en el decreto y en las enmiendas de la oposición. De su análisis, se desprende que gran parte de las medidas contenidas en el texto legislativo y en las enmiendas no tienen justificación técnica, pues no se adaptan a las singularidades de las zonas regables del Campo de Cartagena, donde el 96,1% de su superficie presenta pendientes inferiores al 2%. La eficacia de esas medidas será muy reducida y, en muchos casos, pueden ser incluso contraproducentes.

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