Un broncazo en forma de sentencia

Julio Guerrero./J. L.
Julio Guerrero. / J. L.

Un magistrado mete un soberbio rapapolvo a dos empresarios que se libraron, por prescripción, de ser acusados de un plan para defraudar al fisco

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

No les pudo condenar, pero no por ello se ha privado de reprocharles su vergonzoso comportamiento. De tal forma que, en vez de una condena de cárcel, que en su opinión se tenían bien merecida, les ha acabado metiendo un monumental chorreo en papel de ley.

El magistrado Julio Guerrero, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia desde hace largos años, acaba de dictar una de esas sentencias de su particular factura, que se caracterizan porque nunca necesitan de traductor -se entiende todo perfectamente- y porque a nadie dejan indiferente.

Los hechos aquí enjuiciados tuvieron lugar hace nada menos que quince años, allá por el 2002, cuando dos empleados de dos firmas agrarias -Frutas Vero y Juanymar- constituyeron una sociedad, llamada Campolemon 2002, que en apariencia se iba a dedicar a la recolección, manipulado y venta de productos del campo. En realidad, según quedó probado con la investigación judicial, el único objetivo era fingir la contratación de personal para labores agrícolas, que presuntamente iba a subcontratar con las dos primeras empresas mencionadas.

«Ya es hora de apearles el tratamiento de señores y de tratarlos como a verdaderos delincuentes», llega a afirmar en su fallo

En el fondo, la intención no era otra que generar una prestación de servicios sujeta al IVA, que Frutas Vero y Juanymar se deducirían posteriormente. Con ello, generaban en Hacienda una devolución y se permitía a esas compañías obtener unos ingresos ilícitos, ya que Campolemon, por su parte, nunca llegó a pagar el IVA que le correspondía.

Con ese propósito, Campolemon emitió entre los años 2002 y 2003 una gran cantidad de facturas, que realmente no se correspondían con trabajos prestados a Frutas Vero y Juanymar, y que permitieron a estas firmas deducirse de forma ficticia 112.700 euros en una anualidad y 119.267 euros en la siguiente.

El juicio se celebró contra los dos administradores de la empresa instrumental, J. R. R. A. y M. E. P., pero no contra los dos propietarios de las empresas Frutas Vero y Juanymar, «ya que, por un error de las acusaciones -según establece el magistrado Guerrero en su sentencia-, se les permitió declarar como testigos y no como imputados, resultando que, cuando ya se les citó como lo que debían ser (imputados), los hechos ya habían prescrito para ellos».

Durante la vista oral, el juez pronto comprendió que los hechos estaban claros, ya que los propios acusados admitían haber falsificado múltiples facturas por trabajos no prestados con un fin defraudatorio, y que toda la discusión legal pasaba por establecer «si toda la operativa ideada para defraudar a la Hacienda Pública se les ocurrió a los dos acusados, J. R. R. A. y M. E. P., o bien a los ahora solo testigos (los dos empresarios beneficiados por la prescripción del delito)».

Para llegar a una conclusión, razona el magistrado que «nos encontramos con la curiosa situación de dos empresarios que afirman que dos de sus trabajadores, uno cuñado de uno de ellos y otro un simple mozo de almacén, les ofrecen constituir una sociedad para facilitarles la contratación de trabajadores, a cambio de nada, absolutamente nada. Y, con ello, esos dos señores empresarios consiguen desgravarse más de 200.000 euros en apenas nueve meses. Una magnífica idea que solo beneficia a los empresarios».

Considera el juez que «esta historia parece bastante extraña, por no decir simplemente increíble» y acaba afirmando que «es un insulto a la inteligencia humana pretender hacer creer que es a unos pobres trabajadores, en el sentido más literal, a quienes se les ha ocurrido una magnífica operación, con el exclusivo fin de beneficiar a la empresa para la que trabajan, pero a cambio de nada».

La conclusión a la que llega Julio Guerrero es que toda esa historia «no puede ser más ilógica e irrazonable» y sostiene que la única finalidad de los dueños de Frutas Vero y Juanymar era «encontrar a dos testaferros que estuvieran dispuestos a meterse en ese lío». Y los encontraron en dos empleados: «uno, que acepta porque es extranjero (suramericano), necesita trabajo y es amenazado con que será despedido si no acepta, no solo él, sino también su mujer, con la más que probable consecuencia de que será expulsado del país. Y el otro, cuñado de uno de los empresarios, a quien se le embauca para meterse en ese negocio con la promesa de que no va a tener ningún problema».

A estos dos pardillos, según el juez, «ningún beneficio correspondía, y sí los peligros de una actuación a todas luces irregular». Tanto, que estaban sentados en el banquillo con peticiones de condena de tres años de prisión. Dos empleados «a los que, para ahorrarse un buen pellizco en impuestos, convencen para que les solucionen el problema, desentendiéndose absolutamente de ellos y abandonándolos a su suerte».

Tras llegar a esa conclusión, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia se lamenta de que ese error inicial en la instrucción impidiera que los dos empresarios estuvieran sentados en el banquillo, ya que afirma que, «aunque solo sea a efectos dialécticos, se les puede y se les debe considerar imputados».

Y, a partir de ese momento, pasa a arremeter contra los auténticos idearios del plan para defraudar, «unos señores empresarios a los que parece que ya va siendo hora de retirar ese tratamiento -el de señores- y tratarlos como verdaderos delincuentes, que es lo que deberían haber sido de no haber prescrito los hechos por un claro error de la justicia».

En ese punto, advierte que de lo que se trata es de hacer justicia y evitar que los únicos condenados sean J. R. R. A. y M. E. P., «quienes menos culpa tienen de los cuatro», por lo cual les aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y les rebaja la pena hasta los seis meses de prisión. Eso sí, con carácter subsidiario, les impone a Frutas Vero y Juanymar la indemnización de 231.973 euros. Para que salgan de todo este feo asunto con algo más que un mero chorreo.

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