Los ayuntamientos recibirán un millón de euros para combatir la pobreza energética en hogares

El Consejo de Gobierno aprueba mañana un decreto que permitirá conceder ayudas directas para pagar las facturas de la luz, el agua y el gas

Daniel Vidal
DANIEL VIDALMurcia

Miles de familias de la Región de Murcia en riesgo de exclusión social afrontarán con algo más de tranquilidad el invierno gracias al decreto que aprobará mañana el Consejo de Gobierno. La norma, fruto de una enmienda de Ciudadanos a los presupuestos regionales de 2017, permitirá destinar un millón de euros a los ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales de la Región para que estas instituciones locales puedan conceder ayudas de forma directa a los vecinos más desfavorecidos con las que poder hacer frente a las facturas de la luz, el agua y el gas, o tengan deudas inasumibles con las empresas correspondientes.

El decreto también contempla que, con las ayudas, los ciudadanos en situación de necesidad puedan pagar el gas butano y también hacer frente «a los gastos de alta y reconexión, en el caso de que la compañía haya cortado el suministro», tal como figura en el texto de este decreto contra la pobreza energética, negociado entre PP y Cs, y al que ha tenido acceso 'La Verdad'.

Ayuntamiento o Mancomunidad Euros
Abarán 10
627
Águilas 23
761
Alcantarilla 27
953
Los Alcázares 12
133
Aledo 1
873
Alguazas 8
074
Alhama de Murcia 15
051
Archena 14
596
Blanca 5
863
Campos del Río 2
632
Cartagena 133
825
Ceutí 9
295
Cieza 24
039
Fuente Álamo 12
788
Jumilla 17
687
Librilla 4
852
Lorca 57
848
Lorquí 6
183
Mazarrón 21
159
Molina de Segura 44
190
Murcia 273
540
Puerto Lumbreras 11
836
San Javier 21
860
San Pedro del Pinatar 17
230
Torre Pacheco 23
711
Las Torres de Cotillas 15
073
Totana 21
339
La Unión 15
237
Yecla 23
326
Manc de la Comarca Oriental
36.707
Manc
49.277
Manc del Noroeste del Río Mula
29.299
Manc del Valle de Ricote
7.136

Las ayudas, que abarcan desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, se distribuyen después de que los ayuntamientos y mancomunidades -que deberán acreditar la situación de necesidad de los vecinos beneficiarios- hayan presentado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades los proyectos correspondientes en los que detallen la manera en la que reparten las subvenciones. «Estos proyectos serán promovidos y ejecutados dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. La Dirección de General de Familia y Políticas Sociales ha contado con la colaboración de la Federación de Municipios de la Región de Murcia para el diseño de esta línea de ayudas», según detalla el texto del decreto. En la Región, unas 70.000 personas se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, «lo que supone más del 13% de la población», tal y como indicó ayer el diputado de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina, encargado de negociar con los populares esta enmienda en los presupuestos.

La medida es fruto de una de las enmiendas de Ciudadanos a las cuentas de 2017

Según el borrador del decreto, las ayudas «serán compatibles con otras que sean otorgadas con el mismo fin por cualquier administración o entidad pública o privada nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas, incluyendo estas, no supere el coste de los suministros».

«Un paso»

Molina recordó ayer que estas subvenciones suelen someterse al procedimiento de concurrencia competitiva, aunque las ayudas recogidas en este decreto tienen un «carácter singular, por lo que se autoriza la concesión directa en virtud de unas razones de interés público, social y humanitario. Una sociedad avanzada no se puede permitir tener entre sus ciudadanos a personas que no se pueden permitir un proyecto de vida digno. Esto es un paso, pero hay que hacer más cosas», aseguró. En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, quien aseguró que «este es un buen paso, pero no es suficiente aún. La exigencia de Ciudadanos es el cumplimiento total de las enmiendas al presupuesto de 2017 como condición previa para cualquier otro tipo de negociación», dejando un aviso para navegantes de cara a la futura aprobación de los próximos presupuestos.

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