La Audiencia zanja el debate de si hubo inacción policial en un crimen machista

El sospechoso, A.S.G./P. Sánchez
El sospechoso, A.S.G. / P. Sánchez

El tribunal considera que la causa por el asesinato de una joven en Canteras no debe servir para aclarar si la Guardia Civil actuó con la debida diligencia

EFECARTAGENA

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por la familia de una joven de 22 años, vecina de la diputación de Canteras, en Cartagena, que fue víctima de un caso de violencia de género al ser apuñalada hasta la muerte por su exnovio, presuntamente, y que echó en falta una mayor agilidad policial para haberla protegido.

El auto deja constancia de que los familiares pidieron al Juzgado de Violencia contra la Mujer de Cartagena que procediera a practicar una serie de pruebas, que fueron rechazadas. En concreto, interesaron que se oficiara a la Jefatura de la Policía Nacional de Málaga, donde residía el joven que fue detenido como presunto autor material del crimen, A.S.G., para que informaran sobre un delito de maltrato que había sido denunciando en agosto de 2011.

También reclamaron que se oficiara a la Guardia Civil de Cartagena para que informara de si les constaba que, pocas horas antes del crimen, se habían personado en las dependencias para denunciar a A.S.G. y que les habían sugerido que volvieran al día siguiente, al no estar presente en esos momentos «los agentes encargados de violencia».

Igualmente, pidieron al juzgado que realizara las investigaciones oportunas para determinar si, tras aquella visita, se había adoptado algún tipo de medida en evitación de lo que poco después ocurriría, cuando la joven fue apuñalada mortalmente en su propio domicilio.

La Audiencia Provincial, al confirmar la resolución desestimatoria del juzgado, deja constancia de su coincidencia en que las pruebas solicitadas no son necesarias para el esclarecimiento de estos hechos. Y en cuanto a la presunta inactividad que se habría producido tras la interposición de la denuncia, la Sala comenta que «si la acusación particular quiere acreditar la realidad de las amenazas previas, habría bastado con solicitar la testifical de las personas que fueron al cuartel y del agente que les atendió».

Y añade, para zanjar la cuestión, que «no es esta causa la adecuada para depurar la responsabilidad de la Benemérita, sin perjuicio de las acciones que, en tal sentido, puedan asistir a los apelantes».

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