La Audiencia Nacional revoca el auto que procesó a la rama murciana de 'Púnica'

El tribunal estima que el juez Velasco se precipitó al dar por concluida una pieza de 'Púnica' sin responder a una petición de practicar más pruebas

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acaba de revocar el auto de procedimiento abreviado que, en marzo de 2017, dictó el magistrado Eloy Velasco por la denominada 'Pieza 3 del caso Púnica', en la que se investiga si el entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, acordó en 2013 cargar el coste de unos trabajos de reputación personal a una partida de fondos públicos de su departamento.

Para ello, supuestamente, se simuló un contrato de publicidad para la captación de turistas británicos, cargados al Instituto de Turismo, y se preparó otro para la promoción de la imagen del Instituto de Fomento (Info). Las supuestas maquinaciones habrían contado con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, Fidel Saura, y del secretario de esa Consejería, Jesús Norberto Galindo, así como de quienes encabezaban los dos institutos que iban a asumir el coste: Mariola Martínez y Reyes Sánchez.

En el mismo paquete, el juez incluyó al exalcalde del PP en Molina de Segura, Eduardo Contreras, ya que presuntamente se iba a crear un diario digital en su localidad con cargo al contrato del Instituto de Turismo, también con el aparente propósito de vender una mejor imagen suya en internet. En esta pieza, también se vieron procesados los ofertantes de esos trabajos de reputación, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, y su socio Alejandro de Pedro.

Pues bien, la Audiencia Nacional acaba de dejar ese auto sin efecto, al estimar un recurso de este último imputado, que denunciaba que el juez Velasco había dado por concluida la investigación de forma precipitada, ya que aún no se había pronunciado sobre una petición de nuevas diligencias. El tribunal obliga al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado ahora por Manuel García Castellón, a que diga si procede practicar esas pruebas o no.

Una vez se dé respuesta a esa cuestión y, en el caso de que así se acuerde, se hagan esas diligencias, el juez deberá pronunciarse de nuevo acerca de si procede el procesamiento de los encausados o el archivo del caso.

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