La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Nicolás Mateos por el 'caso Lagoa'

El equipo de letrados que defiende los intereses de Luis Nicolás Mateos -Mariano Bó, Pablo Martínez Pérez y José Eduardo López López- presentará en la primera sesión de la vista un total de siete carpetas que contienen una gran cantidad de documentación oficial, proyectos y planos, facturas, contratos, recibos y pagos, escrituras, correos electrónicos, material promocional, resoluciones judiciales...

Apoyándose en tales documentos, los abogados tratarán de convencer al tribunal de que Nicolás Mateos no es un estafador, sino un promotor cuyos planes se torcieron por la crisis mundial, que acabó abocando al grupo inmobiliario a un concurso de acreedores.

«Luis Nicolás Mateos y sus mercantiles siempre tuvieron la intención de construir el proyecto inmobiliario y tenían la propiedad de una finca libre de cargas, desarrolló el proyecto y comenzó a ejecutarlo, siendo circunstancias sobrevenidas por la crisis mundial, y en particular en el sector inmobiliario, las que le impidieron llevarlo a término al cerrarse toda la financiación por las entidades bancarias». Así comienza el escrito de defensa que el equipo de abogados de Mateos presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para sentar el principal argumento que hoy esgrimirán en su intento de evitar que el antiguo promotor acabe en prisión por la supuesta estafa de Lagoa do Coelho.

De hecho, la defensa sostiene que «todas las cantidades recibidas (de los clientes) han sido invertidas en el ordinal desarrollo de la mercantil». Una afirmación que choca frontalmente con las consideraciones ya efectuadas por el Ministerio Fiscal y los abogados de las acusaciones particulares, que sostienen que Luis Nicolás Mateos percibió unos 15 millones en entregas a cuenta y que, al menos, 9,6 millones habrían acabado en un destino desconocido mediante 348 transferencias que el promotor habría realizado a otras cuentas de las que era titular. Además habría ingresado otros 530.816 euros a una cuenta de la empresa Proresma, de la que era administrador único.

Los defensores también harán frente a estas consideraciones, con la entrega de un informe pericial económico encargado a despacho especializado de Murcia, cuyo fin es acreditar el destino final de las cantidades que entregadas por los clientes al Grupo Nicolás Mateos. Parte de esos fondos podrían haberse destinado al sostenimiento económico de la promotora y a las labores de promoción y venta del proyecto, según apuntaba ya el escrito de defensa. Igualmente, los abogados insistirán en que la promotora adquirió una finca de 100 hectáreas en Brasil -tasada en casi 87 millones de euros con las licencias urbanísticas y en unos 8 millones sin ellas- y en los trabajos de movimientos de tierras que llegaron a efectuarse. Para ello, han pedido la comparecencia de ocho testigos brasileños, entre arquitectos, funcionarios, asesores, constructores y peritos, que tendrían que prestar declaración por videoconferencia.