La Audiencia juzga al presidente de una fundación de escuelas cristianas por presunta estafa

LA VERDADMURCIA

El presidente de la Fundación Desarrollo de las Escuelas Cristianas, sociedad impulsora en Murcia del colegio San Antonio de Padua y de la guardería Jesús Niño, será juzgado a partir del próximo martes en la Audiencia Provincial de Murcia. José S.B. está acusado, junto a su esposa Rosalía D. H. y su hijo David S., de presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes y presentación de estado contable alterado.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita para cada uno de ellos siete años y medio de prisión por estos delitos, además de dos multas de 4.500 y 3.000 euros. Este procedimiento judicial parte de la demanda de la constructora Prehorman S.L., que llevó a cabo las obras del centro docente, y a la que la Fiscalía pide que abonen una deuda de 2,7 millones de euros.

Esta familia, según sostiene el Ministerio Público, creó una serie de sociedades «con la finalidad de diluir las responsabilidades a las que su posterior actividad económico-empresarial pudiera dar lugar». De esta manera, a la puesta en marcha de la Fundación Desarrollo de Escuelas Cristianas le siguió la de las sociedades Globalis Desarrollo Educacional, Colegio San Antonio de Padua S.L., y Guardería Jesús Niño S.L.

Según subraya el fiscal, el objetivo inicial de la f undación era conseguir del Ayuntamiento de Murcia la cesión del derecho de superficie necesario para la construcción del citado colegio y guardería en el barrio de La Flota para los que reunía especiales méritos al ser una entidad sin ánimo de lucro. La Junta de Gobierno municipal atribuyó a la entidad los derechos de superficie en marzo de 2006 -una decisión que posteriormente se revertió-.

Una red de sociedades

Una vez obtenidos esos derechos, sostiene el Ministerio Público, la fundación, controlada por José, los cedió en usufructo durante 50 años a Globalis, constituida por el resto de la familia, «produciéndose una descapitalización de hecho de la fundación buscada de propósito». De esta manera, explica el fiscal, la gestión y explotación del colegio y la guardería se harían por Globalis.

En este estado de cosas, en mayo de ese año, el principal acusado, en nombre de la fundación, contrató con Prehorman S.L. la construcción del colegio. El fiscal subraya que a la empresa no se le advirtió de que era Globalis y no la fundación la que dirigía la construcción del mismo y, por tanto, esta facturó a la segunda. Poco después, esta se declaró en concurso de acreedores.

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